El Tribunal Penal Internacional (TPI) cuenta ya con el testimonio de un total de 51 testigos de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra militares y civiles, muchos menores de edad, en Venezuela. La abogada penalista y defensora de derechos humanos Tamara Suju ha entregado este viernes a la Fiscalía internacional en La Haya varios vídeos y testimonios por escrito que "prueban la violencia sexual y las torturas sistemáticas" cometidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Nicolás Maduro.
Los vídeos son pruebas "visuales primordiales, que no dejan lugar a duda sobre las torturas y abusos" y podrían acelerar la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía del TPI, explica Suju a EL MUNDO. Asegura que fueron grabados en el interior de los centros clandestinos de Caracas, en salas de tortura y cuartuchos donde los presos han pasado semanas encerrados, con los ojos vendados y rodeados de sus propios excrementos. Disidentes venezolanos del Dgcim han filmado lo ocurrido para "reforzar" sus denuncias y para llevar a Maduro ante la Justicia internacional.
La abogada también explica que ha entregado pruebas fidedignas de "la formación y entrenamiento de soldados venezolanos" en territorio cubano, donde los hombres de Maduro estaría recibiendo la "preparación necesaria" para frenar a la disidencia en Venezuela. Las cuatro nuevas denuncias "prueban que los menores de edad, niños y niñas, tampoco escapan al aparato de represión" del Dgcim. Al menos 28 de los testimonios que tiene ahora la Fiscalía del TPI son de "víctimas de violencia sexual, fueron abusados directamente por los organismos de inteligencia", según Suju.
"Decidí desertar porque nunca antes había visto tantas atrocidades, prisioneros torturados, a los que no se les brinda de forma automática servicios médicos", asegura, en uno de los vídeos, el teniente Ronald Dugarte. Explica con todo detalle a la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, el funcionamiento de los organismos de Inteligencia, y de los centros clandestinos que, dice, hay en las afueras de la capital. Menciona los diferentes métodos de tortura que utiliza el Dgcim, ofrece nombres y apellidos de los mandos del servicio de Inteligencia, y añade lugares y detalles del entrenamiento de oficiales en Cuba.
Uno de los ejemplos que señala Dugarte en su testimonio es la tortura a la que fue sometido Nelson Martínez, ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quien murió en prisión tras pasar un año detenido sin condena alguna. "Tenía una enfermedad patológica y Ronald pudo ver cómo su salud se iba deteriorando poco a poco durante diez días, hasta que ya no podía respirar bien y, entonces, el director de Asuntos Especiales del Dgcim, Granko Arteaga, que creía que sus quejas eran un show, le dijo a los guardias que se lo llevaran para que no se le muriera en la celda, literalmente", explica Suju, que lleva años documentando los presuntos crímenes.
En el escrito presentado hoy, la disidente venezolana también subraya que "los presos no tienen atención médica y su salud se utiliza para torturarlos, para que enfermen". Además, un médico que ejerce en la frontera entre Venezuela y Brasil, y que atendió a los heridos los días 22 y 23 de enero atestigua que "lo ocurrido contra la comunidad de los pemones" esos días fue "prácticamente una masacre". Murieron tres indígenas, varios resultaron heridos de gravedad y cientos han tenido que huir del país por miedo a la represión. "En el Derecho Internacional, esto es un crimen de lesa humanidad", subraya Suju, de nacionalidad española y exiliada en Praga, desde donde lidera la guerra judicial en el TPI contra Maduro.
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