El fiscal general, William Barr, señalado a menudo por servir a los intereses de Trump, propina el último revés a la ofensiva judicial del republicano.

AMANDA MARS

Donald Trump sufrió este martes su enésima y, probablemente, más grave derrota hasta ahora en la batalla judicial que ha puesto en marcha contra los resultados electorales tras agitar acusaciones infundadas de fraude. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirmó este martes que el Departamento de Justicia no ha hallado pruebas de ningún caso de irregularidad de suficiente entidad como para revertir la victoria del demócrata Joe Biden. Barr, criticado a menudo por servir a los intereses del presidente, corta el paso a la campaña de Trump, que sigue sin reconocer al presidente electo Biden, pese a que hasta ahora se ha estrellado en todos los tribunales.

 

“Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado diferente en la elección”, dijo Barr en declaraciones a la agencia Associated Press, dando algo parecido a un tiro de gracia a la ofensiva legal del mandatario. Al poco de declararse su derrota electoral, pese a distanciarse de las teorías conspirativas de Trump y su círculo, Barr le había dado un espaldarazo instruyendo a los fiscales federales de todo el país a investigar las acusaciones que fueran “claramente creíbles” y afectase al resultado. Esa intervención resultó atípica, ya que la supervisión del desarrollo de las elecciones es responsabilidad de los Estados.

 

Según ha explicado a AP, tales acusaciones no han encontrado base. “Se ha afirmado que podría haber fraude sistémico y que algunas máquinas estaban programadas para, básicamente, distorsionar los resultados electorales. El Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia lo han mirado y, hasta la fecha, no han visto nada que sustancie eso”, explicó el fiscal.

 

Trump agitó el fantasma del fraude durante toda la campaña, alegando que el aluvión de voto por correo y anticipado, que las autoridades de muchos Estados estaban facilitando por la pandemia, eran campo abonado para las irregularidades. Cuando Biden fue declarado vencedor, un equipo legal liderado por Rudy Giuliani, asesor personal de Trump y exalcalde de Nueva York, lanzó pleitos en todos los Estados clave en la derrota. Las teorías conspirativas alcanzaron grados insólitos. Giuliani y el abogado Sidney Powell llegaron a decir que había servidores alemanes con información de votantes estadounidenses y un software creado en Venezuela “bajo la dirección de Hugo Chávez”, muerto en 2013.

 

“Hay una tendencia creciente a usar el sistema de justicia penal como si sirviese para solucionar todo y, cuando a la gente no le gusta algo, quieren que el Departamento de Justicia investigue”, abundó el fiscal general en sus declaraciones, desmarcándose por completo de Trump. “La mayor parte de denuncias de fraude se refieren a unos casos y personas concretas, no hay acusaciones generalizadas, y esas se están viniendo abajo”, recalcó.

 

Poco después de hacerse públicas las declaraciones, el fiscal general acudió a la Casa Blanca a una reunión. Los abogados del presidente replicaron que el Departamento de Justicia no había investigado de veras.

 

Mientras toda la estratagema legal se desmorona como un castillo de naipes, los rumores sobre un futuro político con Trump en primera línea proliferan. Su entorno ha dejado caer que planea volver a la carga y presentarse candidato en 2024, aunque para entonces se encontrará con rivales del partido que le disputen el propio trumpismo. Hasta entonces, parece que han encontrado el relato idóneo de su nueva campaña, la del presidente despojado del cargo por un robo. Entre el 70 y el 80% de sus votantes -en función del sondeo- creen que, en efecto, Biden ganó de forma ilegítima.

 

El republicano ha captado unos 170 millones de dólares desde el 3 de noviembre, según varios medios estadounidenses, gracias a donaciones solicitadas para financiar la infructuosa batalla legal, pero que también están engrosando un fondo para sus actividades pospresidenciales.

 

La justicia de EE UU investiga una supuesta trama de sobornos para lograr indultos del presidente Trump

La Justicia de Estados Unidos investiga una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca para lograr indultos del presidente, Donald Trump, a cambio de generosas donaciones políticas (dinero para campañas, partidos, iniciativas de comités políticos...). Documentos judiciales publicados este martes indican que algunos fiscales han investigado las actividades de algunas personas que se pusieron en contacto con funcionarios de la Administración estadounidense con el objetivo de lograr un indulto. Los documentos, que datan del pasado agosto, están censurados y no identifican a ninguna de las personas implicadas en la presunta trama ni tampoco informan sobre el estado de la investigación.

 

Nada parece indicar que en estos momentos haya personas imputadas con cargos vinculados a esta trama. Un funcionario del Departamento de Justicia aseguró al diario The Washington Post que ningún funcionario gubernamental está siendo investigado con relación a esta trama. Según los datos públicos de la investigación, un conspirador “ofrecería una contribución política sustancial a cambio de un perdón presidencial o un aplazamiento de la sentencia”.

 

Las 20 páginas reveladas por la juez federal Beryl A. Howell también describen cómo dos individuos no identificados habrían presionado a funcionarios de la Casa Blanca en un “plan de persuasión secreto” para obtener indultos, sin registrarse como lobistas, como ordena la ley estadounidense.

 

De lo que sí informan los documentos publicados este martes es de la confiscación por parte de las autoridades de unos 50 ordenadores, tabletas y otros dispositivos electrónicos (iPhones, iPads...). Las comunicaciones entre personas que forman parte de la trama, entre ellas un abogado, fueron incautadas tras un registro en una oficina que tuvo lugar en algún momento antes de que acabara el pasado verano.

 

Por otro lado, The New York Times informó este martes sobre algunos indultos y perdones presidenciales que Trump se estaría planteando ejecutar antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

 

Entre estos perdones estarían los de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, así como el de su yerno y asesor, Jared Kushner. Aunque Trump Jr. y Kushner han sido investigados por presuntos delitos, ninguno ha sido imputado y todos estos perdones serían preventivos ante la posibilidad de que el Gobierno demócrata entrante emprendiera acciones contra ellos.

 

El otro perdón preventivo que Trump estaría estudiando sería el de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y convertido en su más fiel abogado, que ha estado defendiendo en las últimas semanas sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Es habitual que antes de dejar el poder los presidentes aprueben indultos o perdones, lo que sería una señal de que el presidente se está preparando para abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

 

De hecho, Trump concedió la semana pasada el perdón presidencial al general Michael T. Flynn, que fue su primer asesor de seguridad nacional y quien se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos. Lo que no es tan habitual son los perdones preventivos, aunque algunos presidentes como Gerald R. Ford o Jimmy Carter ya los utilizaron en el pasado.

 

FUENTE: EL PAÍS INTERNACIONAL