Hace 28 años, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó del catálogo de enfermedades la homosexualidad (y, por ende, la bisexualidad). Sin embargo, la transexualidad ha sido considerada un trastorno mental hasta el pasado 18 de junio, cuando se publicó la nueva Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-11.
En las últimas décadas se ha avanzado a nivel institucional en Europa y en América a pasos rápidos para paliar la situación de discriminación y violencia por parte de los Estados que sufría el colectivo LGTB en todos los países del mundo. Sin embargo, más de un tercio de los países siguen aplicando contundentemente la LGTBfobia de Estado: hay ocho países en el mundo (Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Yemen y algunos Estados de Nigeria) donde el castigo por tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo es de pena de muerte, y en otros 72 puedes acabar en la cárcel desde unos pocos meses a cadena perpetua.
No todo son pasos hacia adelante en la legislación contra la LGTBfobia. Hay que destacar que en la India, el segundo país más poblado del mundo, en 2009 se despenalizó la homosexualidad y en 2013 la Corte Suprema volvió a ilegalizarla. Hoy siguen sin revertir esta prohibición. Las Islas Bermudas se convirtieron en enero en el primer país del mundo donde el matrimonio entre personas del mismo sexo se prohíbe después de haber sido aprobado. En Portugal, el Jefe del Estado, Rebelo de Sousa, ha vetado una ley de identidad de género para la igualdad del colectivo trans presentada por el Gobierno y el Parlamento, complicando así su aprobación final.
Si examinamos la situación en el ámbito social (y no institucional) tenemos que denunciar un genocidio de personas trans en muchos países del mundo. Son asesinadas en Brasil o México. En América Latina ha habido 179 asesinatos por este motivo en 2017. Según el Grupo Gay de Bahía, desde 2015 han sido asesinadas 958 personas trans en el continente americano. En EE UU, la violencia homicida hacia el colectivo LGTB se ha incrementado en un 86%, según NVCAP (National Victim Constitutional Amendment Passage), habiendo sido registradas hasta 52 víctimas mortales, más de la mitad de ellas eran trans. En Pakistán, esta cifra supera el medio centenar desde 2015. Estos datos son solo los que quedan registrados, los números absolutos los desconocemos, pero sabemos que estamos viendo solamente la punta del iceberg.
En la Unión Europea la situación hacia el colectivo LGTB sigue siendo mucho mejor que en el resto del mundo, pero miramos con preocupación a tres países: República Checa, Polonia y Hungría. Todos con gobiernos muy conservadores, de recortes de libertades y con tintes claros contra el colectivo LGTB.
En España repetimos la novena posición según la lista que realiza ILGA Europa, que valora la situación de los derechos LGTB en el continente, debido a la inacción gubernamental en materia legislativa, donde encontramos que tanto la Ley de Igualdad LGTB como la reforma de la ley trans de 2007 continúan siendo aplazadas mientras que países como Reino Unido, Malta o Bélgica siguen avanzando.
La discriminación o la violencia institucional contra el colectivo LGTB en España se han reducido considerablemente, sin embargo, la situación actual implica la necesidad de acciones de sensibilización y formación para combatir la discriminación y la violencia sociales. Los observatorios regionales que están proliferando dan cuenta de incidentes de odio casi diarios. El madrileño nos habla de que en 2017 hubo 321; el catalán cifra en 111 los incidentes, y el valenciano, en 79. Estos datos son simplemente los que les llegan a ellos y que solo se registran en tres Comunidades Autónomas y la ciudad de A Coruña.
Estos datos constatan que queda mucho camino por recorrer en nuestro país. En España seguimos mirando hacia atrás con el rabillo del ojo cuando vamos agarrados de la mano o nos damos un beso por la calle. En las zonas rurales la invisibilidad del colectivo LGTB y la falta de referentes hacen que la situación se haga insoportable y nuestro colectivo emigre a las grandes ciudades. En el ámbito laboral, menos del 40% de las y los trabajadores siguen sin ser visibles por miedo al rechazo, a la burla o incluso al despido, y en las aulas y los estadios deportivos el insulto más coreado es el de “maricón”. Las personas transexuales y transgénero sufren discriminación, humillaciones y en ocasiones violencia de forma constante. Acabar con la lacra de la LGTBfobia es una tarea de toda la sociedad y para ello hemos de incidir primordialmente en la educación en los valores de igualdad, libertad y justicia que exige la Constitución.
La aprobación de la Ley de Igualdad LGTB, actualmente en trámite parlamentario y respaldada por la gran mayoría de la sociedad civil, debe ser una clara prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Apostar por la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad no puede ser una opción.
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