No existe igualdad cívica cuando se califica de mercenarios a aquellos que rechazan la ideología política preferida por el Estado

KAREL J. LEYVA

La ciudadanía es una condición de igualdad cívica. Es un estatus de pertenencia a una comunidad política en la que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de establecer conjuntamente y en igualdad de condiciones tanto los términos de la cooperación social como los bienes colectivos que derivan de la asociación política.

 

La ciudadanía requiere un marco político en el que todos los ciudadanos sean tratados de forma imparcial, independientemente de sus concepciones ideológicas, situación económica o grado de influencia social. Para ello, los ciudadanos deben poder concebirse no sólo como iguales entre sí, sino como pertenecientes a un mismo Estado. También deben ser tratados como seres racionalmente autónomos, es decir, dotados de una agencia racional que los habilita para deliberar públicamente sobre sus preocupaciones e intereses.

 

Estas condiciones de la ciudadanía se fragilizan desde el momento en que un gobierno defiende una doctrina política específica y divide a la población, otorgando preferencia a los sectores que adhieren a esta doctrina. Esto es precisamente lo que el Gobierno cubano ha estado haciendo durante demasiado tiempo ya. No existe igualdad cívica cuando se califica de mercenarios a aquellos que rechazan la exigencia de adherirse incondicionalmente a la ideología política preferida por el Estado. Al tratar a sus detractores como influenciados, manipulados, confundidos u orientados desde el exterior, el Gobierno cubano no sólo deslegitima las exigencias de libertad y democracia provenientes de amplios sectores de la población, negando la esencia misma y el ejercicio de la ciudadanía, sino que niega la capacidad del pueblo cubano de pensar por sí mismo.

 

El Gobierno de Cuba tiene el deber moral de facilitar la participación ciudadana en los procesos políticos y sociales que determinan el presente y el futuro de la nación cubana. Tal participación haría posible que los ciudadanos, sin distinción de ideología, creencias e intereses, den forma al marco político y económico susceptible de definir la calidad de vida del pueblo cubano. Los ciudadanos, para entenderse como tales, deben poder debatir abiertamente acerca de los problemas que los afectan directa o indirectamente en términos equitativos. En lugar de utilizar categorías dicotómicas que establecen divisiones artificiales entre el pueblo revolucionario y los grupúsculos contrarrevolucionarios, entre patriotas y traidores, entre personas decentes y vulgares, entre gente que ama y gente que odia, el Gobierno de Cuba tiene la obligación moral de responder a las preocupaciones e intereses de todos los cubanos. El Estado no pertenece a un grupo específico, ni debe ser identificado a una ideología o concepción política particular que aliene a una parte de la población.

 

La forma en que un Estado trata a su pueblo determina no sólo la percepción que los individuos tienen de sí mismos, sino la percepción que tales individuos tienen de los demás. Mientras algunos ciudadanos se sientan respaldados por el Gobierno para repudiar públicamente a otros; mientras una parte de la ciudadanía estime que la ideología que defiende los autoriza para excluir a los disidentes de los procesos políticos; mientras unos sean estigmatizados socialmente por disentir y otros aplaudidos por asentir, el principio mismo de ciudadanía se encontrará seriamente comprometido.

 

Ser ciudadanos implica el derecho a tener derechos como miembros de una comunidad política. Tales derechos, entendidos como reclamos legítimos que los individuos pueden hacer tanto a los demás como a sus Gobiernos, con el propósito de ser tratados de acuerdo con ciertas normas de decencia, deben estar inscritos en la naturaleza misma de las relaciones sociales sobre una base de respeto y de igualdad. Un Gobierno que pone garrotes de madera en manos de sus partidarios para que repriman a aquellos que defienden sus derechos no solo viola estos últimos; quebranta la naturaleza misma de la ciudadanía.

 

Al legitimar dos categorías de ciudadanos establecidas según el grado de afiliación a la ideología política preferida por el Estado, el Gobierno cubano envía un mensaje de exclusión y de trato desigual al pueblo cubano. Este mensaje dice claramente que algunas personas no son miembros de pleno derecho de la comunidad política, que no pueden manifestarse públicamente en igualdad de condiciones con los demás y que sus intereses no se encuentran representados adecuadamente por las instituciones políticas de la nación. De esta manera, el régimen político cubano trata a una parte de la población, a aquellos que disienten, como ciudadanos de segunda clase.