El Tribunal Superior de Botsuana anuló el martes las leyes que criminalizaban la homosexualidad, una decisión histórica que causó celebraciones entre las personas homosexuales y los activistas de los derechos civiles en todo el continente africano.
Sin embargo, se llegó a la resolución tan solo semanas después de que la Corte Suprema de Kenia ratificara las leyes que criminalizan el sexo entre personas homosexuales, lo que evidencia las grandes diferencias en la manera en que se trata a las personas de la comunidad LGBT en toda África, una región donde la religión, los gobiernos diversos y la historia colonial influyen en las opiniones.
¿Qué pasó en Botsuana?
Un demandante anónimo, identificado en los documentos del tribunal como L.M., desafió las leyes antisodomía el año pasado. L.M. escribió una declaración, que fue leída en el tribunal por sus abogados, en la que decía: “No buscamos que la gente esté de acuerdo con la homosexualidad, sino que sea tolerante”.
Cuando el caso fue presentado ante el tribunal ante el tribunal, un abogado del gobierno argumentó que la ley no debe anularse porque refleja los valores de la sociedad de Botsuana, y presionó a los demandantes para que proporcionaran pruebas de que habían cambiado esos valores. Sin embargo, el martes, tres jueces votaron por unanimidad a favor de anular las leyes.
Al emitir la resolución, el juez Michael Leburu dijo que las leyes eran “discriminatorias” hacia las personas homosexuales y violaban la Constitución de Botsuana y argumentó que anularlas era una cuestión de protección de los derechos humanos.
¿Qué postura tiene el resto de África?
Según Human Rights Watch, 32 de los 54 países del continente africano tienen leyes que criminalizan el sexo consensual entre personas del mismo sexo, y cada uno ha establecido sus propias disposiciones.
Sudáfrica se convirtió en el primer país del continente en descriminalizar la homosexualidad en 1998, cuando la Corte Suprema de Johannesburgo dictaminó que las leyes en torno a la sodomía del país violaban la Constitución posapartheid del país, que recién había adoptado.
Desde 2010, varios países más en el sur de África han descriminalizado las relaciones entre personas del mismo sexo, entre ellos Mozambique, Angola y Lesoto. En 2006, Sudáfrica legalizó el matrimonio igualitario, por lo que se convirtió en el quinto país del mundo en hacerlo.
Estos desafíos a menudo ocurrieron tras iniciativas para reformar el código penal y campañas por parte de funcionarios de salud pública para contrarrestar la propagación de VIH, dijo Neela Ghoshal, investigadora de Human Rights Watch.
Ghoshal dijo que los grandes movimientos sociales, como el final del apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 o los levantamientos de la Primavera Árabe que comenzaron en Túnez en 2010, también crearon el espacio para que crecieran los movimientos a favor de los derechos de las personas homosexuales.
Sin embargo, a pesar de las leyes tolerantes de Sudáfrica, las personas homosexuales y transgénero siguen siendo víctimas de la violencia, lo cual ejemplifica las grandes disparidades en algunos países africanos entre lo que dice el código legal y la manera en que las autoridades deciden aplicarlo.
En algunos países, dijo Ghoshal, las antiguas leyes que criminalizan la homosexualidad no se aplican en absoluto, mientras que en países que jamás han tenido leyes en su contra, siguen existiendo situaciones de estigma social, violencia y discriminación.
Señaló que en Kenia —donde la Corte Suprema ratificó las leyes que criminalizan el sexo entre las personas homosexuales el mes pasado— las personas de la capital eran en gran medida tolerantes, mientras que quienes viven en las zonas rurales tendían a rechazar más a las personas homosexuales.
Algunos gobiernos han adoptado un papel activo en la ofensiva contra las personas homosexuales. Según Ghoshal, en Egipto los movimientos a favor de los derechos de las personas homosexuales fueron reprimidos después de la Primavera Árabe con el ascenso del presidente Abdulfatah el Sisi, y la policía comenzó la persecución de activistas.
“Quizá hay más personas en prisión debido a asuntos relacionados con los derechos de la comunidad LGBT en Egipto que en cualquier otro lugar del mundo”, comentó.
De igual manera, la legislatura de Uganda ha adoptado posturas hostiles respecto a las personas homosexuales, en parte influenciadas por los ministros cristianos evangélicos conservadores, dijo Adotei Akwei, director adjunto de defensa y relaciones gubernamentales para Amnistía Internacional. Un tribunal de Uganda acabó con una ley punitiva contra las personas homosexuales en 2014, pero dejó abierta la posibilidad de que la medida pueda volver a imponerse.
Akwei dijo que la decisión de Botsuana era “un gran paso a contracorriente” en un continente que en gran medida “ha tenido una opinión muy conservadora y hostil sobre los derechos de la comunidad LGBT”.
¿Hay posibilidades de que haya más cambios?
Las convenciones sociales conservadoras siguen siendo una fuerza importante en gran parte del continente. Muchos kenianos tienen fuertes opiniones en contra de las personas homosexuales —el 90 por ciento de los kenianos dijeron que la sociedad no debe aceptar la homosexualidad, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew de 2013— y los jueces que participaron en la decisión del mes pasado en Kenia argumentaron que la homosexualidad se oponía a los valores tradicionales.
Un intento por acabar con las leyes antisodomía de Botsuana fracasó en 2003, pero los activistas tuvieron un progreso “gradual” después, dijo Anna Mmolai-Chalmers de Lesbianas, Homosexuales y Bisexuales de Botsuana. Botsuana, que se considera una de las democracias más estables de África, cambió su ley de empleo para evitar la discriminación en contra de las personas de la comunidad LGBT en 2010, y la Corte Suprema dictaminó a favor de un hombre transgénero que buscaba su reconocimiento legal en 2017.
Además, en septiembre de 2018, el presidente Mokgweetsi Masisi de Botsuana expresó su apoyo para las personas homosexuales y dijo: “Al igual que los otros ciudadanos, merecen que sus derechos sean protegidos”.
Ghoshal, la investigadora de Human Rights Watch, dijo que se mostraba optimista acerca de que pudiera llevarse a cabo una apelación en el caso de Kenia, y Mmolai-Chalmers dijo que los activistas en Malaui y Mauricio estaban animados por el cambio en Botsuana.
“Reclamemos los derechos que sabemos que tenemos como ciudadanos, poco a poco, antes de desafiar la descriminalización”, comentó.
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