El Tribunal Supremo de Estados Unidos se alinea con Trump y mantiene el veto a los militares transgénero. La más importante instancia judicial del país, de mayoría conservadora, en un comunicado breve y sin firmar, permite que la prohibición de la Administración republicana entre en efecto mientras que se tienen en cuenta apelaciones en tribunales inferiores.
Los jueces progresistas del Supremo, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor disintieron. Se hace una excepción para aquellas personas transgénero que ya estén dentro de las fuerzas armadas pero siempre y cuando acepten "servir conforme a su sexo biológico".
En julio de 2017, a través de Twitter y por sorpresa, Donald Trump anunció que después de consultar con sus generales y expertos militares, el Gobierno de Estados Unidos no aceptaría ni permitiría individuos transgénero en el Ejército. El mensaje del mandatario tenía una brutal carga discriminatoria y dinamitaba la política de integración impulsada por su antecesor, Barack Obama. “Nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y la alteración que los transgéneros supondrán en el Ejército”, afirmó entonces Trump. Los datos oficiales en este campo datan de 2016 y establecen que casi 9.000 militares se identifican como transgénero en Estados Unidos.
Aunque las cifras siempre han sido objeto de discusión. un estudio de JAMA (Asociación de Médicos de EE UU, siglas en inglés) ha establecido que cerca de 13.000 ya pertenecen al ejército (1%) y que los médicos militares no están preparados para atenderlos y mucho menos para asegurar su correcta transición. Pero según datos de la organización de defensa de los derechos de las personas transgénero (National Center for Transgender Equality) ese número asciende a cerca de 15.000 y “la decisión del Supremo pone sus carreras y modo de vida en cuestión”.
El Tribunal, con mayoría conservadora tras la llegada del polémico juez Brett Kavanaugh a finales del 2018, ha decidido que la propuesta del Departamento de Defensa estadounidense puede entrar en vigor próximamente. "La decisión del Tribunal Supremo (5-4) concede la solicitud de la Administración Trump para permitir que el veto del servicio militar de las personas transgénero entre en efecto, mientras que las apelaciones se escuchan en tribunales inferiores".
El Pentágono anunció en junio de 2016 que las personas transgénero podrían servir abiertamente en las filas del Ejército y que se crearía un programa para llevar a cabo y costear la transición de género para los militares que lo solicitaran. La medida de Barack Obama fue ambiciosa y rompió con largos años de oscuridad y discriminación. Se acababa con las normas que propiciaban que los militares ocultaran su identidad sexual por miedo a ser castigados o vejados. En 2010, la Administración demócrata había permitido que los homosexuales sirvieran en el Ejército acabando con la norma dictada bajo Bill Clinton conocida como Dont Ask Dont Tell (No preguntes, No digas), que en 1993 estableció que los homosexuales pudieran integrar el estamento militar siempre y cuando no declarasen su condición sexual. A cambio, nadie tenía derecho a preguntarles por ella.
En 2016, los militares “solamente por ser individuos transgénero” ya no podían ser “involuntariamente separados, despedidos o que les negara realistamiento o continuación de su servicio”. A partir del 1 de octubre de ese año, los uniformados que lo desearan empezaron a poder recibir tratamiento médico para su reasignación de sexo. Y a partir de julio de 2017, se aceptarían las peticiones de entrada al Ejército de personas transgéneros que llevaran al menos 18 meses “estables” con su nuevo género y que debían superar los mismos requisitos físicos y mentales que el resto de solicitantes.
Pero entonces llegó Trump, quien consideró que la doctrina Obama iba a salir muy cara a pesar de que hubo incremento presupuestario para el estamento militar en aquel ejercicio (54.000 millones de dólares más). El primer día de julio de 2017, justo cuando la medida iba a entrar en vigor, el Pentágono anunció su paralización. El entonces secretario de Defensa de Trump, James Mattis, intentó justificar la decisión refugiándose en que la medida requería un estudio detallado. ¿Afectará a la disposición y letalidad de las fuerzas? Dicho de otro modo, ¿cómo influirá en la capacidad militar de defender la nación?”.
Tres tribunales federales echaron el freno al veto de Trump por considerar que constituía discriminación constitucional. Y el presidente recurrió al Supremo para pedirle que le permitieran poner en marcha su legislación mientras esas otras cortes estudiaban los casos. Eso es lo que ha sucedido hoy, lo que significa que en teoría el Pentágono puede desde este momento aplicar la prohibición de que estén en filas las personas transgénero. Como el Tribunal Supremo no verá este caso en este curso judicial, se abre un periodo de más de un año por delante en el que Defensa tiene barra libre para aplicar el veto de Trump.
YOLANDA MONGE, WASHINGTON, ENERO 2019
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