La prensa oficial cubana —la única tolerada por el gobierno— aclaró este viernes que “no existe ningún impedimento” para que la diáspora invierta en la isla. Eso sí, bajo la Ley de Inversión Extranjera y no como nacionales cubanos.
En un artículo en la web oficialista Cubadebate, Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, precisó que bajo la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el Parlamento en 2014, “no se establece ninguna limitación respecto al origen del capital”.
La funcionaria se pronunció en la misma línea que el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, quien en un tuit publicado hace una semana aseguró que los ciudadanos “de origen cubano” no estaban impedidos de invertir en la isla. El embargo estadounidense prohíbe a ciudadanos norteamericanos invertir en la isla, para lo cual necesitan pedir autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
Las declaraciones llegan en un momento de especial tensión para las finanzas del gobierno comunista, que debe más de $1,500 millones a proveedores de alimentos y se enfrenta a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de la administración del presidente Donald Trump. Bajo esta ley los ciudadanos norteamericanos y cubanos naturalizados estadounidenses pueden demandar a las empresas que inviertan en propiedades expropiadas por el gobierno cubano en la década de los años 1960.
“La ley de inversión extranjera no señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista debe tener el domicilio y capital fuera de Cuba”, dijo Rivas a Cubadebate.
“ No existe un monto de capital establecido en nuestras normas como mínimo para aprobar las inversiones extranjeras; en todos los casos se realiza el análisis integral del proyecto propuesto y si el capital a desembolsar se corresponde con la inversión a ejecutar”, agregó.
Sus declaraciones contrastan con las del canciller Bruno Rodríguez en un encuentro con Cuban Americans for Engagement, una organización formada por cubanoamericanos y ciudadanos estadounidenses para facilitar el acercamiento entre Estados Unidos y la isla. En 2012 Rodríguez dijo ante los cubanoamericanos interesados en participar en las inversiones en Cuba que a pesar de que existía “la base legal para que los cubanos de la emigración inviertan”, al gobierno cubano no le interesaban los iinversionistas que aporten “100,000, 200,00, 300,000 dólares”.
“Cuba anda buscando inversiones que son de magnitud a las que no llega como regla la emigración”, dijo el canciller.
Según cifras oficiales, la isla necesita atraer anualmente $2,500 millones en inversión extranjera para su desarrollo y ha identificado “sectores clave” para invertir: industria, sector agroalimentario, turismo, minería, biotecnología, petróleo y energías renovables, entre otros. Cada año el gobierno publica una cartera de negocios con centenares de proyectos valorados en más de $10,000 millones, pero no logran atraer a muchos inversionistas.
Según el economista Omar Everleny Pérez, el principal problema de las inversiones extranjeras en la isla está en la excesiva burocracia, que hace que el ritmo de aprobación sea “lento y burocrático”.
Entre los problemas que afectan a la inversión extranjera están la dualidad monetaria y la prohibición para contratar mano de obra local sin tener como intermediario al gobierno cubano, que se queda con parte del salario de los empleados. Algunas empresas han optado por llevar a la isla trabajadores extranjeros para pagar los salarios directamente y asegurar una mayor calidad en las obras.
Incluso durante el deshielo de la era del presidente Barack Obama algunos proyectos de inversión estadounidense en la isla se frustraron debido a condicionamientos de la parte cubana. Fue el caso de la empresa Cleber LLC, que proponía ensamblar tractores en la llamada Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Tras de recibir una amplia cobertura mediática al ser el primer negocio con capital 100 por ciento estadounidense en Cuba después de varias décadas, la empresa del cubanoamericano Saul Berenthal, que iba a ensamblar tractores para uso agrícola en Cuba, fue rechazada por las autoridades cubanas.
Según reportó el Nuevo Herald anteriormente, el rechazo de la empresa —que fue aplaudida por el propio Obama durante su visita a la isla en 2016— se debió a que Berenthal realizó el trámite de repatriación, que le devolvió sus derechos como ciudadano cubano a la vez que le prohibió invertir en la isla como empresario extranjero.
“¿Pueden las personas naturales cubanas residentes en el país participar en la inversión extranjera? No. Esta ley se dirige a potenciar a inversionistas extranjeros o a cubanos residentes fuera del país y con el capital igualmente en el exterior para así atraer financiamiento, tecnología avanzada, mercados para nuestros productos y generar nuevos ingresos”, explica un estudio sobre la Ley de Inversión Extranjera en la isla.
Al incipiente sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. El gobierno sigue manteniendo como principal sostén de la economía a las improductivas “empresas estatales socialistas”.
Recientemente, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, pidió a La Habana “más apertura comercial” ante la activación del Título III de la Helms-Burton. Rivas, la funcionaria de Comercio Exterior, respondió al embajador en la prensa oficial que la isla prepara una “ventanilla única para la inversión extranjera” para acortar los tiempos de espera en la aprobación de los proyectos de inversión.
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