Tras los juicios sumarios en los que el régimen sancionó a los manifestantes a penas máximas de un año, salen a la luz severas condenas incluso para ancianos y mujeres

DARCY BORRERO BATISTA

El 21 de septiembre, cuando Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió 67 años, ya había sido procesado como un manifestante más de los cientos que salieron a las calles el 11 de julio en Cuba. El domingo de las protestas, el anciano fue detenido en Güines, provincia Mayabeque, en el occidente de Cuba, a cinco cuadras de donde sus coterráneos le exigían cambios a la administración de Miguel Díaz-Canel. La Policía lo cargó con rumbo a la unidad.

 

De acuerdo con la descripción de su caso en el listado público que lleva adelante el grupo Justicia 11-J para documentar las detenciones, Juan Carlos estuvo arrestado en la llamada prisión del SIDA de San José de las Lajas y luego en la de Quivicán (también en la nueva provincia de Mayabeque). La policía argumentaba que él había puesto “carteles”. Debido a su deplorable estado de salud, lo liberaron bajo prisión domiciliaria a finales de agosto. Él lo confirmó en sus redes sociales.

 

Desde entonces, no había ninguna actualización sobre el caso, pero este 21 de septiembre circularon en Facebook información sobre un juicio realizado el 9 de septiembre en el que el anciano habría sido condenado a 2 años de privación de libertad. Los usuarios, apelando a su avanzada edad y su condición de salud, pedían la liberación de este cubano al que describen como “un hombre bastante enfermo”, con “varias hernias” y “riesgo inminente para su vida”.

 

“¿Qué daño puede hacer un hombre enfermo?”, se lee en un post que recuerda las propias palabras de Juan Carlos sobre su pérdida de peso, unas 20 libras en solo 30 días preso: “salió completamente débil y deteriorado, bajo medida de prisión domiciliaria hasta el juicio que se celebró el 9 de septiembre, y fue condenado a 2 años de privación de libertad”, detalla el post.

 

El saldo de los juicios sumarios

 

En agosto, a un mes de las protestas del 11 de julio, la prensa estatal cubana admitió que 62 personas habían sido procesadas en juicios sumarios, un procedimiento judicial abreviado que se suele aplicar —con o sin la presencia de abogados defensores— ante hechos que demandan celeridad. En tanto Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP) daba esta cifra, la ciudadanía aportaba un número creciente de personas detenidas, que actualmente supera las 1.070.

 

Hasta la fecha, mediante esta iniciativa independiente se ha podido constatar que, de ellas, al menos 197 han estado bajo medida cautelar de prisión provisional, otras 95 han sido excarceladas con medida cautelar de libertad bajo fianza; a 35 les han impuesto medida cautelar de prisión domiciliaria, mientras unas 65 han sido multadas.

 

Algunas de esas personas que aparecen en el listado de detenidos a raíz de las protestas del 11-J, recibieron un cambio de medida después de haber apelado ante los tribunales que los juzgaron. Tres fueron multados, cinco fueron condenados a prisión domiciliaria y tres deberán realizar trabajo correccional sin internamiento. Sin embargo, otros dos quedaron sancionados a trabajo correccional con internamiento y 25 resultaron de todos modos privados de su libertad, con sanciones de entre ocho y 12 meses. Entre los juzgados en aquel momento estaba, por ejemplo, Juan Dennis Rodríguez, estudiante de Informática y padre de un bebé de meses, condenado a 12 meses de cárcel.

 

Aquellas condenas, no obstante, eran solo el comienzo de una cacería de presuntos líderes e incitadores de las protestas que para el oficialismo fueron “disturbios”. Es el argumento que sirvió al magistrado Sánchez Hidalgo para decir que “las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”, así como para detallar que la tipicidad delictiva predominante en tales casos ha sido el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño.

 

Más de 70 días después, la base de datos que ha sido conformada por lo que es hoy la alianza de mujeres “Justicia 11-J”, aporta la cifra de 402 acusados por desorden público y eleva a 173 por desacato, 234 por atentado, 153 por instigación a delinquir, 114 por propagación de epidemias, entre otros presuntos delitos como manifestaciones ilícitas (44) y difamación de instituciones y organismos del Estado (50). Incluso sobre algunos pesan delitos contra la seguridad interior del Estado, según el código penal o ley 62 de 1987. Por “sedición” hay al menos 18 personas en procesos penales, mientras seis lo están por “sabotaje”. Y aunque no ha podido ser verificado, dos personas (Abimelex López Pérez y Osiel López Pérez) también estarían siendo acusadas de “terrorismo” en un país que parece cobrarles a sus ciudadanos las sanciones extraterritoriales. No se olvide que Cuba fue reincorporada a principios de año a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

 

Para cargos que se procesan rápidamente en juicios sumarios, las penas previstas son de hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, o ambas. Las cuotas pueden ser de hasta 50 pesos (unos 2 dólares), lo que implica que puedan alcanzar los 15.000 pesos a pesar de que eso excede casi 10 veces el salario mínimo (1.528 pesos, unos 64 dólares) en el país.

