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Cuba debe ser condenada en la EPU 2018
Marlene Azor Hernández | Cuba EncuentroCinco años después, la situación de todos los derechos humanos ha empeorado en el país. En el 2013 Cuba defendía el puesto 51 en el Índice de Desarrollo Humano, hoy ocupa el puesto 68, en el concierto de las Naciones.
En su informe gubernamental a la Evaluación Periódica Universal del año 2013, los representantes cubanos dijeron que en Cuba se respetan todos los derechos humanos. En Cuba, ningún derecho es justiciable ni reivindicable, por lo tanto no existen derechos, sino existencias precarias y discrecionales gerenciadas por el gobierno, e imposibles de defender por los ciudadanos, copia del socialismo real soviético.
Cuba no acepta una Comisión de Derechos Humanos independiente del gobierno que monitoree el estado de los derechos humanos en el país. Cuba no permite la visita de todos los Relatores de Derechos Humanos, siendo parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué premiar al gobierno que de manera más integral viola los derechos humanos en las Américas?
Cuba no reconoce ni respeta los derechos civiles. Persigue y reprime la discrepancia ciudadana, arresta de manera arbitraria, allana sin orden legal las casas de los ciudadanos, fabrica delitos comunes por discrepancia política y encarcela, confisca bienes personales que no devuelve. Impide la salida y entrada de los ciudadanos cubanos del país, de manera arbitraria. Impide la movilidad y residencia libre de los ciudadanos dentro del país.
Las cárceles no reciben visitas de inspección de actores civiles independientes y las condiciones de hacinamiento, mala atención médica, comida infecta y golpizas orientadas discrecionalmente por las autoridades, hacen a las cárceles cubanas ejemplos de las violaciones y arbitrariedades más escandalosas que oculta el gobierno cubano a su población y a la comunidad internacional. El tratamiento al doctor Eduardo Cardet es un ejemplo reciente de las violaciones sistemáticas del gobierno cubano. Miles de ciudadanos siguen siendo encausados por el delito de “peligrosidad predelictiva” que se le ha señalado al gobierno eliminar en las anteriores EPU del 2009 y 2013.
En el informe del 2013, dice el gobierno que existe en Cuba el derecho a la alimentación adecuada, lo cual es falso. Dice que existe el derecho a la vivienda lo cual es falso. El derecho al agua potable es falso. Sólo el 5,7 % de la población cubana tiene agua las 24 horas del día. El derecho a la vida y a la integridad física lo cual es falso. La policía política golpea, amenaza de muerte, arresta con fuerza y fabrica delitos con total impunidad. Los ciudadanos son citados sistemáticamente por la policía política sin fundamento legal.
Dice el gobierno, que defiende los derechos de los jóvenes y de los ancianos, pero no puede sustentar en el informe porqué los jóvenes emigran masivamente y porqué parte importante de los ancianos y otros sectores vulnerables están desamparados.
Habla el informe de la seguridad social que se ha “fortalecido” y oculta la política de restricción de subsidios a los sectores más vulnerables desde el 2008, como política gubernamental y lo risible de las pensiones y de la asistencia social, a los sectores más vulnerables.
Cuba dijo en el 2013 que tenía “una institucionalidad eficiente” para respetar los derechos humanos. Es falso. El gobierno de Cuba recibe las quejas de los ciudadanos, sobre los abusos de poder de los funcionarios públicos, civiles y militares y no hay respuesta positiva en el 95 % de los casos, porque el código civil cubano pone como condición de gestionar las denuncias, la aprobación del nivel superior estatal partidario o militar que cometió el abuso de poder. El espíritu corporativo civil y militar diluye toda queja ciudadana. Esto fue señalado por el Comité de Naciones Unidas que evaluó la Convención contra las Desapariciones Forzadas en Cuba, el 6 y 7 de marzo del 2017.
La postura de “victima” del gobierno cubano para no respetar los derechos humanos, queda desmentida con las reformas vietnamitas que durante nueve años hicieron reformas bajo un fuerte embargo norteamericano, y después de una guerra. No hay voluntad política del gobierno cubano para respetar ningún derecho: en primer lugar el derecho al desarrollo, pero tampoco respeta los económicos, ni los laborales, ni los sociales y culturales ni los civiles y políticos. El gobierno cubano es tóxico a la autonomía ciudadana.
El subdesarrollo y el embargo son dos resultados del gobierno cubano por sus políticas de violación de todos los derechos humanos en Cuba. El gobierno mantiene relaciones comerciales con 175 países en el mundo, según declaraciones oficiales, y no puede mantener su postura de “víctima” mientras viola la autonomía y respeto a sus ciudadanos de todos los derechos humanos. Si “toda discrepancia es traición” en una fortaleza sitiada, excusa de Fidel Castro para reprimir el disenso, el socialismo real cubano no tiene ninguna razón de existir, en primer lugar para los ciudadanos cubanos, porque viola sistemáticamente todos sus derechos. Los ciudadanos que no discrepan del gobierno sufren de manera idéntica la violación sistemática de todos sus derechos.
El problema no está en el diferendo Cuba EEUU, es el régimen político cubano el que viola los derechos de discrepantes y no discrepantes, de leales, militantes y de adversarios.
Cuba debe ser condenada en la EPU del 2018, por desarrollar políticas públicas que violan todos los derechos humanos.
NOTA:
El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.
Marlene Azor Hernández, Ciudad de México
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