MEXICO – El estado de Zacatecas encara en los últimos días una aguda polémica por la legalización de los matrimonios homosexuales. Entre los impulsores a favor se encuentra el alcalde de la capital, Ulises Mejía; un ex diputado y ex edil de Fresnillo, Benjamín Medrano, el primer político abiertamente homosexual que llegó a una presidencia municipal de la región, algunos colectivos por los derechos humanos y otros congresistas.
Del otro lado de la moneda se encuentran políticos, jueces, el Frente Nacional por la Familia y la Iglesia Católica encabezada por el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega quien adelantó que pase lo que pase no le daría la bendición del sacramento de matrimonio a una pareja del mismo sexo.
Los católicos zacatecanos son uno de los grupos más grandes del país: alrededor del 94% de la población se declara practicante de esa religión frente al 82% de la media del país por lo que se prevé una dura batalla.
“Eso no es matrimonio, matrimonio es hombre mujer, todo lo demás llámesele de alguna manera, búsquesele alguna forma jurídica que proteja a estas personas, pero no a costa del matrimonio”, advirtió Noriega despúes de que el pasado 14 de febrero el alcalde Medrano “autorizó” la unión legal de 27 parejas.
En el evento dijo que, en adelante, todos los gay podían acudir al ayuntamiento a casarse.
La decisión abrió un debate debido a que la ley zacatecana no contempla las uniones legales homosexuales, pero se han usado otros recursos legales para consolidarlas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional en diversos estados la prohibición de los matrimonios entre parejas del mismo sexo (hace unas horas en Nuevo León), pero aún no se pronuncia sobe Zacatecas, por lo cual, las personas interesadas han tenido que recurrir al artilugio legal conocido como “amparo” que da protección contra la violación de los derechos humanos.
En 2016 la pareja zacatecana integrada por Rodolfo Flores y Francisco Domínguez se convirtió en la primera pareja en casarse después de interponer un amparo porque un juez se negó a casarlos y una diputada solicitó pruebas de su homosexualidad.
La actual apertura del alcalde Mejía, quien hizo el anuncio el pasado Día del Amor y la Amistad, fue clara y sorprendió a más de uno. “Enhorabuena, y bienvenidos todas y todos a este ayuntamiento, a esta ciudad progresista”, puntualizó en su discurso.
El juez Rafael Pedroza viró, casi inmediatamente que las personas del mismo sexo que quieran casarse deberán solicitar un amparo, “hasta que se adecuen las leyes locales”.
En el congreso, la diputada María Elena Ortega presentó ese mismo día una iniciativa que busca con la legalización poner fin a la discriminación, entre otras cosas porque les impide acceder a beneficios sociales, de salud y hasta legales como de herencia.
La iniciativa se encuentra en discusión pero no hay certeza de su futuro: ya existen precedentes en los legislativos estatales que prolongan el debate hasta por 10 años, como ha ocurrido en el Estado de México.
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