 

Pero cuando se trata de delitos como los descritos, que requieren de mayor tiempo de investigación, el Código Penal prevé fuertes sanciones. También la Ley 88, llamada Ley Mordaza, que declara explícitamente como su finalidad “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo [ley de embargo económico] y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.

 

12 años por romper cuadro de Fidel

Roberto Pérez Fonseca (38 años), hasta ahora no está acusado bajo la Ley 88. No obstante, los cargos que le imputan (atentado, instigación a delinquir, desacato y desórdenes públicos), suman años de cárcel. “Mi hermano está preso desde el día 16 de julio por participar en la marcha del 11 de julio en San José de Las Lajas, lo han trasladado para la prisión de Quivicán”, dice Alberto Ortega Fonseca, quien aporta pruebas documentales del caso y afirma que a Roberto le piden 12 años como sanción única y conjunta por lo que él considera cargos inventados.

 

“Él sí marchó, él sí les gritó cosas a los policías y fue líder pero no tiró piedras como lo acusan. Le dijeron a mi madre que a él lo quieren meter preso por ser líder y romper el cuadro de Fidel Castro que se hizo viral en las redes”, detalla Alberto.

 

A este ni a ninguno de esos casos de mayor castigo se refirió el Magistrado Joselín Sánchez cuando informó que, de los juzgados hasta principios de agosto, 22 comparecieron al acto del juicio oral asistidos por abogados. O cuando destacó que del total de acusados uno resultó absuelto, y 45 establecieron el recurso de apelación y, de estos, 40 designaron abogado. Aunque en ese momento hacía un mes de las protestas masivas, el Magistrado comentó que se le revocó la sanción subsidiaria o libertad condicional a 21 sancionados que participaron en los hechos e incumplieron con sus obligaciones impuestas por la ley, pero nada adelantó sobre lo que sería de ellos. ¿Serían juzgados nuevamente, no ya en juicios sumarios? ¿Qué cargos les imputan y cuáles son esas obligaciones que incumplieron al punto de que les sea revocada la libertad condicional? Ni una palabra.

 

En aquel momento, la Fiscalía admitió que del 11 de julio al 3 de agosto atendió a 215 personas, de 12 provincias y del municipio especial Isla de la Juventud, tanto de manera presencial, entregando documentos personalmente como por correo electrónico, 47 reclamaciones. Solo unos días más tarde, el 18 de agosto, fue que el Magistrado dijo que «los procesos en los que se investigan los actos más agresivos, violentos y dañinos todavía no han entrado a los tribunales». Informó en ese momento sobre la radicación, hasta el momento, de 23 causas vinculadas a los sucesos, en las cuales han sido juzgados 67 acusados. En cuanto a la tipicidad delictiva predominante, dijo que continúa siendo el desorden público, con 58 implicados, si bien existen otras como resistencia y daños.

 

Ya en las semanas siguientes, comenzaron a aparecer notas en la prensa estatal de las provincias sobre los procesos penales. El 3 de septiembre, según Escambray, la Fiscalía en Sancti Spíritus radicó cinco procesos penales, que totalizan 11 personas acusadas, referidos a las protestas del 11 de julio. Nueve de ellos fueron multados con montos ascendentes a 5.000 pesos por desórdenes públicos y desacato.

 

La nota reconoce que, a uno de los juzgados por su participación en los sucesos en la ciudad cabecera, el Tribunal Municipal Popular lo sancionó —por instigación a delinquir— a nueve meses de privación de libertad, con la accesoria de privación de derechos, que comprende la expedición de pasaporte, y la sujeción a la vigilancia de los órganos y organismos correspondientes, encargados de dar seguimiento a su comportamiento social. El proceso penal de otro manifestante residente en Sancti Spíritus estaba pendiente de ser presentado al Tribunal por los supuestos delitos de desacato e instigación a delinquir, entre otros. Mientras, este ha tenido que cumplir prisión provisional.

 

Si bien el oficialismo no lo ha reconocido, en la situación de este último han estado al menos 197 personas, lo que es, de todos modos, un subreporte ante la ausencia de datos públicos proporcionados por la Fiscalía. La ciudadanía no ha dejado de llenar el vacío oficial y pone rostro y nombre a la violencia estatal.

 

“Hoy en la mañana me llegó del tribunal un documento de acusación, me están acusando de Atentado, Desacato y Desorden Público a raíz del día 11-J”, dijo en sus redes sociales la cubana Sissi Abascal.

 

“Me están fabricando estos delitos porque en ningún momento yo golpeé a la oficial Silvia Martínez Montero y ella me está acusando de haberla golpeado, las víctimas fuimos nosotras a mi hermana le partieron la cabeza a mi madre le dieron por todas partes mi padre estuvo preso 47 días injustamente. Estoy pendiente a juicio y la petición fiscal es de 6 años”.

 

Dejó claro que ella es una ciudadana pacífica que sigue alzando su voz por lo mismo que el día 11 de julio y que podría resumirse en una frase: “Patria y Vida”.

 

DIARIO LAS AMÉRICA