Diputados cubanos aprobaron el sábado un proyecto de reforma a la Constitución que deberá ir a referéndum y algunos de cuyos articulados levantaron meses de debates de temas sociales internos entre los ciudadanos.
El proyecto que los cubanos votarán en febrero tiene reincorporada la aspiración de una sociedad comunista -- eliminado en un borrador previo--, el reconocimiento de la propiedad privada y la doble nacionalidad, la inclusión de derechos sociales y la legalización de las cooperativas en todas los sectores como formas de producción.
Pero dejará intacto el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) como único y dirigente de la sociedad, al tiempo que creará la figura de un primer ministro y gobernadores para las provincias. Para estas dos últimas figuras y para el presidente se fijó una elección como la actual o sea indirecta, pues son designados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento.
“Haciendo un balance de esfuerzos y resultados voy a hablar en primer lugar de la profunda satisfacción que nos deja la discusión popular de la nueva Constitución que hoy se aprueba”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel al cerrar la sesión parlamentaria. “Hemos enriquecido nuestra cultura política, el sentido de pertenencia de una nación y futuro del país. Nos hemos acercado más a las preocupaciones y demandas de nuestra gente, objetivo fundamental de la revolución”.
El proceso reformará una Constitución de 1976 que tenía una fuerte influencia soviética y la prevalencia absoluta de un estado centralista, pero que había quedado rebasada por las transformaciones que sufrió el país a lo largo de los últimos años, sobre todo en la última década con los resultados de la reforma aperturista impulsada por Castro --apertura a la iniciativa privada, autorización para la compraventa de casas y entrega de tierras a particulares, entre otros-- para fomentar una mayor eficiencia económica.
Los 600 legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezados por el presidente Díaz-Canel y el su antecesor Raúl Castro aceptaron el texto que una comisión de redacción les presentó luego de recolectar las opiniones de la población a partir de miles de reuniones que se llevaron a cabo en centros de estudio, trabajo o en organizaciones vecinales entre los meses de agosto y noviembre.
Castro lidera además la comisión redactora y el Partido Comunista en la isla.
Díaz-Canel también reconoció ante los diputados el pobre crecimiento económico del país, que este año fue de un 1,2% según informaron las autoridades en la sesión del viernes, y reiteró el interés en que el gobierno se acerque a las inquietudes de la población para lo cual en las últimas semanas ordenó a todos los ministros tener cuentas de Twitter, algo completamente inusual en Cuba y que fue aparejado a la apertura del servicio de datos móviles para la población a comienzos de mes.
En paralelo el presidente se refirió al sector no estatal, impulsado por Castro pero luego paralizado durante un año y medio hasta comienzos de diciembre, sobre todo en los sectores más exitosos como los restaurantes particulares conocidos aquí como paladares y casas de alojamiento. En días pasados Díaz-Canel dio marcha atrás a una serie de medidas de ajuste muy criticadas por los emprendedores.
“Los trabajadores por cuenta propia no son enemigos de la revolución, son resultado del proceso de actualización del modelo económico, han resuelto problemas que recargaban al Estado”, comentó Díaz-Canel. “Y no existe intención alguna de evitar que puedan prosperar, pero su funcionamiento tiene que ser dentro de la legalidad”.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, informó el viernes que en la consulta popular previa hubo 133.000 reuniones populares para debatir en las cuales se realizaron 700.000 propuestas de modificaciones o eliminaciones de los artículos de carta magna.
A partir de allí la comisión redactora hizo 760 cambios y unos 134 artículos fueron modificados, indicó Acosta. El nuevo proyecto tendrá 229 artículos divididos en 24 capítulos.
Uno de los temas más polémicos fue un párrafo que eliminaba el matrimonio como la institución entre un hombre y una mujer -y manifestaba que era entre dos personas-, abriendo una puerta explícita a la posibilidad del matrimonio igualitario, según lo manifestaran los activistas de la comunidad LGTB, encabezadas por la diputada y sexóloga Mariela Castro, hija del ex presidente.
Sin embargo, debido a las duras críticas de la población y a una inusual campaña de las iglesias, sobre todo evangélicas, ahora se modificará el lenguaje hablando de “cónyuges” para dejar que sea el Código de Familia y un próximo referéndum en un plazo de dos años, y no la constitución, los que definan el carácter de la unión.
Para la diputada Mariela Castro no hubo vencedores, ni vencidos con esta nueva hoja de ruta.
“Los derechos de todas las personas quedan blindados en el nuevo texto constitucional, tenemos ahora que reafirmarlo con el sí en el próximo referendo. Cuba necesita esta Constitución”, señaló la diputada.
Asuntos como la elección directa del mandatario --que quedó fuera--, la defensa de los animales --incorporada aunque requiere de una legislación complementaria--, la obligatoriedad del trabajo --que será impuesta como derecho-- o la inclusión en el texto de que Cuba no volverá al capitalismo fueron temas de debate durante meses.
ANDREA RODRÍGUEZ ASSOCIATED PRESS, LA HABANA 2018
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