Cuando leí que la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está siendo objeto de acusaciones de corrupción por haber utilizado un hotel suyo para alojar a las tripulaciones de la aerolínea estatal argentina, no pude evitar preguntarme: ¿Acaso no es parecido a lo que hace el presidente Donald Trump?
Hay muchas semejanzas. Fiscales federales de Argentina dicen que el Hotel Alto Calafate de Fernández de Kirchner firmó nueve contratos con la aerolínea nacional Aerolíneas Argentinas durante el mandato de la ex presidenta entre 2007 y 2015. Las tripulaciones de la aerolínea pasaron 26,000 noches en el hotel, por lo que la aerolínea pagó casi $800,000 dólares.
“Fue un negocio redondo. Primero se promocionó un destino, se lo llenó de vuelos y luego sí, se contrataron decenas de miles de habitaciones para alojar la tripulación”, señaló La Nación, el diario argentino que reveló el escándalo.
Es difícil dejar de preguntarse si Trump no está haciendo lo mismo cuando promueve su Trump International Hotel en Washington DC, su hotel y club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach, y sus otras propiedades.
Los hoteles de Trump se han convertido en un imán para todo tipo de gente que busca influenciar a su gobierno. Mar-a-Lago, donde Trump y sus asistentes a menudo pasan sus fines de semana, ha duplicado su cuota de ingreso a $200,000 desde que Trump asumió el cargo.
El Trump International Hotel en Washington es tan codiciado por países extranjeros para sus convenciones, que algunos han trasladado eventos de otros hoteles a la propiedad de Trump.
Antes de la elección de Trump, Kuwait había hecho una reserva para celebrar su fiesta nacional de 2017 en el Four Seasons Hotel de Washington. Pero después de la victoria electoral de Trump, Kuwait movió rápidamente el evento al Trump International Hotel. Según informes de prensa, Kuwait pagó hasta $60,000 por el evento.
En otro caso el año pasado, funcionarios y cabilderos de Arabia Saudita gastaron $270,000 en el Trump International Hotel en Washington, según documentos oficiales revelados por el sitio web de Daily Caller.
Los funcionarios estatales y locales de EEUU también están tratando de ganarse el favor del gobierno de Trump alojándose en el Trump International Hotel de Washington.
El año pasado, el gobernador de Maine, Paul LePage, y sus funcionarios gastaron al menos $35,000 en fondos estatales en viajes a Washington DC, donde se alojaron en el Trump International Hotel, según una demanda presentada entre otros por Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW).
La acción legal afirma que Trump violó la Constitución al usar su posición como presidente para beneficio personal.
A diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, Trump no ha vendido sus propiedades ni creado un fideicomiso ciego para separarse completamente de sus negocios. En cambio, cedió las operaciones diarias de los hoteles Trump a sus hijos Don Jr. y Eric, pero está en contacto continuo con ellos.
Trump promueve desfachatadamente sus hoteles atrayendo a ellos a multitudes de reporteros, como cuando hospedó al primer ministro japonés Shinzo Abe y al presidente chino Xi Jinping en Mar-a-Lago, en lugar de hacerlo en la residencia presidencial del gobierno de Estados Unidos en Camp David.
Trump ha dicho que, según la ley de los EEUU, “el presidente no puede tener un conflicto de intereses”. Y la Organización Trump se ha comprometido a donar sus ganancias de gobiernos extranjeros al Departamento del Tesoro, aunque eso no incluye ganancias publicitarias indirectas.
Pero los críticos señalan que bajo las cláusulas de emolumentos de la Constitución, el presidente solo puede obtener ingresos de su salario, y que Trump se está enriqueciendo en el poder.
Cuando le pregunté al portavoz de CREW Jordan Libowitz si es justo comparar a Trump con Fernández de Kirchner, me dijo que el hecho de que Trump siga siendo propietario de sus hoteles, y que los use para funciones oficiales “es suficiente como para que uno levante las cejas”.
Estoy de acuerdo. Los tribunales decidirán si Trump ha violado la cláusula de emolumentos de la Constitución, pero el tribunal de opinión pública debería condenarlo por violar su deber presidencial de ser un modelo de comportamiento ético para todos los funcionarios públicos. En eso, Trump se parece mucho a la ex presidente de Argentina.
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