La política del hambre que implementa el régimen contra sus ciudadanos parece no tener fin. Los cubanos no ven el resultado de tantas ayudas y convenios firmados con el objetivo de aumentar la producción y sustituir importaciones.

POR ANA LEÓN

El pasado mes de mayo en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Julio Andrés García Pérez —Viceministro Primero de Agricultura—  afirmó categóricamente que en 2018 “se producirían 2 millones 339 500 toneladas de viandas en el territorio cubano, una cantidad superior a la alcanzada en 2017”.

 

Sus favorables premoniciones se extendieron a los resultados obtenidos a través de la agricultura urbana, suburbana y familiar; un tema a propósito del cual subrayó: “en este punto el autoabastecimiento es esencial, además tenemos que definir qué productos tienen que ir a los mercados para contribuir a la nutrición de las personas, para aumentar la calidad de vida de la población. No es tener las tarimas llenas de productos que no se venden, sino de lo que necesita nuestro pueblo para alimentarse bien”.

 

Las palabras del viceministro, además de vagas y tendenciosas, están desconectadas de la realidad; y sus datos parecen discordar con la insatisfacción ciudadana respecto a la gestión de los mercados estatales, privados y cooperativas.  En un país como Cuba, donde no hay sobresaturación de víveres, el estancamiento de algunos productos responde solo a dos factores: mala calidad o precio incompatible con el salario devengado. Ambos inciden en la pobre venta de vegetales y hortalizas altamente demandados como remolacha, zanahoria, tomate, espinacas, lechuga, habichuelas…, cuya presencia ha sido intermitente.

 

En los agros estatales y cooperativas prima la mala relación calidad-precio, lo cual provoca que mucha mercancía se pudra en las tarimas. En ciertas plazas que funcionan sobre la base de oferta y demanda, el abastecimiento es regular y de buena calidad; pero cada libra de zanahoria puede costar 28 pesos, mientras que una libra de tomates no baja de 25 pesos, tarifas excesivas para el salario promedio de los cubanos, que ronda los 500 pesos.

 

Los agricultores entrevistados por la televisión cubana hablan de estabilidad y variedad en el suministro de viandas a las diversas redes comerciales; pero solo pueden enumerar tres: yuca, boniato y malanga chopo. Luego pasan al plátano en todas sus variantes y se acaba la lista, siendo éste el cultivo más estable en los agromercados, capaz de generar un síndrome de rechazo similar al que provoca el pollo, única proteína que la mayoría de los cubanos puede comprar sin quedarse en la miseria.

 

La política del hambre que implementa el régimen contra sus ciudadanos parece no tener fin. El pueblo no ve el resultado de tantas ayudas y convenios firmados con el objetivo de aumentar la producción y sustituir importaciones. El sector privado lo acapara todo para asegurar la rentabilidad de sus negocios. El país se ha visto precisado a importar rubros que solía producir y exportar. A medianoche en un barrio habanero, un camión lleno de viandas y hortalizas vende su carga a pequeños traficantes y a la población, que no deja pasar la oportunidad de comprar productos frescos y ligeramente más baratos que en los agros.

 

Hay un enorme agujero negro entre las proyecciones de la economía cubana, los denominados “esfuerzos” del Estado y las dificultades que debe sortear la población para conseguir productos agrícolas. No es novedad que la alimentación en Cuba es cara y de mala calidad; pero es pasmoso que mientras los noticieros hablan de estabilidad en la producción, una libra de cebollas en el agro cuesta 35 pesos. Las carretillas ambulantes que el año pasado vendían las ristras a precios que oscilaban entre 2 y 5 CUC, este año han inflado el costo hasta 8 CUC.

 

Mientras la gente corretea detrás de las campesinas que vienen a La Habana clandestinamente, con cubetas llenas de buen quimbombó, habichuelas y otros vegetales de estación, el gobierno importa paquetes de verduras troceadas y congeladas, que no cuestan menos de 2 CUC (50 pesos) y se añejan en las neveras porque para los cubanos es, además de caro, ridículo comprar esa clase de productos en un país con buena tierra para producirlos y venderlos frescos.

 

La política económica del régimen no está orientada a fomentar el consumo interno, ni elevar el poder de compra del peso cubano para que la gente pueda alimentarse mejor pagando menos. El propio titular del Ministerio de Agricultura reconoció que lo que se acopia no es del agrado del pueblo, que persisten la corrupción y el incumplimiento. Aun así, se habla de explotación sustentable de la superficie agrícola para el ciclo 2018-2023, con el propósito de “obtener una producción agropecuaria orientada a satisfacer las necesidades alimentarias de la población en primer lugar, y luego de la industria y la exportación”.

 

En la práctica, por el momento, sucede al revés. En los hoteles abundan frutas, viandas y verduras frescas. En ciertos agros VIP se venden incluso productos orgánicos de excelente calidad, pero entre su clientela hay poco pueblo, predominando los extranjeros y dueños de negocios de renta y gastronomía, que devengan ingresos muy superiores.

 

Pese a tales contradicciones, Cuba está considerada como un modelo a seguir en la implementación de políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en virtud de lo cual participó en un evento convocado por la ONU, que sesionó recientemente en Argentina.

 

Siempre pensando en el futuro esquivo, Gloria Almándoz —especialista en Relaciones Internacionales del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL)— y Pierpaolo Pirás —Oficial de Políticas de la FAO en Cuba— han asegurado que “la implementación de nuevos programas para el desarrollo de la producción agrícola y sostenibilidad alimentaria, tendrá un alto impacto tanto en las políticas sectoriales como en la alimentación familiar”.

 

Todo gira alrededor de proyecciones, sin resultados concretos; y la colaboración de la FAO pudiera considerarse como otra de tantas ayudas que matan, toda vez que Cuba parece adentrarse más en el subdesarrollo productivo. Los funcionarios que vienen a “apoyar y asesorar” saben que los obstáculos para el desarrollo de la agricultura cubana son el monomercado, la corrupción, la mala administración y la enquistada ideologización de los procesos económicos. No es de extrañar que cuanto más se habla de metas, más profunda se hace entre los ciudadanos la sensación de retroceso.