La Administración de Donald Trump anunció este lunes una medida con la que se endurece el cerco contra la economía de Cuba al permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a algunas empresas bajo control del Ejército o los servicios de inteligencia del régimen. En la práctica, significa que las empresas e inversores de terceros países quedan exentos de pleitos, pero la Administración deja abierta la puerta a seguir apretando las tuercas a la dictadura castrista por la misma vía, en un momento de alta tensión en la región a raíz de la crisis venezolana.
El proceso de “deshielo” iniciado por la Administración de Barack Obama con Cuba finalizó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que decidió limitar los viajes a la isla y prohibir las relaciones comerciales con el conglomerado de sus fuerzas armadas. El incremento de presión anunciado este lunes se articula a través del artículo III de la conocida como ley Helms-Burton, que data de 1996, bajo el Gobierno del demócrata Bill Clinton. En teoría permite a los ciudadanos de origen cubano reclamar en los tribunales de Estados Unidos las propiedades que les fueron arrebatadas con motivo de la revolución hace más de medio siglo.
Todos los Gobiernos desde Clinton, sin embargo, han dejado sin efecto dicha parte de la norma por el alud de demandas que podría suponer (hasta 200.000 pleitos, según cifras recientes de Reuters) mediante una serie de suspensiones sucesivas del artículo que se renovaban cada seis meses. Esta vez, Washington ha optado por mantener la suspensión pero solo durante un mes, lo cual aumenta la presión sobre La Habana.
Las firmas extranjeras siguen protegidas por la dispensa durante dicho periodo, no las de la lista negra de empresas asociadas al régimen. En ella figuran organismos como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el del Interior, cinco grupos empresariales (Cimex, compañía turística Habaguanex, Gaesa, grupo turístico Gaviota y Unión de Industrias Militares) y una larga lista de hoteles en La Habana, Santiago y Varadero, entre otros enclaves, varios con la enseña Meliá e Iberostar, ambos propiedad de Gaviota.
La suspensión del artículo III, es decir, la prohibición de demandas para el resto, comenzará el 19 de marzo y finalizará el 17 de abril, según informó el Departamento de Estado. Tras dicho periodo, queda la puerta abierta a seguir endureciendo el embargo. Si ese artículo entrase en vigor de forma plena, medida que Trump ha evitado, cualquier empresa con intereses en la isla podría ser llevada a los tribunales por ciudadanos estadounidenses que considerasen que están usando terrenos o activos que en su día les fueron expropiados. Washington encendió las alarmas hace más de un mes, cuando aprobó una suspensión de tan solo 45 días, en lugar del semestre habitual, y anunció que se tomaba ese periodo para “revisar” la situación. Es lo mismo que ha afirmado esta vez, disparando las especulaciones.
La Administración de Trump considera que Cuba forma junto con Venezuela y Nicaragua una “troika tiránica” que se retroalimenta entre sí. Fuentes del Departamento de Estado recalcaron en una conferencia telefónica que la decisión de endurecer el embargo se ha tomado de forma completamente independiente, tras constatar que la nueva Constitución ratificada en referéndum el pasado 24 de febrero mantendrá el sistema político de la isla, gobernado por el único partido político legal: el comunista. La medida, no obstante, tiene lugar en un contexto de gran inestabilidad a raíz del pulso en Venezuela. Más de 50 países, entre ellos, Estados Unidos, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y reclaman la celebración de elecciones, mientras el líder chavista, Nicolás Maduro, sigue aferrado al poder con el apoyo de los militares.
AMANDA MARS, WASHINGTON, MARZO 2019
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