La cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard han sido las primeras en reaccionar: no temen a la ley Helms-Burton, que EE UU prevé reactivar permitiendo a sus tribunales aceptar las demandas de los dueños de propiedades confiscadas en Cuba. Estas dos empresas seguirán operando con normalidad y, según vaticinan abogados e inversores, esta será la reacción de la mayoría de las firmas extranjeras con negocios en la isla, aunque los expertos alertan de que no se han de subestimar los daños que provocará la ley.
El objetivo de Washington es aislar a Cuba y generar un clima de miedo e incertidumbre que desincentive futuras inversiones. La veda se abre el 2 de mayo, cuando los tribunales federales de Estados Unidos empiecen a recibir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas después de 1959. En La Habana se toma muy en serio la amenaza, que llega acompañada de medidas para restringir los viajes, el envío de remesas y el incremento de la presión sobre el sistema financiero internacional, en momentos en que la isla se prepara para enfrentar una nueva etapa de escasez.
El escenario que se avecina es inédito y preocupante. Nadie creyó que el polémico Título III de la ley, que permite los litigios y la imposición de sanciones a empresas que “trafiquen” con bienes expropiados, se aplicaría nunca, después del acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas en 1998 para mantenerlo en suspenso. Pero la Administración Trump así lo ha hecho, sin tener en cuenta las advertencias de la UE, que ya ha hecho saber que si sus empresas son perjudicadas actuará y estallará una guerra comercial de consecuencias inciertas.
“El término traficar es deliberadamente ambiguo y no afecta solo a las empresas con inversiones en propiedades confiscadas”, explica José María Viñals, abogado especialista en sanciones. “Pueden ser afectados todos aquellos que se beneficien o realicen operaciones comerciales que impliquen propiedades objeto de reclamación, no solo bienes inmuebles, tierras, edificios, hoteles, etc., sino también patentes y marcas, por lo que el espectro de posibles demandados es casi infinito”. Explica Viñals que, en el caso de los hoteles, por ejemplo, la ley Helms-Burton “no sólo afecta a grupos como Meliá, Iberostar o Accor —aunque la propiedad de los establecimientos sea cubana—, sino también a los turoperadores, agencias de viaje o los que venden a estos hoteles jabón, toallas o lámparas”
IMPACTO DE LEY
Por si acaso, muchas empresas europeas ya han empezado a contratar abogados como Viñals y Bruselas advierte de que contratacará. “Obviamente, a quien más perjudica es a los que tienen propiedades, intereses o cuentas en Estados Unidos, que podrían ser embargadas. Pero afecta a todos”, señala Viñals, que hace un mes intervino en un seminario organizado por la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba para explicar el alcance de la ley. Allí estaban representadas las principales cadenas hoteleras y bancos como el Sabadell, que cada vez encuentra más dificultades para operar en Cuba. “A los que ya están, se lo pone más difícil; a los que pensaban venir, han de evaluar ahora el riesgo adicional; y un deterioro de la de por si frágil economía cubana perjudica a todos”.
La UE es uno de los principales socios comerciales de Cuba, con unos 2.200 millones de dólares anuales de exportaciones —la mitad españolas—, y también es líder en inversiones. “Sin duda, el objetivo es generar confusión, miedo, disuadir”, opina el representante en Cuba de un fondo de inversiones europeo, señalando que, hoy por hoy, más difícil que encontrar dinero para invertir en Cuba es poder traerlo, pues por miedo a las multas y a las sanciones de Estados Unidos son pocos los bancos que quieren realizar estas transacciones.
“Además, y este es un escollo principal, está el marco legal cubano, que hace muy complejo, burocrático y engorroso el proceso de negociación de una inversión. Lo admiten las autoridades: el país necesita captar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para reactivar la economía y no se llega ni a un tercio; y no es por falta de interés de los empresarios, sino por los mecanismos establecidos”. Considera que, ahora, ante la crisis que se avecina, “Cuba deberá flexibilizar su legislación para impulsar de verdad la inversión extranjera”, criterio que comparten la mayoría de los empresarios consultados.
INCERTIDUMBRE
“Lamentamos la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio de levantamiento de la suspensión”, ha dicho la cadena hotelera Meliá en un comunicado. La empresa mallorquina, que administra 32 hoteles y más 14.000 habitaciones en la isla, expresó que Cuba es “un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional” y señaló que continuará “operando con plena normalidad”. La cadena explicó que no tiene en propiedad “bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación”, y afirmó que, “de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas, etcétera”.
