Las mencionadas organizaciones apuntan que, con 90 países en cuarentena y casi 4.000 millones de personas refugiándose en casa de la pandemia, las personas LGBTI experimentan en la actualidad un mayor riesgo de violencia doméstica (ya sea violencia intragénero o la sufrida por jóvenes confinados con familias LGTBIfóbicas), un mayor aislamiento, sobre todo las personas mayores, y una mayor precariedad económica. Una precariedad derivada, en muchos casos, de discriminaciones previas que las empujaron a actividades no reguladas, a la vez que sufren una disminución de recursos, puesto que muchas de las organizaciones que las ayudaban ya trabajaban precariamente y luchan ahora por su supervivencia financiera.
Según explican estas entidades, las personas LGTBI sufren en general niveles más altos de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de su realidad en muchos países del mundo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor. Asimismo, recuerdan la problemática a la que se enfrentan muchas familias LGTBI ante los cierres de fronteras, puesto que determinados documentos emitidos en un país, como certificados de matrimonio, filiaciones y certificados de identidad de género, pueden no ser reconocidos en otro.
Además, las entidades ponen de manifiesto que los altos niveles de estigmatización y discriminación de los servicios de salud han apartado a las personas trans e intersex de los sistemas sanitarios durante años, lo que puede generar retrasos a la hora de buscar atención médica cuando se precise. Del mismo modo, alertan sobre las interrupciones en el acceso a determinados tratamientos imprescindibles para las personas LGTBI, como la medicación relacionada con el VIH o la terapia hormonal, que se están produciendo en la actualidad en muchos países como consecuencia del colapso de los sistemas sanitarios por la crisis del coronavirus.
Igualmente, estos organismos denuncian la situación de millones de personas refugiadas, incluidas las personas LGTBI solicitantes de asilo, que se encuentran en campos de refugiados con condiciones sanitarias e higiénicas propensas a la propagación del virus. Las personas LGTBI que conviven en estos centros se encuentran, además, a menudo sin espacios seguros y expuestos a la LGTBIfobia por la que huyeron de sus países de origen.
Por otra parte, las entidades muestran su preocupación por los abusos de poder cometidos por determinados estados como Turquía, Polonia, Uganda y Filipinas (o Hungría, nos permitimos añadir a la lista), donde las primeras investigaciones revelan que se está aprovechando la implantación de medidas para controlar la pandemia para mermar los derechos de la población LGTBI, así como la proliferación de los discursos de odio en países como Ucrania, Kenia, Ghana, Rusia o los Estados Unidos, entre otros, en los que, generalmente, líderes religiosos conservadores, relacionan directamente la crisis sanitaria con las personas LGTBI.
Legislación como garantía de derechos
Con motivo del Día Internacional contra el LGTBIfobia, ILGA Europa ha presentado su informe anual 2019 sobre la situación de las personas LGTBI en Europa. Según esta investigación, prácticamente la mitad de los países europeos (49%) se ha estancado en materia de derechos LGTBI sin que se produzca en ellos ningún tipo de avance desde el año anterior. Sin embargo, tal y como defiende la copresidenta de la Junta Ejecutiva de ILGA Europa, Darienne Flemington, «es precisamente ahora cuando los gobiernos deben mantenerse firmes en el estado de derecho y los derechos humanos». Y es que, tal y como explica la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, «esta emergencia de salud pública convive con una crisis de desigualdad estructural que provoca que las personas vulnerables sufran mayores riesgos. Ante la situación actual, las personas LGTBI y otras poblaciones vulnerables solo tendrán las leyes como escudo, por lo que ahora es más importante que nunca que los gobiernos garanticen sus derechos a través de las legislaciones».
En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda que España sigue sin una legislación estatal que garantice los derechos de las personas LGTBI. «Las personas trans siguen sin ver reconocida la autodeterminación del género, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y, en situación de emergencia, a determinados recursos de ayuda. La violencia intragénero sigue siendo una gran desconocida para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, los menores siguen expuestos al acoso y al ciberacoso sin protocolos, ni formación en sus escuelas y las parejas de mujeres siguen sin poder filiar a sus descendientes sin estar casadas, discriminación que se ha agravado durante confinamiento cuando los registros suspendieron las uniones matrimoniales», denuncia Sangil. Por todo esto, y «para evitar discriminaciones y riesgos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo», la presidenta de la FELGTB reclama que se apruebe una ley estatal «que iguale los derechos de las personas trans y LGB a los del resto de la población».
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