La capital aprueba sanciones de hasta cinco años de cárcel contra grupos religiosos y especialistas médicos y psicológicos que administren tratamientos para "curar" a gays y lesbianas

ELÍAS CAMHAJI

    Las terapias que aseguran “curar la homosexualidad” han sido prohibidas este viernes en Ciudad de México. El Congreso local ha aprobado además que se castigue hasta con cinco años de prisión a miembros de iglesias, especialistas médicos y psicólogos que administren tratamientos violentos para “revertir” la orientación sexual de miembros de la comunidad LGTB, procedimientos que carecen de evidencia científica. “No hay nada que curar, la homosexualidad no es una enfermedad, no estamos enfermos”, ha dicho Temístocles Villanueva, diputado LGTB de Morena y autor de la propuesta.

 

La iniciativa, inédita en la defensa del desarrollo de la libre personalidad, reforma artículos del Código Penal de la capital mexicana para sancionar con penas de dos a cinco años de prisión y entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario a quien aplique los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig). Se perseguirá de oficio y se considerará como agravante que estos métodos se apliquen en menores de edad, según los diputados promoventes. La enmienda ha sido impulsada por Morena, el partido del Gobierno, que tiene la mayoría parlamentaria con 34 de 66 curules, y su aliado el Partido del Trabajo. “Basta de terapias violentas y degradantes”, ha agregado Villanueva durante la sesión del pleno, que pasó la iniciativa en votación general por 49 sufragios a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

 

La propuesta levantó polémica entre grupos conservadores que se decían vulnerados en sus derechos y criminalizados por sus convicciones. “Podría constituirse en una mordaza para el ejercicio de la libertad de expresión y de culto de las doctrinas religiosas”, ha protestado el ultraconservador Partido Encuentro Social en una carta publicada en las horas previas a la sesión del pleno, que se llevó a cabo en una videoconferencia.

 

Villanueva ha insistido en que no se busca perseguir a las personas que voluntariamente busquen orientación sobre su sexualidad. Los Ecosig han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas e incluyen violencia física, toma de hormonas, terapias de electrochoque, aislamiento e insultos. “Después de horas en la carretera, se detuvieron en medio de la nada y nos formaron con las manos sobre la camioneta como si fuéramos delincuentes (…) putitos, nos decían, aquí los vamos a curar”, se relata en uno de los testimonios recopilados por la organización Yaaj, una de las asociaciones que han promovido la nueva ley.

 

Los activistas LGTB han insistido en que se trata de un discurso de odio, además de ser prácticas fraudulentas por su elevado costo y nula efectividad. La Asociación Americana de Psicología (APA) ha expresado su preocupación por la promoción de estos métodos y ha subrayado que “el consenso de las ciencias sociales y del comportamiento, así como de los expertos en salud y salud mental, es que la homosexualidad per se es normal”.

 

Previo a la votación, grupos en favor de las minorías sexogenéricas han ondeado la bandera de la diversidad afuera de la sede del Congreso local y se han manifestado a favor de que se apruebe. Los Ecosig han sido promovidos históricamente por la Iglesia católica y recientemente por variantes evangélicas, que han importado métodos, sobre todo, desde Estados Unidos, afirma Siobhan Guerrero, activista trans. “En Ciudad de México tienen históricamente poca presencia, aunque cada vez son más comunes los discursos homófobos, tránsfobos y misóginos”, señala Guerrero.

 

En los últimos meses, grupos ultraconservadores se han hecho un hueco en las agendas de los Congresos estatales y propuesto iniciativas como el pin parental, un veto de los padres de los contenidos sobre educación sexual y ética que se imparten a sus hijos, en alrededor de una decena de Estados. La presión de formaciones evangélicas y antiderechos influyó en que el Congreso de Baja California, en el norte del país, rechazara la semana pasada el reconocimiento al matrimonio igualitario, que se quedó a dos votos de la mayoría que se necesitaba para aprobarse.

 

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