Crece la lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. La gobernadora de Maine ha ratificado con su firma un proyecto de ley, previamente aprobado por ambas cámaras legislativas del estado, que lo convierte en el 18º de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos.
El pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
Se trataba de la segunda vez que el legislativo del estado aprobaba una iniciativa en este sentido. Pero en la anterior ocasión, en junio de 2018, el entonces gobernador republicano Paul LePage vetó el proyecto aprobado por las cámaras, que no consiguieron la mayoría necesaria para anular el veto. Su sucesora, la demócrata Janet Mills, sí que ha ratificado la medida, que entrará en vigor en septiembre de este año. Mills, de hecho, ha apoyado de forma entusiasta la prohibición de unas prácticas «dañinas y ampliamente desacreditadas que no tienen cabida en Maine».
California fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron Oregón, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware, New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.
En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.
La situación en Europa
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido dan pasos en la misma dirección y también se debate sobre el asunto en Alemania. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTB (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (y no solo debido al escándalo de la diócesis de Alcalá: otros casos recientes como el de la «terapeuta» Elena Lorenzo, las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.
«No» rotundo de los especialistas a las «terapias» reparadoras
A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser «honestos» con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
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