Byron Cruz Calderón fue llevado en agosto de 2018 a las celdas de la Policía en Pueblo Nuevo, al norte de Nicaragua, en el departamento de Jinotega. Ahí fue acuchillado en el estómago y en sus genitales. Cruz dio su testimonio cuando se encontraba en el hospital, mientras sus familiares acudieron para hacer la denuncia a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo fundado hace 41 años que ha recibido las acusaciones de ciudadanos víctimas de la represión oficial con las que el gobierno de Daniel Ortega buscó frenar las protestas que surgieron el 18 de abril de ese año.
En la denuncia se señala a la Policía y civiles armados de atrapar a Cruz en su casa, en el sector de El Dorado. De agredirlo. El día de su captura, estaba tranquilo cuando llegaron a buscarlo. Él quiso escapar y para llevárselo le dispararon en la rodilla izquierda. Su caso se sumó a la lista de los 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entidad también da cuenta de 328 muertos.
La historia Cruz, de 31 años, inició con las acusaciones de un oficial sobre su participación en las protestas de acuerdo con esta investigación de CONNECTAS la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región. Agentes y parapoliciales actuaron contra los manifestantes antigubernamentales que levantaron barricadas para defenderse del operativo que las autoridades bautizaron como “operación limpieza”, y que fue desarrollado hasta julio de ese año.
El uso excesivo de fuerza de las autoridades policiales, el ataque de grupos de choque del gobernante Frente Sandinista -algunas veces coordinado con los oficiales- o de civiles armados contra opositores son parte de lo vivido por Nicaragua desde entonces, de acuerdo con organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Al menos 25 casos de presos políticos, cuyas historias han sido publicadas en los diarios de Nicaragua, Estados Unidos, o los han entrevistado organismos de derechos humanos, han permitido identificar un patrón de vejámenes cometidos contra los opositores detenidos: golpizas, desprendimientos de uñas y dientes, choques eléctricos, derrames de ácidos en el cuerpo, asfixia, quemaduras con cigarro, maltrato psicológico, abusos sexuales y violaciones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la OEA y que investigó lo ocurrido en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo, fueron expulsados en diciembre de Nicaragua horas antes de la presentación de su informe. Denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y pidieron una investigación contra Daniel Ortega y la cúpula policial, lo que contradijo la versión oficial que sostiene que fueron víctimas de un golpe de Estado.
“Se ha registrado una gran cantidad de detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas, incluyendo a decenas de adolescentes. Existen evidencias de malos tratos y abuso de la fuerza al momento de concretar las aprehensiones y durante los traslados de detenidos. Asimismo, existe información sobre condiciones inhumanas de detención en unidades policiales y penitenciarias y denuncias de torturas que será necesario investigar cuando existan las condiciones”, reveló el GIEI.
Nicaragua es uno de los países signatarios de la convención interamericana para prevenir y castigar las torturas, adoptada en el seno de la OEA en 1985. En ese documento se explica lo que se entiende por tortura, según el artículo dos, en que se describe que la misma se da cuando intencionalmente se inflige a una “persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.
El gobierno negó que practicara torturas contra los detenidos por las manifestaciones. En noviembre de 2018, el viceministro Luis Cañas sostuvo a la Voz de América que “si nosotros nos pusiéramos a atender esas noticias falsas, les aseguró que no trabajaríamos sólo en estar atendiendo esas noticias, no solo falsas, sino que malintencionadas”. Cañas es de Gobernación, órgano a cargo del sistema penitenciario y trabaja en coordinación con la Policía.
Ana Quiroz, directora del organismo no gubernamental de derechos humanos, Centro de Información y Servicio de Asesorías de Salud (Cisas), al que el Estado de Nicaragua le canceló la personería jurídica de ese organismo en noviembre pasado, informó que lograron documentar los abusos cometidos por las autoridades a ocho mujeres.
Quiroz narra que a las opositoras detenidas las obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas ante agentes impasibles según este relato publicado en NICARAGUA CONNECTAS Eso ocurre en las estaciones locales de la Policía como en El Chipote, que es la dirección de Auxilio Judicial adonde las autoridades trasladan a personas sujetas de investigación; en La Modelo, que es la cárcel de hombres, y La Esperanza, la de mujeres, ubicadas estas últimas al norte de la capital.
“La mayoría de las personas que han sido abusadas o violadas han salido del país”, dijo Quiroz. “Le decían a la gente: ¿qué preferís? ¿Qué te mate o que te viole, que te siga golpeando o que te viole?” -según ella- “poniendo en la responsabilidad de la mujer en este caso el ser víctima de violación”.
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, asegura que ha recibido nueve denuncias de mujeres que han sido violadas por policías y por “paramilitares”. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y parapoliciales, en el departamento de Matagalpa.
Las denuncias expuestas ante este organismo de derechos humanos revelan que las víctimas han sido abusadas y violadas cuando han estado detenidas en la Policía. Sus casos poco se conocen. Carla, de 19 años, participó en las protestas. La capturaron en Managua el 13 de junio de 2018 oficiales y hombres vestidos de civil y encapuchados que se movilizaban en cuatro camionetas. Después de varias horas de interrogatorio, tenía frío y dolor de cabeza. Estando en El Chipote, ingresó un hombre encapuchado y vestido de civil para continuar.
