Hoy los cubanos comen la cuarta parte del pescado que consumían hace 25 años y la pesca de mariscos se ha desplomado estrepitosamente en el último quinquenio, mientras un millar de embarcaciones se dedica a la captura ilegal de pescado, una situación que las autoridades intentan frenar con una nueva Ley de Pesca.
Con la nueva legislación, se exigirá autorización a quienes quieran realizar labores de pesca con fines comerciales, sean personas o empresas, de nacionalidad cubana o extranjeras. Las licencias serán emitidas una vez esté evaluado el estado de los recursos y faculta a su titular a realizar la actividad conforme a la ley.
La solicitud para conceder, renovar, modificar y cancelar cualquier tipo de autorización se tramitará ante la autoridad facultada por el titular de la Industria Alimentaria (Minal), indica el borrador, que además establece como "requisito indispensable, en el caso de las personas naturales, que el solicitante tenga 17 años de edad".
La Comisión Consultiva de Pesca (perteneciente al Minal) será responsable de analizar "el estado de explotación de los recursos hidrobiológicos en zonas donde el Estado ejerce su soberanía, y proponer las regulaciones y medidas necesarias para lograr una explotación económica sostenible, que incluye zonas y cuotas de pesca, vedas, establecimiento de tallas o pesos mínimos y máximos, requisitos, limitaciones o prohibiciones de las artes de pesca y otras disposiciones al efecto".
Por su parte, las áreas en las que está permitida la actividad serán determinadas por el Consejo de Ministros que podrá limitarlas o prohibirlas "debido a intereses estatales relacionados con la defensa del país o el medio ambiente".
Otro de los aspectos que regulará la norma son las modalidades de pesca, que serán: deportiva, recreativa, de investigación o comercial.
Según los datos del Gobierno, la caída del consumo de pescado ha pasado de 16 kilos en 1989 a 4,3 kilos en 2014. Además, en los últimos cinco años las especies que se pescaban en la plataforma han disminuido en un 44% y ahora son 54. Las capturas en un 70% y las importaciones de pescado rondaron las 8.000 toneladas.
La reducción del consumo de pescado por parte de la población cubana en los últimos años ha venido de la mano con la caída en el suministro y variedad de los Mercomar, una red de comercios estatales dedicados a la venta de productos del mar. La merma de ofertas como pescados de gran tamaño y mariscos ha dejado las neveras de estos locales apenas con variedades de agua dulce como la tilapia, la tenca y la claria.
Muchos negocios privados dedicados a las gastronomía, especialmente restaurantes, mantienen su suministro de pescado a partir del contacto con pescadores privados, la mayoría ilegales. Gran parte de las langostas, los camarones, filetes de pargo y ruedas de emperador que se sirven en estos exclusivos lugares provienen de la pesca furtiva.
Otro grave dato del último quinquenio es la caída de la pesca de langosta y camarón, que se ha reducido en un 65% y 90%, respectivamente. Estos dos codiciados mariscos aportan 63 millones de dólares anuales por exportaciones.
De la exigencia de obtener autorización estará exenta la pesca libre practicada por cualquier persona o empresa independientemente de su origen "desde el litoral u orillas naturales mediante varas o carretes, cordeles y anzuelos, sin el auxilio de medios flotantes".
Al Gobierno le precupa el millar de embarcaciones que se dedican a la pesca ilegal, un total de, aproximadamente, 2.500 personas sobre las que podrá aumentar el control cuando la nueva ley esté aprobada.
A ellos se suman los pescadores no vinculados al sector estatal, que hasta la fecha estaban en un limbo legal: "La relación con este modo de gestión se limita a contratos de compraventa. Los pescadores comerciales privados no tienen estatus laboral definido y no están vinculados a ningún régimen de seguridad social", indica el borrador del proyecto.
La aceptación de la pesca como una actividad por cuenta propia abre la puerta no solo a la legalización de quienes hasta ahora realizaban la actividad de manera informal, sino también a que estos puedan acceder a acumular dinero para una futura pensión, algo de lo que habían quedado excluidos en su condición de pescadores ilegales.
Otro de los problemas identificados por las autoridades es el de los 168 asentamientos pesqueros que contabiliza. "En varios, la actividad pesquera es el sustento principal y son escasas las alternativas de empleo en otras ramas".
El proyecto de Ley de Pesca, que cuenta con 27 artículos y siete disposiciones finales, se someterá a debate con los diputados y directivos de organismos competentes entre el 27 de marzo y el 3 de abril. Además, se ha habilitado un correo electrónico para que los ciudadanos envíen sus propuestas.
Hasta la fecha, Cuba se regía por el Reglamento de Pesca aprobado en 1996 que, según las autoridades, resulta estar obsoleto y es "insuficiente para el enfrentamiento de la pesca ilegal y la preservación de los recursos pesqueros" como avalan sus datos, reflejo del mal estado del sector en la Isla.
Unas 3.376 personas son pescadores estatales y 245 pescadores para autoconsumo. A la pesca estatal indirecta están vinculados unos 10.843 trabajadores y 2.329 a la acuicultura. Por otra parte, 18.638 realizan pesca comercial privada y 17.600 deportiva.
Sin embargo, la nueva legislación aún no entra endetalles sobre la forma de adquisición, el formato ni el tamaño de las embarcaciones permitidas para la pesca privada. Hasta el momento, la mayoría de los pescadores usan viejas embarcaciones de porte pequeño, algunas con más de medio siglo de explotación, construyen sus propios botes o utilizan las cámaras infladas provenientes de vehículos como camiones, muchas de ellas compradas en el mercado negro y desviadas de la red de empresas estatales.
No se permite la importación de estos botes y la policía controla la construcción de otros nuevos en las zonas costeras para evitar la emigración ilegal hacia Estados Unidos, lo cual complica la tarea de construir una embarcación con fines pesqueros. Una vez construida y antes de echarla al mar se debe inscribir la nave en el Registro Cubano de Buques, una acción que conlleva una verificación minuciosa del propietario. Quienes tienen antecedentes penales o han realizado alguna salida ilegal del país tienen pocas posibilidades de obtener el autorizo.
La nueva ley también asegura que, con la legalización de estos pescadores, hasta ahora furtivos, "no se producirán afectaciones al sector no estatal, manteniendo las embarcaciones actuales", lo cual sugiere que solo se permitirá la obtención de una licencia de cuentapropista a quienes ya poseen una embarcación registrada.
Los propietarios de naves registradas deben abonar un impuesto anual a la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) cuyo valor dependerá del tamaño y el modelo de la embarcación.
Aunque el texto apunta a una "reducción gradual de las embarcaciones estatales actuales, potenciando la eliminación de aquellas cuyo estado técnico es lesivo del medioambiente marino", no anuncia la venta de algunos de estos botes y barcos a privados para su posterior reparación y reutilización.
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