Pocos asuntos despiertan mayor triunfalismo oficial en Cuba y críticas más unánimes por parte de sus opositores fuera de la isla que la educación pública, que junto con el sistema de salud constituyen las dos grandes “conquistas de la Revolución”. Pero el régimen castrista tiene cada vez más difícil mantener los estándares que una vez hicieran su sistema la envidia de los países emergentes: escasez de docentes, aulas cochambrosas, profesores sustitutos de primero de carrera y uniformes comprados en Miami hace que la otrora joya del socialismo cubano se desmorone.
Un buen ejemplo es Yanelys. Cuando se enteró que la escuela de su hijo no había sido seleccionada para el ERCE (un examen similar al informe PISA), se temió lo peor. Un mes más tarde le informaban que la maestra de su pequeño de ocho años debía ser trasladada a otro centro que sí pasaría la prueba debido a que faltaban los docentes de varios grados. La solución para el hijo de Yanelys y sus compañeros fue una estudiante de tercer año de Pedagogía para darles clase tres días por semana, alternando esa responsabilidad con sus propios estudios universitarios. Al final, tres sustitutas pasaron por ese curso.
"Nos enfrentamos a un curso de retos", reconoció hace pocos días la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, tras recorrer las provincias verificando los preparativos del calendario lectivo, que ha comenzado este septiembre. Ante la difícil situación para lograr maestros, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció en junio un inesperado aumento salarial que benefició especialmente a los casi 300.000 maestros y profesores del país, con incrementos que duplicaron –y en muchos casos triplicaron– los pagos. Como consecuencia de la medida, 8.000 docentes que habían abandonado al sector solicitaron reincorporarse, permitiendo –por primera vez en muchos años– que la "cobertura docente" sea casi total (los datos más recientes la estiman en alrededor de un 98%).
Mientras, en Cuba florecen las academias privadas de "repasadores", a las que muchos padres envían a sus hijos para que refuercen –o incluso reciban– parte de los contenidos que debieron haber adquirido en clase. A pesar de los buenos resultados del país en pruebas internacionales, la percepción generalizada es que “las escuelas de ahora no enseñan como las de antes”, y la profesión de maestro se cuenta entre las peor valoradas desde el punto de vista social.
"Algo debiera hacerse. Tal vez este aumento de salario contribuya a cambiar las cosas", especula Yanelys. Cualquiera sea el caso, no le gustaría que su hijo –al crecer– se inclinara por la Pedagogía, ni siquiera en la enseñanza superior.
Los uniformes de la crisis
La educación pública es una prioridad fuera de discusión para el Gobierno cubano. De hecho, la Carta Magna cubana promulgada en abril ratifica el papel preponderante del Estado en la tarea de "garantizar servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad". Esto se traduce en partidas presupuestarias que solo son superadas por las destinadas a la atención sanitaria. Durante la última década, las escuelas y universidades han recibido entre un 20% y un 25% del presupuesto total del país. Alrededor de un 1,7 millones alumnos pasaron por las aulas durante el curso pasado (la población cubana supera por poco los 11 millones de
Pero estas cifras son difícilmente sostenibles en un país que en los últimos dos años ha visto menguar radicalmente sus principales fuentes de divisas: el turismo, la exportación de servicios profesionales y las remesas familiares (a comienzos de 2019 el Gobierno de Trump les fijó un límite de 1.000 dólares mensuales y ha amenazado con continuar reduciéndolas). Las recientes dificultades en la entrega de los uniformes escolares son solo el síntoma más visible de los problemas más profundos y complejos que amenazan al sistema de educación.
Más de 3,7 millones de prendas habían sido encargadas a la industria nacional, pero las dificultades financieras retrasaron la importación de los materiales para confeccionarlas. Como resultado, las ventas –que tradicionalmente se iniciaban en junio– debieron postergarse hasta agosto. Los incumplimientos se registraron también en la elaboración de los textos docentes (se alcanzó a imprimir el 80% de los libros y cuadernos solicitados).
Ante los retrasos en la distribución y las menguadas asignaciones establecidas, miles de cubanos prefieren comprar los uniformes escolares para sus hijos y otros familiares residentes en la isla en Miami, donde los grandes centros comerciales de la ciudad hacen su agosto atendiendo ese singular nicho de mercado.
La educación cubana es laica y manifiestamente política. Los maestros son considerados "trabajadores ideológicos", y se encuentran sometidos a un escrutinio similar al que rige sobre los periodistas y los funcionarios del Partido y el Gobierno. La formación de las nuevas generaciones en la doctrina revolucionaria es la misión primordial del sistema, según han reconocido en innumerables ocasiones los principales dirigentes del país.
El mensaje es el mismo desde la enseñanza primaria a la formación de posgrado. La Organización de Pioneros José Martí (que agrupa a los niños y adolescentes de hasta 15 años) comienza cada jornada escolar entonando el ilustrativo lema de "Pioneros por el Comunismo, ¡seremos como el Che!" y en los centros de estudios superiores es habitual encontrar murales con una frase pronunciada por el guerrillero argentino en la década de los sesenta: “La universidad es de los revolucionarios”.
La historia reciente confirma que poco cambió desde entonces. Durante las últimas semanas ha cobrado intensidad un debate digital acerca de los "requisitos" que debe cumplir un docente universitario cubano.
El detonante fue el despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola, a finales de julio, de su cátedra en el Instituto Superior de Diseño de La Habana. Para muchos, la fundamentación burocrática que avaló la decisión (cambios en el sistema de contratos del Instituto) fue solo una justificación para llevar a adelante la medida como castigo por las posiciones no siempre ortodoxas de Ruiz Urquiola en cuestiones políticas, además de el hecho de ser hermana de Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo y activista de derechos ambientales y de la comunidad LGTBI con una larga historia de desencuentros con las autoridades. Entre los más significativos estuvo su expulsión –años atrás– del puesto que ocupaba como profesor de la Universidad de La Habana.
Otros profesores también apartados de la enseñanza superior, como el abogado Julio Antonio Fernández Estrada y el periodista José Raúl Gallego Ramos, han trazado paralelismos entre sus experiencias y la que ahora afronta Omara Ruiz. La conclusión es que el gobierno busca cerrar toda brecha a posibles cuestionamientos. De poco valen las reclamaciones ante los organismos oficiales, no se trata de decisiones administrativas sino políticas, coinciden.
Como para corroborar su interpretación de los hechos, a mediados de agosto la viceministra primera de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, publicó en la página oficial del organismo un militante artículo cuya premisa puede resumirse en el siguiente párrafo: “El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
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