Las investigaciones para los procesos de juicios políticos [impeachment] no son nuevas en Estados Unidos. Que Richard Nixon se viera obligado a dimitir como presidente a consecuencia de sus artimañas durante el escándalo Watergate, o que Bill Clinton tuviera que enfrentarse a un complicado proceso a raíz de su relación con una becaria de la Casa Blanca marcaron algunos de los momentos más escandalosos de la historia política del país.
Pero los orígenes del concepto de juicio político –un procedimiento cuya última manifestación dio comienzo hace dos semanas cuando la máxima responsable del Congreso, Nancy Pelosi anunció el lanzamiento de una investigación formal por el comportamiento del presidente Donald Trump– no están en la Constitución estadounidense, que lo convirtió en ley, sino en la Inglaterra del siglo XIV.
El primer juicio político que se conoce –el mecanismo que permite que un órgano legislativo acuse a un funcionario público– se remonta a la Inglaterra de 1376, durante el período conocido como Buen Parlamento. William, Cuarto Barón de Latimer, al servicio de la casa del entonces Rey Eduardo III, fue acusado de corrupción y soborno por el Buen parlamento, denominado así por la intensidad con la que perseguían la corrupción de los ministros del rey.
El juicio político se utilizaba entonces para mantener un cierto control sobre los políticos, especialmente sobre los ministros del rey. Una condena podía acarrear multas, cárcel o incluso la pena de muerte.
"A veces se utilizaba solo para deshacerse de cargos y funcionarios intermedios […] pero su objetivo constitucional en Gran Bretaña era ejercer un contrapeso legislativo ante cualquier intento del rey por sobrepasarse o una posible tendencia hacia la tiranía y las actitudes relacionadas con esta", explica Frank Bowman, autor de un libro sobre la historia de los juicios políticos, High Crimes and Misdemeanors: A History of Impeachment for the Age of Trump.
"Por supuesto, Gran Bretaña no abría juicios políticos a reyes o reinas. El único modo de avanzar esa senda era la revolución sangrienta. Pero por otra parte, si el parlamento o los intereses a los que representaba querían frenar alguna decisión real o los intentos del rey o la reina de imponerse sobre la cámara, lo que hacían eran atacar a sus ministros", añade el también profesor de derecho de la Universidad de Missouri.
Llega a EEUU durante la época colonial
Aunque un miembro del parlamento británico, Liz Saville-Roberts, pidió hace poco que se aprobase una moción para abrir un juicio político contra Boris Johnson, se entiende que la ley ha dejado de estar en vigor en lo que respecta al Reino Unido, donde no se ha celebrado ningún juicio político desde 1806.
Pero en Estados Unidos, el juicio político goza de buena forma y juega un papel importante en el anclaje constitucional, que lo expresa así: "El presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de sus cargos por juicio político y tras condena por traición, sobornos y otros delitos y faltas graves".
El juicio político llegó a Estados Unidos durante el mandato colonial británico. "Alguna vez, debido a que las regulaciones reales o de propiedad otorgaban a las asambleas de las colonias la capacidad de abrir juicios políticos y otras porque las asambleas de los propios colonos querían asumir los poderes del parlamento [británico]", explica Bowman.
Cuando el poder británico fue derrotado en la Guerra de la Independencia estadounidense, grupos relacionados con los padres fundadores de EEUU, se reunieron en Filadelfia en 1787 para redactar el borrador de Constitución de la joven república.
Bowman explica que los cuatro planes redactados en aquel momento incluían el juicio político. Tras los debates sobre su necesidad, actuando de manera coordinada con un mandato presidencial limitado a cuatro años y una administración federal relativamente pequeña, se decidió que el proceso sería incluido.
Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución, describiría sus atribuciones en su obra Papeles del federalista como "las ofensas nacidas del comportamiento indebido de los hombres públicos o, en otras palabras, del abuso o la violación de la confianza pública".
Compartía algunas características con su origen británico, como la de que debía comenzar en la cámara de representantes y continuar con un juicio en la cámara alta (Senado). Pero el proceso de juicio político estadounidense traía novedades. En Gran Bretaña, el voto de la mayoría en la Cámara de los Lores podía acarrear una condena mientras en Estados Unidos se requirió una mayoría reforzada de dos tercios del Senado y la pena solo implica la destitución del cargo.
Los redactores del texto constitucional utilizaron la frase "delitos y faltas graves" adoptada por primera vez por el parlamento británico en 1386. Bowman ve en esa decisión una prueba de que tenían "en mente la larga historia de juicios políticos en Gran Bretaña".
Afirma que utilizaron esos términos para que los legisladores tomaran los juicios políticos británicos como referencia o "catálogo", como ejemplo de aquellos hechos que serían susceptibles de desencadenar juicios políticos con cierta flexibilidad, pero para que abarcase los abusos de poder más graves.
En aquella época no se confiaba demasiado en la unidad de Estados Unidos y existía una preocupación considerable ante una posible influencia de las potencias europeas, sobre todo Gran Bretaña y Francia, de acuerdo con Beverly Gage, profesora de Historia y Estudios Americanos en la Universidad de Yale. También se temía que hubiera corrupción, y esperaban que la amenaza de juicio político ejerciera como elemento disuasorio y de control.
"Los fundadores estaban, obviamente, bastante preocupados por un poder concentrado en el ejecutivo. Les preocupaba mucho el modo en que la influencia exterior y la corrupción podían manejar al gobierno y por eso el control final del Congreso sobre la presidencia está ensartado en el sistema", explica Gage.
Aunque todos los presidentes han sentido la amenaza del juicio político, hasta la fecha sólo dos, Andrew Johnson y Bill Clinton, han enfrentado juicios en el Senado. Los dos fueron absueltos y continuaron en el cargo, mientras que Nixon dimitió antes de que se votara.
Para Gage, el procedimiento resulta útil a la hora de que el presidente rinda cuentas y para facilitar el desarrollo de investigaciones. "El proceso va a aportar información con la que no se contaba… Un proceso de investigación formal es importante, parece el paso correcto para seguir hacia delante".
Miranda Bryant - Nueva York 2019
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