Héctor Schamis

En febrero de 2019 se votó en Cuba un referéndum constitucional. El texto propuesto por el gobierno fue ratificado con un 87% de aceptación, culminando un proceso de reforma iniciado en 2013. En abril de 2019 se proclamó la nueva Constitución, revalidando desde el punto de vista doctrinario la Ley Fundamental de 1959 y la Constitución de 1976.

 

Ello con mayor dogmatismo y puño de hierro totalitario. El proceso en cuestión ratifica el carácter “irrevocable” del socialismo como sistema, que ya había sido sometido a referéndum en 2002. Ahora, sin embargo, el artículo 4 consagra “el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”.

 

El artículo 5, a su vez, coloca al partido por encima del propio Estado—partido “único, martiano, fidelista, marxista y leninista, fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”—otorgándole con ello mayor jerarquía que a la propia Constitución. De este modo la Constitución se mutila a sí misma por medio de esta suerte de cesión de poder. Es órgano supremo y ley fundamental para todos excepto para la nomenclatura del PCC, burocracia que incluyó en el texto una clausula de excepción para su beneficio.

 

Estos dos artículos juridifican el régimen de partido único; exportarlo es la política exterior de La Habana. En el pasado se hacía promoviendo la toma del poder con la receta del foco guerrillero, una extrapolación de Sierra Maestra. Ahora transcurre a través de influir sobre gobiernos surgidos de elecciones aceptablemente competitivas y en países con ordenamientos constitucionales legítimamente democráticos.

 

Esto es, marcos institucionales con elecciones libres y justas en un régimen plural de partidos, con derechos y garantías individuales, adecuada independencia, equilibrio y límites a los poderes públicos, y respeto al calendario constitucional y las normas relativas a la reelección y la alternancia en el poder.

 

Si bien de aplicación variada, todas las constituciones de las Américas contienen estos preceptos; excepto la cubana, justamente. Cuando no se genera una rutina de respeto a dicha cadena de requisitos institucionales la resultante es una democracia sin sustancia, un sistema de dominación vaciado de auténtico contenido y ética democrática. Así ha surgido esta suerte de régimen de partido único de facto. Es decir, en los hechos.

 

Y bajo auspicio cubano, enfatizo. Evo Morales fue quien le dio entidad a esta realidad al reconocer que su viaje a La Habana en diciembre de 2019 no fue para someterse a tratamiento médico sino para recibir asesoramiento político de Cuba y Venezuela. Se entiende ahora la cooptación del Poder Judicial para perseguir opositores. Jeanine Añez sigue encarcelada y esta misma semana se intensificó el acoso judicial contra el expresidente Carlos Mesa.

 

Todo lo que hemos debatido y escrito sobre Venezuela describe lo mismo: un régimen de partido único de facto bajo una constitución aceptablemente democrática. Ello con un sistema electoral arbitrario, ausencia de libertades y garantías procesales, un Poder Judicial que no tiene la voluntad ni la capacidad de enjuiciar a los violadores de derechos humanos y un partido oficialista que, al cabo de 23 años, se mantiene en el poder con elecciones abiertamente fraudulentas. Y todo bajo control de la inteligencia militar cubana.

 

En Nicaragua los trucos electorales de Daniel Ortega son legendarios pero ya no le alcanzan para continuar en el poder. Por esa razón se ha lanzado a una verdadera cacería de potenciales candidatos en las elecciones de noviembre próximo. Ya no se trata de usar el fraude electoral sino directamente de sacar de carrera a los partidos opositores y a la prensa independiente. De ahí surge el “partido único” de Ortega-Murillo que ni siquiera puede llamarse “sandinista”, ya que varios históricos de aquella revolución están entre los encarcelados.

 

López Obrador también flirtea con la perpetuación. La “cuarta transformación” es solo un cliché pomposo que connota un intento de cambiar las reglas de sucesión; “sufragio efectivo, no reelección” es la identidad de México desde 1910. El oficialismo no obtuvo los votos para modificar la Constitución por su cuenta, pero podría usar una victoria en la consulta ciudadana del 1ro. de agosto—cuyo propósito es “enjuiciar acciones políticas y de gobierno del pasado”—como un cheque en blanco para lanzar su propia cacería de brujas.

 

Hay que estar atentos. Su política exterior ya está alineada con los sistemas de partido único de facto, ello en coordinación con el gobierno de Fernández-Kirchner de Argentina. Juntos traducen su apoyo a las dictaduras como “no intervención”. Desde la Post-guerra sabemos que sin intervención no hay derechos humanos. Argentina fue beneficiado por dichas “intervenciones extranjeras” durante la dictadura, pues salvaban vidas, y el México solidario de entonces las ponía en práctica. La patética ignorancia con la que abordan el tema solo se compara con su hipocresía.

 

Mientras Ortega-Murillo lanzaban su razzia contra políticos y medios de oposición, otra ofensiva ocurría simultáneamente con menos prensa. El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció que en la localidad de Rosita 20 campesinos fueron secuestrados, de los 300 que fueron despojados de sus tierras en aquella zona para entregarlas a una concesión minera otorgada a empresarios chinos.

 

No es la primera vez que dichos despojos ocurren, por cierto. Aquella quimera del canal interoceánico fue un pretexto para similares negocios criminales. Aunque hablen de “imperialismo yanqui”, es el chino el imperialismo al que le han abierto la puerta estos regímenes que entienden la reforma agraria en reverso. Expropian campesinos para favorecer inversores privados, sin ley y con violencia.

 

Se dicen de izquierda pero no lo son. Solo son de los dineros mal habidos, de la corrupción y el crimen organizado que los maneja desde atrás de bambalinas. China les es funcional para su sustentabilidad en base a comercio, inversión en minería y otros recursos naturales, la red 5G de Huawei y la promesa de las vacunas. Así funciona el capitalismo de partido único en versión exitosa y expansiva, modelo para imitar.

 

Pues para nuestros nuevos dictadores la imitación es porque las empresas chinas no tienen una legislación equivalente al Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, ley de Estados Unidos que se aplica con importantes grados de extra-territorialidad y penaliza severamente a empresas radicadas en Estados Unidos que incurran en sobornos de funcionarios en el exterior.

 

Es que el poderío chino invita una reflexión adicional: la que surge de postular que la libertad ya no es requisito para la prosperidad, ahora es su obstáculo. Los dictadores recurren con ello a una racionalidad superior para auto-justificarse: el bienestar de la sociedad. En dicha falacia reside la peor perversidad de estas nuevas dictaduras.