“Me dijo: o te dejas coger (violar) o te turqueo (golpear). Mi respuesta fue: vos crees que tengo opción. Y pasó lo que pasó”, relató. El caso de ella ha sido documentado por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), y Amnistía Internacional.
Los abusos cometidos por las autoridades contra presos políticos han ocurrido también en los centros de penitenciaría. Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino y excarcelado el pasado 13 de junio tras ocho meses de encierro, relató que en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, supo de violaciones. “Compañeros de celdas fueron violados (penetrados) con fusiles AK-47. Conocí dos casos: los golpearon hasta dejarlos inconscientes”, denunció. Según su relato, a las víctimas ni siquiera les atendieron médicamente.
En un caso parecido, la madrugada del 15 de mayo de 2018, dos líderes estudiantiles fueron abusados sexualmente. Varias camionetas con civiles armados y Policías sitiaron las barricadas cercanas al hospital San Juan de Dios, en Estelí, al norte del país. Ahí capturaron a un joven quien pidió anonimato a CONNECTAS para contar su historia.
Lo llevaron a la estación de la localidad y lo trasladaron finalmente a la capital, a las celdas de El Chipote, con otro de sus compañeros de lucha. Los mantuvieron desnudos hasta que los violaron con la punta de los fusiles AK-47. “Perdí el conocimiento del dolor, me quedé a oscuras, se me fue todo (la conciencia), es un dolor que nunca había sentido, sentía los minutos largos”, narra.
Sus agresores vestían de negro y se cubrieron el rostro con pasamontañas mientras los torturaban. Les hacían preguntas sobre quién pagaba las protestas, cómo se habían organizado, quién les daba las órdenes. Con tanto dolor, perdieron la noción del tiempo. Seis días después de su detención, ellos fueron liberados hasta que sus captores se convencieron de que no tenían información de su interés.
Los jóvenes fueron adonde el médico Josmar Briones, quien los atendió y contó meses después su historia al organismo Human Rights Watch, cuya sede está en Washington, capital de Estados Unidos. Briones es uno de los más de 200 médicos nicaragüenses que debieron salir al exilio por su seguridad en el contexto de las protestas. Muchos días después, el neurocirujano recuerda los rostros de las víctimas cuando llegaron a su clínica y no podían caminar.
Para la activista Ana Quiroz, la violación es la última forma de sometimiento, de ejercer el poder sobre las personas y de demostrarles en su concepción quienes son los que mandan. “Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”.
Una especialista en medicina que prefirió no ser identificada para este reportaje sostiene que el torturador persigue con la violación sexual crear terror y obtener información que el gobierno considera esencial. “Es el acto más cruel e inhumano que existe”.
Entre las agresiones denunciadas están el acoso sexual; amenazas de violación; encierro en ropa interior; golpes, quemaduras con cigarros y derramamiento de químicos en los genitales; así como choques eléctricos, mutilación, violación o violación sexual múltiple.
Abusos también fueron manosear a los familiares de presos políticos durante las requisas que ordenaban previo a la visita de estos a los reos de conciencia, pero la lista de atropellos empezó incluso antes de que las cárceles se llenaran con 700 presos políticos por la manipulación del sistema de justicia según los parientes de estos.
El asesinato de Carlos Antonio Flores, de 19 años, prueba este tipo de vejámenes. “A él me lo degollaron, en la cabeza me le dieron varios machetazos atrás, sus manitos, las dos manos, me le volaron su cosita (genitales), fue horrible esa muerte, él no era ningún vago, era estudiante”, dice Gioconda Ríos, la madre.
El muchacho se dirigía a unas prácticas de boxeo en el municipio de Ciudad Sandino, ubicado a 11 kilómetros al oeste de Managua. Era el 22 de abril de 2018 cuando lo asesinaron. Día de su cumpleaños. Él es otro de los fallecidos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Era estudiante de secundaria y se preparaba para una pelea que tenía programada para el 14 de mayo de 2018, según su progenitora.
Se dirigía a la plaza del municipio para ejercitarse cuando fue atacado por un grupo de delincuentes y miembros de la Juventud Sandinista, explicó ella al hacer su denuncia ante la CPDH, que convocó a una rueda de prensa, en la que la progenitora habló de espaldas a las cámaras por temor a represalias.
El Grupo de Expertos Independientes, de la OEA, aseguró que el cadáver permaneció durante horas en la vía pública, a pesar de que sus familiares llamaron a la Policía para que iniciara las investigaciones y al Instituto de Medicina Legal para que trasladara el cuerpo para la autopsia. El croquis se hizo hasta tres semanas después de ocurrido el crimen.
Cuando la familia recibió el cuerpo, ellos notaron que tenía una herida en el cuello, las dos manos le fueron amputadas, tenía quemaduras y la mutilación genital. Al final, sus agresores lanzaron el cuerpo ensangrentado a la calle. Fue una vecina quien pidió llevárselo antes que “los victimarios le prendieran fuego”. Así Carlos fue una víctima más de la violencia sexual en la represión contra quien piensa distinto, un capítulo inédito de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde las protestas del año pasado.
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