Estados Unidos y la Unión Europea parecen haber entrado en rumbo de colisión por causa de un cambio en la política de Washington hacia Cuba que amenaza a las empresas europeas con inversiones en la isla.
La pasada semana, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que permitirá que ciudadanos estadounidenses demanden a las compañías extranjeras con intereses en propiedades confiscadas después de la revolución de 1959, bajo los términos de la denominada Ley Helms-Burton.
Pero la UE ya advirtió que se podría verse "obligada a utilizar todos los medios a su disposición para proteger sus intereses" en la nación caribeña, incluyendo reactivar un caso en contra de EE.UU. en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De hecho, en una carta enviada al secretario de estado de EE.UU. Mike Pompeo, las encargadas de relaciones exteriores y comercio de la UE le recordaron que las empresas europeas demandadas en ese país podían recurrir a los tribunales europeos para tratar de recuperar cualquier pérdida.
Y en la misiva, citada por la agencia Reuters, Federica Mogherini y Cecilia Malmström también le hicieron notar a Pompeo que muchos de los principales potenciales demandantes bajo la Ley Helms-Burton, también tenían intereses en la Unión Europea. "Esto podría desencadenar un ciclo contraproducente que perjudicará el clima de negocios", se lee en la carta.
Las cancillerías de varios países europeos se han pronunciado en el mismo sentido, con Reino Unido recordando que considera "ilegal, según el derecho internacional la aplicación extraterritorial de las sanciones del Título III (de la Ley Helms Burton)" y advirtiendo que trabajará con la UE para proteger a sus empresas.
"La mejor manera de alentar a Cuba a respetar las libertades democráticas y los derechos humanos, implementar una reforma política o desempeñar un papel menos nocivo en Venezuela es a través del diálogo y la cooperación, no del aislamiento", dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores británico. "La demanda ante la OMC diría que es casi obligada", dio por su parte el embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo.
Ley Helms-Burton
La Ley Helms-Burton fue aprobada por el congreso estadounidense en 1996, pero su Título III, que permite las demandas por propiedades en Cuba, fue suspendido casi inmediatamente para evitar un conflicto con la UE y Canadá, que también tiene empresas con importantes inversiones en Cuba.
Y durante 23 años, las administraciones Clinton, Bush, Obama y hasta la del mismo Trump siguieron haciendo lo mismo cada seis meses, con la última suspensión firmada por Pompeo a inicios de mes para extenderla hasta el próximo 1 de mayo.
Trump, sin embargo, ha venido endureciendo la posición estadounidense en claro contraste con la política de acercamiento de Barack Obama y la pasada semana su asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunció el próximo levantamiento de la prohibición como parte de una serie de medidas destinadas a presionar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que describió como "una troika de la tiranía".
Aunque todavía no está claro si las potenciales demandas, que se cree serían presentadas principalmente por ciudadanos cubano-estadunidenses, serían admisibles en los tribunales estadounidenses, que podrían verse sobrepasadas por las mismas.
Según la agencia de inteligencia Stratfor, las demandas vinculadas a las confiscaciones podrían sumar unos 6.000 casos por un valor estimado en US$1.900 millones, sin incluir décadas de interés.
Reuters, por su parte, afirma que el departamento de Justicia de Estados Unidos ha certificado unos 5.913 reclamos de compañías e individuos que fueron sujeto de expropiación en Cuba, por un valor estimado en US$8.000 millones.
Mientras que el departamento de Estado calcula que el levantamiento de la prohibición podría producir hasta 200.000 demandas judiciales. Entre las firmas estadounidenses con derecho a reclamos figuran además verdaderos pesos pesados como Exxon Mobil, Texaco, Coca Cola, Colgate Palmolive y Office Depot. Pero muchas podrían abstenerse para no tener que enfrentarse en tribunales a algunos de sus clientes o afectar sus operaciones en la UE.
Problemas a la vista
Numerosos expertos también han advertido que las posibilidades de que los que fueron confiscados reciban alguna compensación podría verse complicado, en lugar de facilitado, por la entrada en vigor del polémico Título III.
En contraste, lo que sí parece seguro es un enfrentamiento entre Washington y Bruselas, por más que Bolton haya dicho que la decisión no pasaría de ser un pequeño bache para el mundo de los negocios pero "manda una poderosa señal" a Cuba.
Entre las empresas europeas que podrían verse afectadas están las cadenas hoteleras españolas Meliá, Iberostar y Barceló, así como su similar francesa Accor. También el fabricante de licores francés Pernod Ricard, dueño de la marca Havana Club, y el conglomerado de bienes de consumo británico-holandés Unilever.
De hecho, desde 2017 la Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba, que ha sido objeto de numerosas sanciones comerciales por parte de EE.UU. -incluyendo un embargo económico- desde el inicio de la década de 1960.
Pero, para muchos analistas, el recrudecimiento de las sanciones -que se habían relajado muchísimo hacia el final del segundo mandato de Obama- tienen como objetivo principal debilitar la alianza entre Cuba y Venezuela. Y, sobre todo, congraciar a Trump con la influyente comunidad cubano-estadounidense de Florida de cara a a las elecciones de 2020.
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