Esta semana, el mundo entero se indignó ante la declaración del sultán de Brunéi de cumplir con la promesa que hizo en 2013 de aplicar la ley islámica, una serie de medidas legislativas que, básicamente, legalizan la tortura: a los ladrones se les podrá amputar las manos, a las mujeres se las podrá flagelar violentamente por interrumpir su embarazo o matar por cometer adulterio, y se podrá aplicar la muerte por lapidación a las personas LGTB por practicar la sodomía.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Personajes mediáticos como Elton John y George Clooney rápidamente hicieron un llamamiento para boicotear los diez hoteles Dorchester Collection, todos propiedad del sultán. Grupos de activistas de todo el mundo han organizado protestas, incluso en los propios hoteles, una petición digital lanzada desde Reino Unido ha acumulado 40 000 firmas y la entidad de transportes londinense ha retirado toda la publicidad turística de Brunéi. Ya en 2013 y 2014 se produjeron protestas similares que lograron retrasar considerablemente la puesta en vigor de las leyes más extremas de la sharía, un indicativo esperanzador de que la presión internacional realmente sirve de algo.
Pese a todo, es difícil no sentir impotencia. Internet nos ha puesto más fácil que nunca la capacidad de utilizar nuestros privilegios para ayudar a personas más marginadas que nosotros mediante la firma de peticiones, la aportación de donaciones y la presión social para frenar la intolerancia.
Sin embargo, a veces el activismo irreflexivo puede hacer más mal que bien, y en el caso de Brunéi, hay muchos factores a tener en cuenta. “Por mucho que sintamos la necesidad de hacer algo en un momento de emergencia, es importante, en primer lugar, escuchar a las comunidades afectadas y seguir su ejemplo”, señala Mathias Wasik, gerente de campaña de All Out, una ONG internacional que suma fuerzas con activistas LGTB en países cuyas leyes persiguen a su colectivo o, en algunos casos, suponen una amenaza para sus vidas. “Lo que a nosotros nos podría parecer una acción beneficiosa ⎯como llamar al boicot de las industrias del país⎯ podría fácilmente acabar perjudicando a quienes intentamos defender”.
El enfoque de All Out pasa por preguntar a las víctimas qué necesitan y solo entonces organizar acciones para apoyarles. “Una vez hecho este trabajo, podemos mostrar solidaridad internacional a través de la firma de peticiones, la difusión de las noticias en internet o la convocatoria de protestas”, añade, subrayando la importancia de escuchar y servir de altavoz de las comunidades afectadas.
Sin embargo, no siempre resulta sencillo encontrar a las víctimas. La comunidad LGTB de Brunéi se ve obligada a permanecer oculta debido a la gran represión. Tanto es así que un estudio de 2011 logró contar solo con la participación de 29 participantes, cuatro de los cuales no eran nativos del país. Las escasas entrevistas concedidas a los medios recientemente se han hecho preservando el anonimato de los individuos por razones obvias, y cualquier investigación que lleven a cabo las ONG requiere de una financiación que no suelen tener. Es una espada de doble filo: debemos escuchar a los afectados y evitar hablar en su nombre, pero eso implica sacarlos del anonimato y, de esa forma, convertirlos en objetivos visibles.
Los intentos por parte del Reino Unido de revocar las leyes anti-LGTB han sido recibidos con cierto escepticismo y acusaciones de neocolonialismo en el pasado reciente. Antes de la introducción de los nuevos castigos, la sodomía ya podía ser penalizada con las leyes antigay que estaban en vigor cuando Brunéi era un protectorado británico. El sultanato es uno de los 36 países de la Commonwealth que mantiene una versión discriminatoria de una legislación introducida originalmente por autoridades coloniales británicas, un hecho del que Theresa May asegura “arrepentirse profundamente” en un llamamiento a los líderes internacionales para revocar estas leyes.
Esto no quiere decir que los políticos no puedan cambiar las cosas; de hecho, dirigirse por escrito a los diputados nacionales es una de las formas más efectivas de mostrar solidaridad. En el caso del Reino Unido, el diputado laborista Fabian Hamilton solicitó esta semana que se excluyera a Brunéi de la Commonwealth como acto de protesta contra unas leyes que él calificó de “aberrantes”. A partir de sus declaraciones, se abrió una petición en internet para luchar por la plena expulsión. En una entrevista para i-D explicó más en detalle este punto: “Esta persecución se burla de los valores que defendemos en Gran Bretaña y la Commonwealth. Hay que hacerle frente con actos, no solo con palabras”. Básicamente, el impacto puede ser mayor de lo que pensamos.
