La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que reconducirá las relaciones con los regímenes Venezuela y Cuba. Este jueves, se conoció que 725 ciudadanos cubanos, que se desempeñaban en áreas relacionadas a la salud y la comunicación, tendrá que salir del país andino. El gesto muestra un giro radical en las relaciones diplomáticas de dos aliados claves del ex presidente Evo Morales.
Además, se anunció que la legación del régimen de Nicolás Maduro también tendrá que abandonar Bolivia y esta sería reemplazada por funcionarios de Juan Guaidó.
“Hoy día he tenido una larga conversación con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en términos muy respetuosos, muy amistosos si se quiere, ellos están retirando a partir de mañana (viernes) a 725 ciudadanos cubanos que cumplen funciones de cooperación en diferentes áreas”, dijo la canciller Karen Longaric a un programa de la televisión boliviana.
Los cubanos, mencionó, mantenía cooperación en áreas de comunicación y salud, entre otras. También se cree que La Habana brindada asistencia en inteligencia a Evo Morales, tal como lo hace en Venezuela.
“Ellos saldrán de Bolivia, creo que es oportuna y necesaria esa salida y creo que esto también va a permitir un trato respetuoso como siempre hubo entre Cuba y Bolivia”, dijo la canciller.
“Vamos a tomar las acciones, pero todo se orienta a cesar a los funcionarios que tenemos en Venezuela y reconstituir las relaciones de Bolivia con ese país, pero en un marco de democracia y respeto fundamental a los principios del derecho internacional y fundamentalmente al respeto de los derechos humanos”, agregó.
Por otra parte, cuatro ciudadanos cubanos fueron arrestados por la policía boliviana en la tarde del miércoles, acusados de organizar y financiar protestas contra el gobierno interino de la ex senadora Jeanine Añez y a favor del retorno del ex presidente Evo Morales.
De acuerdo con los documentos de identidad a los cuales tuvo acceso el sitio cubano CiberCuba, tres de los cuatro detenidos forman parte del personal técnico de la Embajada de Cuba en Bolivia, como integrantes de la Brigada Médica Cubana en ese país.
Intentos de subversión y desestabilización
El nuevo ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, denunció intentos de subversión y desestabilización por parte de ciudadanos extranjeros, entre ellos cuatro venezolanos armados y con vestimenta de policías.
"Los encontraron con armamento en la zona del Beni y fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía. Di orden para que los traigan mañana para presentarlos. Es gente que conspiraba contra el Gobierno boliviano", dijo Murillo.
"Estamos encontrándonos gente que está haciendo subversión en nuestro país, que está haciendo sedición en nuestro país y que, apenas se ha ido el presidente Morales, han empezado a incendiar el país: marchas por todos lados, bloqueos por todos lados y, obviamente, en búsqueda de desestabilizar al Gobierno legalmente establecido", manifestó en una entrevista con la cadena CNN en Español.
"No vamos a permitir que en este país se haga sedición. No nos parece correcto que se desestabilicen los países con terror, con narcotráfico, pagando a dirigentes... No vamos a permitir ni venezolanos, ni cubanos, ni americanos, ni brasileiros, nadie que venga a hacer terrorismo, narcotráfico o sedición en nuestro país. Vamos a usar todo el peso de la ley para que esta gente deje de destruir nuestro país", advirtió.
Según medios bolivianos, además de los cubanos y los venezolanos han sido detenidos un colombiano y cuatro bolivianos que supuestamente trataban de colocar un explosivo en una estación del sistema de distribución de gas natural domiciliario de La Paz.
Por otra parte, la Policía dijo que uno de los manifestantes heridos en disturbios en una región rural del departamento de Santa Cruz (este) fue identificado como un ciudadano argentino con antecedentes de vinculación con la exguerrilla colombiana de las FARC.
La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo que el Gobierno de Jeanine Áñez haría una presentación ante los gobiernos de México, Cuba y Venezuela por presunta injerencia en asuntos internos.