Lo que muchos ya consideran como un precedente inédito para el régimen cubano ocurrió ayer 7 de diciembre. El Ministerio de Cultura (MINCULT) ha frenado la entrada en vigor del polémico Decreto 349, ampliamente criticado por artistas e intelectuales dentro y fuera de la Isla. En Mesa Redonda celebrada ayer, el titular de Cultura, Alpidio Alonso, dijo que el Decreto de marras será aplicado de forma parcial y progresiva, una vez discutidas las disposiciones complementarias.
No faltarán quienes adjudiquen esta moratoria a la acción colectiva de importantes personalidades de la cultura cubana, cuyo colofón de cara a la opinión pública han sido las declaraciones del propio Silvio Rodríguez. Sin embargo, el “ruido” provocado en la arena internacional por la pacífica desobediencia de un grupo de creadores independientes ha sido más efectivo que las cartas abiertas y los reclamos condescendientes de los “rebeldes” de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Los mismos jóvenes que organizaron la Bienal 00 y firmaron el Manifiesto de San Isidro programaron una sentada frente al Ministerio de Cultura para dejar claro su desacuerdo con la aplicación del Decreto. La protesta, prevista para realizarse del 3 al 7 de diciembre, fue obstaculizada in situ por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, cuyos agentes acosaron y amenazaron, entre otros, a Amaury Pacheco, Michel Matos, Tania Brugueras, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez.
Con estos últimos CubaNet conversó acerca de las recientes vicisitudes y el peligro que supone la aplicación del Decreto 349, cuyas regulaciones por el momento no llegarán a las galerías privadas y estudios de grabación independientes. Pese a las continuas demandas de un diálogo abierto entre el MINCULT y los artistas cubanos, institucionalizados o no, las autoridades se han reservado el derecho de revisar el documento para habilitar las disposiciones complementarias.
Según el propio Ministro, “una nueva norma ha sido redactada y discutida en el secretariado de la UNEAC, que próximamente será sometida a consideración de los creadores”. En este grupo de elegidos que emitirá sus criterios sobre dicha enmienda no se incluye a los artistas independientes, quienes serían los principales afectados por una mordaza que busca coartar la libertad de expresión tras el subterfugio de eliminar la banalidad, el exceso de violencia y el contenido obsceno de los productos artísticos.
Citando la controvertida frase que convirtió el discurso “Palabras a los intelectuales” (1961) en la peor pesadilla del arte y la intelectualidad cubanos, los invitados a la Mesa Redonda reiteraron que el Decreto 349 no se opone a la libertad de creación. Según Lesbia Vent Dumois, la normativa obedece a la exigencia, por parte de los artistas, de “combatir el intrusismo y garantizar la calidad de los productos culturales”; aunque no se especificó qué cosa es lo primero ni bajo cuáles parámetros se decidirá lo segundo.
Ninguno hizo referencia a la ambigüedad de expresiones como la que aparece en el inciso g del artículo 3.1, donde se considera contravención muy grave no solo el contenido pornográfico, violento o discriminatorio en los materiales audiovisuales; sino “cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”. En esta frase caben todas las posibles interpretaciones que un improvisado comisario pueda extraer de un producto artístico determinado, incluso manipulando con toda intención los significados para justificar la censura.
A lo largo del debate sostenido en la Mesa Redonda, los problemas recayeron en los ámbitos de la producción musical y audiovisual, concretamente en el reguetón; cuyo señorío sobre las restantes opciones musicales se ha verificado en proporción a la vulgarización del lenguaje y la conducta social, reafirmando el valor de la cultura como espejo de la realidad del ser humano.
La incomodidad que hoy suscita ese mismo reguetón que tanto dinero aportó a los establecimientos estatales (recuérdese la insólita tarifa de 100 CUC por persona para acceder a conciertos de Baby Lores en el Salón Rojo del hotel Capri), ha sido esgrimida como argumento para fiscalizar la totalidad del arte cubano, sin que ninguno de los potenciales censores pueda explicar dónde será trazado el límite entre lo pornográfico, lo erótico y lo meramente sensual o voluptuoso, considerando que tales definiciones responden, en gran medida, a la subjetividad, el nivel cultural y la sensibilidad de cada espectador.
En tal sentido, otro aspecto que no ha sido contemplado a la hora de “proteger el desarrollo educativo y cultural de las nuevas generaciones” como establece el Decreto, es el hecho de que la inmensa mayoría de los cubanos consume productos culturales foráneos. ¿Acaso desterrarán de los espacios públicos a esa cornucopia de libertinaje que se hace llamar Bad Bunny, el castellano mutilado de Ozuna, las orgías de Maluma o los remeneos lascivos de Jennifer López y Cardi B?
Todo ello es incompatible con los “valores éticos de la Revolución”, pero atrae más adeptos que las expresiones “genuinas” de la cultura cubana, ceñidas al estereotipo de los bailes campesinos, la trova y el folclor.
En su intervención el Viceministro de Cultura, Fernando Rojas, aseguró que el Decreto no obliga a los artistas a pertenecer a una institución. No obstante, les prohíbe comercializar sus obras sin la autorización de la entidad competente. Si se tratara solo de regular la venta de arte, bastaría con exigirle al creador independiente el pago de impuestos; pero lo que realmente interesa es impedir la difusión de ciertos contenidos políticamente conflictivos.
El Decreto será una herramienta para ejercer la censura de forma conveniente, dirigiendo la acción de los inspectores hacia esos individuos o grupos sospechosos de impureza ideológica; mientras el pueblo seguirá consumiendo esa música sexista y banal que ha sido parte de la estrategia de perpetuidad del régimen. Cualquier medida de contención ante dicho fenómeno llega casi dos décadas tarde, en pleno resquebrajamiento de un sistema educacional insuficiente, caduco y plagado de corrupción.
El Estado cubano es una estructura en crisis, cuyo derrumbe se acelera cuanto más se empeña en controlar y censurar. La política cultural revolucionaria defendida ayer en la Mesa Redonda ha dejado un saldo terrible en la cultura cubana; y la idea de crear un cuerpo de inspectores “debidamente preparados” para determinar qué arte cumple o no con lo establecido en el Decreto 349, luce más aterradora bajo la égida de Alpidio Alonso, quien ha demostrado ser el Ministro de Cultura más inepto de cuantos han ocupado el cargo, lo cual no es decir poco.
Por tal motivo, los jóvenes de San Isidro continuarán en su protesta y los más radicales no exigen la revisión, sino la derogación de un panfleto que podría significar un retroceso al período más oscuro de la creación artística e intelectual cubana.
ANA LEÓN Y AUGUSTO CÉSAR SAN MARTÍN SÁBADO, LA HABANA, 8 DE DICIEMBRE, 2018
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