Un portavoz de Amnistía Internacional señala que otra forma de ayudar podría ser contactar con la embajada de Brunéi de tu país. Al igual que All Out, la ONG remarca que “ciertos tipos de atención pública podrían poner en peligro a activistas y comunidades de Brunéi” y que la mejor forma de abordar la situación es “expresando respetuosamente tu preocupación respecto al código penal y sus consecuencias negativas para las mujeres, niños y personas LGTB afectadas, así como para las minorías religiosas”. También es importante recordar que el adulterio también se castigará con la lapidación, y en ese aspecto es mucho más probable que se utilice a las mujeres como chivos expiatorios y acaben siendo asesinadas.
Tanto embajadas como diputados pueden marcar una diferencia, pero la política desempeña un papel complicado respecto a la medida en que los Gobiernos pueden responsabilizar al sultán. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, Mark Field, fue duramente criticado por describirlo como “un gran amigo del Reino Unido”, si bien lo cierto es que las fuertes relaciones entre ambos países no se han visto afectadas desde que Brunéi obtuviera la independencia en 1984. Los parlamentarios pueden criticar las leyes, pero los lazos que unen a Gran Bretaña con ciertos países limitan el extremo hasta el que podemos ejercer presión para que se obre un cambio. Un ejemplo reciente de ello es la indignación que mostraron los políticos británicos por la masacre de civiles yemeníes por parte del ejército saudí cuando, irónicamente, Gran Bretaña suministra armas a ese ejército.
Con todo esto no quiero decir que las protestas no sean útiles, sino que la política es un engranaje complejo y hay que abordar las cosas con cautela. Twitter se llenó de chistes sobre el boicot de los hoteles Dorchester, lo cual suscita una pregunta obvia: ¿quién demonios se puede permitir una habitación de 5000 euros, en todo caso? Y ¿realmente la mejor forma de activismo es cambiar tu desorbitadamente cara reserva de hotel? Los hay que han hecho un llamamiento al boicot total de los países que persiguen a las personas LGTB, lo cual tendría sentido si estos países fueran solo destinos vacacionales. Pero, tal como han señalado algunos usuarios de Twitter, no es tan fácil cortar el vínculo para las personas queer con lazos familiares con esos países.
Si el argumento es que la cancelación de las reservas de unas cuantas estrellas de Hollywood provocará la ruina del sultán, obviamente no se sostiene por ninguna parte: el petróleo es mucho más lucrativo que la industria hotelera, e incluso se ha llegado a asegurar que esta medida podría resultar en la pérdida de empleo de personas inocentes. Aunque esto es improbable por varias razones, el razonamiento pone de manifiesto que nuestros actos pueden tener consecuencias y que a veces no son las que esperamos.
Lo que sí sabemos es que protestas similares han frenado al sultán en el pasado y que nada sugiere que no puedan volver a hacerlo. “Es de vital importancia que este clamor se oiga por todo el mundo”, señala Phil Robertson, Secretario de Estado de la filial de Asia de Human Rights Watch. “Las personas en riesgo de sufrir estos castigos tienen que estar informadas de que no deben viajar a Brunéi ni cruzar el sultanato. Y la presión internacional contribuirá a garantizar el asilo político a los bruneanos que huyan del país”. Cabe destacar que esto dependería de la voluntad del Ministerio del Interior de hacer que se cumpla la justicia, algo en lo que no destaca, precisamente. Pero Robertson está en lo cierto al señalar que cuanto más se hable, más probable será que las autoridades esté dispuestas a escuchar.
Por muy duro que sea no dejarse abrumar por esta situación ⎯sobre todo si se tiene en cuenta que Brunéi no es ni mucho menos el único país que castiga a personas vulnerables con leyes draconianas⎯, pero no debemos perder la esperanza, y mucho menos debemos relajarnos y limitarnos a señalar con el dedo a quienes están intentando provocar el cambio. Siempre hay cosas que podemos hacer: amplificar el debate y conseguir que trascienda los primeros titulares; firmar peticiones por internet; llevar la reivindicación a la calle; presionar a los diputados; donar a asociaciones benéficas como All Out y Amnistía Internacional. Si mantenemos la presión, puede producirse un cambio.
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