De forma similar reaccionó la francesa Pernod Ricard, que comercializa anualmente 40 millones de botellas de ron Havana Club, y se espera que la empresa minera canadiense Sherritt y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan lo propio.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Albero Navarro, señaló, que pese a la decisión de continuar de los principales grupos, “hay una enorme preocupación en el sector empresarial”.
“Hay empresarios que llevan más de 20 años trabajando en Cuba y que han apostado por invertir sus recursos para impulsar el comercio, el turismo, los intercambios, y comentan que nunca no han vivido una situación parecida”, añade Alberto Navarro. La locura es tal que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser sancionados, en caso de que un juez federal de Estados Unidos dictamine que eso es “tráfico” porque ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor está obteniendo un beneficio.
El embajador de la UE en La Habana ha sido tajante a la hora de criticar la aplicación de la Ley Helms-Burton y las nuevas sanciones de Washington, por atentar “no solo contra las empresas extranjeras, que tienen leyes antídoto y mecanismos para defenderse, sino sobre todo contra el pueblo cubano y el incipiente sector privado, para el que la restricción de los viajes y las remesas son fatales”.
EE UU TAMBIÉN RESTRINGE REMESAS Y VIAJES
La luz verde a la Ley Helms-Burton llega en momentos en que Estados Unidos arrecia su presión sobre Cuba. En abril pasado se anunciaron medidas para restringir las remesas y los viajes a la isla, algo que puede afectar a las compañías de cruceros estadounidenses.
La Habana observa preocupada el escenario mientras se prepara para enfrentar un nuevo periodo de escasez por la inestabilidad en Venezuela, con una crisis política y económica que difícilmente se resolverá pronto. El jueves pasado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, admitió que las medidas tendrán un impacto en la economía y pidió la reacción de la comunidad internacional: “El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar países impunemente debe actuarse antes de que sea demasiado tarde”.
PRIMERA DEMANDA DE LA LEY HELMS-BURTON
El muelle de cruceros de Santiago de Cuba, uno de los bienes confiscados por el régimen cubano después de 1959, será la primera propiedad en ser reclamada con la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, informó este domingo Radio Televisión Martí.
La demanda será interpuesta en los tribunales el próximo 2 de mayo por el neurocirujano cubano estadounidense Javier García-Bengochea, heredero de los antiguos dueños del muelle, contra la compañía de cruceros Carnival Cruises Line por, supuestamente, traficar con un activo que le fuera confiscado a su familia a inicio de los años 60.
“El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del Dr. García-Bengochea y será la primera demanda que se radicará el próximo día 2, a las 9:00 AM, en el Tribunal Federal del distrito sur del estado de la Florida”, aseguró a Martí Nick Gutiérrez, uno de los abogados del demandante.
García-Bengochea, residente en Jacksonville, Florida, heredó la terminal portuaria de su primo Alberto Parreño, quien manejaba la compañía -entonces La Marítima Parreño- confiscada sin indemnización en 1960.
En la instalación, ahora nombrada Guillermón Moncada, se encuentra el muelle de cruceros, que desde hace varios años recibe los navíos de Carnival, una de las cuatro grandes compañías que dominan esa industria.
Aunque la activación del título III de la Ley Helms-Burton traerá consigo una lluvia de querellas y demandas de familiares de antiguos propietarios, los procesos judiciales contra las empresas o ciudadanos que operan esos bienes podrían durar varios años.
“Algunas empresas se van a preocupar, se darán cuenta de que no pueden operar en esas propiedades y se retirarán de Cuba. Quizá, otras entrarán en algún tipo de acuerdo con los exdueños de estos activos y los que estaban pensando en invertir ahora se retractarán,” comentó Jaime Sushliki, profesor del Centro de Estudios Cubanos.
Según el académico, los litigios pueden durar hasta 10 años y es de esperar que, a la larga, sea el turismo de la Isla el principal damnificado por las demandas.
Por su parte, el abogado Gutiérrez señaló que podrían establecerse acuerdos entre las partes para evitar dilatar los procesos judiciales.
“Es muy probable que muchas de estas demandas terminen en arreglos, es decir, que los traficantes paguen, indemnicen a los propietarios por el uso de los activos”, explicó el jurista.
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