Carlos Iván González puede acabar en la lista de deportables del Mariel al perder la residencia por delitos relacionados con las drogas. Con el pacto entre los presidentes debían haber regresado a Cuba los integrantes de una lista elaborada por EE UU, pero las devoluciones se han producido lentamente.
Carlos Iván González junto a su padre, Iván González, tras llegar de Cuba en 1980
Tras una detención de seis meses podría ser devuelto a Cuba, el país de donde escapó con 14 años
Carlos Iván González llegó a Florida en 1980, durante el éxodo del Mariel, con apenas 14 años. Ahora, a sus 50 años y tras haber formado una familia en Estados unidos, la deportación pende sobre su cabeza. En 2012 fue condenado por un juez del estado a cinco años de prisión por cultivo y venta de marihuana, tráfico de cannabis y posesión de estupefacientes y, nada más salir, ha quedado confinado en un centro de detención de Wakulla, donde lleva ya más de 200 días pendiente de ser aceptado por las autoridades cubanas.
La desidia de González a la hora de obtener la ciudadanía lo ha conducido a esta situación de peligro. La comisión del delito le supuso la pérdida de la green card (residencia permanente) y su familia teme que pase a engrosar la lista de los 2.746 marielitos que el Gobierno cubano aceptó recibir en 1984 fruto de un acuerdo entre Fidel Castro y Ronald Reagan.
Durante aquel éxodo, huyeron de la Isla en un puente marítimo autorizado por Fidel Castro más de 125.000 personas entre las que se encontraban algunos criminales a los que EE UU se negó a dar asilo. Con el pacto entre los presidentes debían haber regresado a Cuba los integrantes de una lista elaborada por EE UU, pero las devoluciones se han producido lentamente, en grupos de entre 90 y 100 cada año, según el periodista Alfonso Chardy.
Como resultado, algunos de los deportables han desaparecido, muerto o su salud les impide viajar. Al margen de aquellos marielitos pactados 33 años antes, La Habana no recibía a sus ciudadanos residentes en EE UU con una orden de deportación hasta la firma de un acuerdo con la administración Obama el pasado 12 de enero. En aquel momento se acordó cubrir aquel cupo con delincuentes con orden de deportación que entraron durante el éxodo del Mariel, como Carlos Iván González.
"Solo, sin familia, sin amigos ni dinero. Así tendría que regresar mi hijo si Emigración lo lleva a Cuba", dice Sarah González. La madre de Carlos Iván, de 71 años, reside en Cape Coral (sur de Florida) y ahora lamenta la "dejadez" de su hijo al no naturalizarse.
González realizó la semana pasada una huelga de hambre en Wakulla junto a otros diez cubanos en su misma situación pero la tuvieron que abandonar porque enfermaban sin lograr su objetivo de ser liberados, según cuenta su madre.
"Yo sé que mi hijo no es inocente, pero ya pagó a la sociedad su delito con cinco años de cárcel. Ahora están hablando de eliminar la embajada de Estados Unidos en La Habana. Los políticos siguen con sus conflictos, mientras mi hijo pierde su vida en una celda", se queja.
Sarah González sostiene que un oficial del centro de detención le dijo que Cuba había rechazado la propuesta de repatriación de las autoridades norteamericanas pero su hijo puede haber sido incluido en el cupo de los marielitos "de sustitución".
"Está pasando algo con los que son del Mariel. Washington está presionando a Cuba para que los acepten, aún después de que Cuba se ha negado", añade Sarah González.
Mientras, Carlos Iván, mecánico de profesión, padre de bombero y abuelo de una niña a la que aún no conoce, se eterniza custodiado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un oficial del ICE explicó a 14ymedio que el tiempo promedio de una persona en custodia con orden de deportación oscila entre 30 y 35 días. No obstante, cuando hay evidencias serias de que el sujeto puede ser deportado, ese período se puede extender.
Habitualmente, en los casos de cubanos en esta situación se busca una alternativa a la detención, puesto que la decisión del Gobierno de la Isla de recibir o no al inmigrante puede tardar años.
Entre las soluciones que proporciona el ICE para mantener el control sobre el individuo están el grillete electrónico y las órdenes de supervisión, que permiten que la persona tenga una vida normal a condición de presentarse cada cierto tiempo en las oficinas de la Agencia para dar cuenta de su situación.
"Muchas veces los abogados apelan la decisión del juez o piden prórrogas de determinados procesos legales. Cuando esto ocurre y el juez no permite la fianza, el sujeto debe permanecer en custodia, por lo que se alarga el proceso", añade el oficial.
La familia de González dice que no cuenta con el dinero suficiente para llevar a la Corte el caso y los abogados de oficio no se ocupan de los temas migratorios. Sin embargo, existen diversas instituciones como la Iglesia Católica y grupos de derechos humanos que brindan servicios gratuitos o a muy bajo costo para los inmigrantes.
"Somos un par de ancianos diabéticos y con más de 70 años. Tenemos que mandarle dinero para que se comunique con nosotros y para que pueda alimentarse mejor, porque las prisiones son malas en cualquier lugar", añade la madre de González.
La familia ha tratado de conseguir ayuda a través de la oficina del senador Marco Rubio y del gobernador de Florida, pero afirma no haber conseguido "nada".
"Cuando he llamado a los medios de comunicación me cuelgan porque dicen que tiene que ser interesante. Acaso tiene que ser interesante que un hombre muera en una huelga de hambre o que lo priven de su libertad para dar una noticia?", se pregunta indignada.
MARIO J. PENTÓN
Tema anterior
Primer 