La vigilancia permanente, la extorsión y el uso excesivo de la prisión preventiva muestran a toda luz que el régimen reconoce el rol que los artistas han jugado en el proceso de liberalización del país

Por Cecilia Noce

Desde el 11 de julio, las organizaciones civiles que trabajan en pos de la libertad de expresión en Cuba han documentado 39 detenciones de artistas relacionadas con las protestas, de los cuales al menos 4 fueron sometidos a juicio sumario; 20 artistas han sido sometidos a prisión preventiva en sus domicilios por procesos de investigación abiertos con diferentes grados de vigilancia; 5 artistas se encuentran en prisión preventiva en cárceles comunes y se suman a los raperos Didier Almagro y Pupyto en Sy que cumplen condena desde el año pasado por “desacato”.

 

Como señala NavyPro, rapero y activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), las autoridades cubanas han sido particularmente violentas con los artistas raperos que participaron de las protestas o que han sido señalados como sospechosos de haberlas instigado. Han sido detenidos e incomunicados los raperos el Radikal, El Invasor y Randy Arteaga. El encono de las autoridades cubanas se explica, en parte, por la masividad del rap. Los versos de “Patria y vida” siguen resonando como himno de libertad y se suman a otras canciones que rápidamente son compartidas y aprendidas por los cubanos dentro y fuera de la isla, como “Oe, policía pinga” o “De Cuba Soy”. Pero es necesario tener en cuenta otros elementos. Los raperos suelen provenir de las poblaciones más humildes y marginadas de la isla y allí también encuentran sus seguidores, su caja de resonancia, los “sujetos históricos” de la revolución. Sus letras le cantan al mundo una a una, las fallas, las miserias, a los que son sometidos por ser pobres, negros y no contar con apoyo internacional.

 

También han sufrido la violencia del Estado los miembros de los colectivos artístico Movimiento San Isidro y 27N. Aunque las protestas encontraron a la mayoría recluidos y vigilados en sus casas, imposibilitados de participar, el régimen ha intensificado las acciones de represión, hostigamiento y ataque contra ellos con el objetivo evidente de desarticularlos.

 

Del movimiento 27N, el gobierno se ha obsesionado contra algunos de sus miembros mujeres; en especial, Camila Lobón, Katherine Bisquet y Carolina Barrero han sufrido el acoso permanente de la vigilancia del estado. Además de amanecer con patrullas policiales, o con agentes de vigilancia que controlan adónde van, con quién, para qué, han debido soportar la vigilancia contra quienes las visitan o les alcanzan víveres.

 

En varias entrevistas, Carolina Barrero, historiadora de arte y máster en Instituciones Culturales, ha descripto su situación como “operación de cierre”. El término lo aprendió escuchando a los agentes y oficiales de seguridad: “el cierre se va a quitar”, “fulano está en cierre”, “empieza el cierre”, son los neologismos que describen el ahogo constante a los disidentes. No es un concepto de la legalidad del estado, sino del terrorismo ilegal que el Estado cubano hace décadas ejerce contra su población civil. Incluye los operativos policiales, las detenciones constantes, la apertura arbitraria de investigaciones penales, la expulsión de los ámbitos laborales, de los hogares, las amenazas, los cortes de internet, el impedimento al acceso a la salud. Carolina Barrero ha estado sometida a una “operación de cierre” desde el 25 de marzo. Ese día, el Estado dio por terminado el intento de domesticar su voluntad por vía “legal” cerrando la causa contra ella por “ilegalidad de impresos”, y decidió intentarlo con las herramientas del terrorismo de Estado.

 

La vigilancia permanente, la extorsión y el uso excesivo de la prisión preventiva muestran a toda luz que el gobierno cubano reconoce el rol que los artistas han jugado en el proceso de liberalización de Cuba. En este sentido, el diagnóstico local y el internacional han coincidido. Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio bajo medida cautelar, fue reconocido por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del 2021 y uno de los íconos de este año. Eso implica que la lucha del Movimiento San Isidro ha trascendido las fronteras de la isla. Para el gobierno cubano, artistas como Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son peligrosos, justamente por el tipo de liderazgo que ejercen, horizontal, creativo, inclusivo y el impacto que tienen.

 

¿Hay vuelta atrás? ¿Es posible para el régimen regresar el tiempo? ¿O es este un proceso abierto que, aunque lento y costoso, llevará a una transición? Mario García Piña, guitarrista, trovador, fanático de la selección argentina, afirma con mucha seguridad “no hay vuelta atrás”. Las protestas en las provincias mostraron, a la luz del día, la falta de legitimidad del régimen. Según su testimonio, la cantidad de gente en la calle en Bejucal ese día y el apoyo que él ha recibido luego de su detención lo sorprendió positivamente. Miguel, junto a otros conocidos de su pueblo, pasó varios días en la cárcel de Mayabeque, “la prisión del Sida” como es conocida porque allí el gobierno ha amontonado a los presos seropositivos. En este caso, se utilizó para los sospechosos de COVID-19. Sus palabras narran un relato de horror por los golpes y las violencias de las que fueron testigos y a la vez, de esperanza, por la comunidad que se creó en esos días. Su respuesta es clara: “no hay vuelta atrás”. El proceso de liberalización que abrieron los artistas del Movimiento San isidro, alzando su voz no puede cerrarse. “Los miembros del Movimiento no están solos”, agrega Mayito, como le dicen los amigos. A ellos se han sumado miles de cubanos de a pie.

 

Por eso Luis Manuel Otero Alcántara merece el reconocimiento de Time, porque los miembros del MSI se han convertido en íconos de la lucha por la libertad en Cuba y fuera de Cuba. Han inspirado a otros. Han levantado el velo del miedo y eso no tiene vuelta atrás.