Tal y como siempre ocurren las cosas en la política postrevolucionaria cubana —sin sobresaltos y con finales predecibles— el referendo del pasado 24 de febrero refrendó una nueva constitución, la tercera de vida republicana (desde 1902) y la segunda desde el triunfo revolucionario de 1959. La nueva constitución no tuvo el glamour de sus precedentes. No fue anunciada como el inicio de una nueva época sino simplemente como una puesta al día legal respecto a los cambios ocurridos y reconocidos como legítimos por la élite. Y en consecuencia ha sido un “momento constitucional” cansado, sin las expectativas de los que le precedieron desde 1902. Y resulta, nota curiosa, la primera constitución cubana que no deriva de una disrupción revolucionaria.
El texto fue elaborado por una comisión técnica cerrada herméticamente, sometida inicialmente al Comité Central del Partido Comunista y al parlamento, y la versión resultante fue remitida a consulta mediante asambleas barriales controladas. Esta discusión sirvió para ultimar detalles, derribar puntos fuertes de disenso que pudieran afectar el voto plebiscitario (regularmente sus puntos más progresistas) y socializar los contenidos.
Concluido este proceso, se abrió una etapa de dos meses en que las personas pudieron leer la versión final y alimentarse de una campaña en torno a la votación. Teniendo en cuenta que se trataba de un referendo con dos opciones, hubiera sido razonable que cada una de ellas hubiese sido publicada y debatida. Pero no fue así: hubo una sola campaña permitida por el voto afirmativo. Todas las opiniones negativas fueron prohibidas y sus sustentadores reprimidos.
El resultado plebiscitario
Desde un escenario tan inequitativo no sorprende que la nueva constitución haya sido aprobada de manera contundente. De un padrón de más de 9 millones, no votaron 1,4 millones, y de los que votaron (el 86 %) el 4 % emitió boletas nulas o en blanco, y el 9 % (706.400 personas) votó negativo. Al final, la constitución fue aprobada por el 73 % de los votantes posibles y por el 87 % de los efectivos. Desde aquí se han generado análisis políticamente intencionados.
Una primera reacción ha sido magnificar el bulto de personas que no siguieron la indicación del Partido Comunista de votar positivamente, y creer que el 27 % un tercio de los cubanos quisieron repudiar la constitución o al sistema que representa. Pero ello no pasa de ser una lamentable confusión del deseo con la realidad. Los resultados indican que una inmensa mayoría de los cubanos no está dispuesta a desafiar al Partido Comunista siquiera en la soledad de una cabina electoral. Y nada indica que los que no votaron o lo hicieron negativamente lo hayan hecho repudiando al sistema. Había muchas razones para votar en contra, y siempre hay muchas para abstenerse. Las iglesias —católica y evangélicas— se opusieron a la constitución argumentando, entre otras razones, el breve resquicio abierto al matrimonio igualitario. Y finalmente el porcentaje de abstención no es diferente al que se ha reportado históricamente en los últimos años en elecciones locales y generales.
La otra ha sido magnificar la aprobación, con los mismos resultados engañosos. Aquí se abulta el dato de la aprobación afirmando que lo hizo el 86 % de los que votaron. Pero más de 700 mil personas rechazando explícitamente el texto indica un nivel de desafección nunca antes conocido en la abúlica política cubana. Los tiempos políticos cambian y una simple comparación con el referendo realizado en 1976 resalta por el contraste: entonces acudió a votar el 98 % de los electores y lo hizo favorablemente el 97,7 %.
Si la élite política cubana tiene buenos asesores, alguno debe estarle susurrando que el escenario está cambiando y que deberá seguir cambiando con los constreñimientos económicos debido a la pérdida del subsidio venezolano y las dificultares crecientes de los cubanos para emigrar a Estados Unidos y acogerse a un régimen favorable de incorporación.
¿Una constitución para los nietos?
No se pueden desconocer los aspectos positivos de esta constitución. Hay más espacio para la actividad económica privada, un mejor enunciado de derechos, la aceptación de la doble nacionalidad, un régimen político más desconcentrado y avances descentralizadores en beneficio de los gobiernos locales. Pero se trata de una Carta Magna cocinada en el fogón del pacto de militares y burócratas partidistas del 2009 y amagada por las nuevas presencias conservadoras en la sociedad cubana. Es una constitución rezagada respecto, por ejemplo, al constitucionalismo latinoamericano más afín ideológicamente. Nace, en consecuencia, en plena contradicción con la maduración de una sociedad cubana más compleja y plural. No resuelve el problema de la democracia —elecciones directas, pluralismo, derechos civiles y políticos— ni el problema nacional contenido en el desfase entre una sociedad transnacional como la cubana y una legislación duramente westfaliana.
El recién estrenado presidente Díaz Canel, en un desborde de euforia atemporal, aseguró que se había aprobado una constitución para los nietos de los actuales votantes No creo que sea un vaticinio razonable. En realidad, los cubanos aprobaron una constitución de corto plazo, mediocre, angustiante para una isla que se está despoblando en términos absolutos, cuya economía no crece y la anomia se apropia del comportamiento cotidiano. Se requiere algo más audaz. Y no parece que los cubanos actuales puedan esperar por los nietos.
HAROLDO DILLA ALFOMSO, SANTIAGO DE CHILE, MARZO DE 2019
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