Tras las protestas del 11 de julio, las fuerzas de seguridad cubana detuvieron a cientos de personas. Entre ellas, varios menores de edad que continúan presos.

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Las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron de las mayores desde 1959. Estas llamaron la atención del mundo entero no solo por su masividad y espontaneidad, sino también porque la isla no está acostumbrada a ver demostraciones de este estilo en contra del poder de La Habana, escribe Mateo Hadad en Infobae.

 

Los detonantes de estas protestas —que se generaron espontáneamente a través de las redes sociales en distintas localidades del país— fueron la crisis sanitaria producto de la pandemia de covid-19, la escasez de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión que rigen desde hace 62 años. Si bien este último factor existe desde el comienzo del régimen de Fidel Castro —hoy continuado por Miguel Díaz-Canel—, la profundización de la crisis económica y el aumento de la marginalidad hicieron que la gente pierda el miedo a salir a la calle.

 

Así fue como miles de personas ejercieron su derecho a expresarse y marcharon contra el gobierno. Sin embargo, ese derecho fue criminalizado por el régimen: de los 1.020 detenidos por las protestas aún quedan 505 en reclusión, según datos de la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex. A su vez, según la misma organización, 49 de los detenidos originalmente eran menores de 18 años y al día de hoy 15 de ellos siguen detenidos en servicios penitenciarios, mientras que muchos de los liberados cumplen prisión domiciliaria. Para otra institución que vela por los derechos humanos de los cubanos, Justicia 11J, denuncia que son 10 los menores que continúan bajo arresto. La falta de exactitud en los datos se debe al secretismo y la falta de transparencia con la que se manejan las autoridades.

 

Infobae dialogó con los padres de cuatro de estos menores que continúan recluidos: la madre de Jonathan Torres Farrat, el padre de Emiyoslan Román Rodríguez, la madre de Brandon David Becerra Curbelo, y la de Rowland Jesús Castillo Castro; todos de La Habana y de 17 años al momento de su detención, ya que Emiyoslan cumplió la mayoría de edad estando prisión.

 

El caso más delicado es el de Jonathan Torres, debido a su estado de salud. Jonathan sufre una hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, producto de la hipertensión arterial que le requiere tomar una medicación todos los días para controlar la presión en su sangre. Desde el día de su detención, el 13 de agosto en la capital de la isla, no tiene acceso a esta medicación. Su madre, Bárbara, está extremadamente preocupada por esta situación. “Todo el que sepa un poquito sobre presión sabe que es un padecimiento bastante grave. Están jugando con la vida de mi hijo, la están poniendo en peligro. Mi hijo ya cumplió un mes y medio desde que no tiene medicamentos”, señaló. Sumado a esto, se le generó una otitis en el oído que se le está infectando, lo cual podría empeorar su estado. Sin embargo, al llevarlo a la enfermería, “no le pudieron dar nada puesto que no hay nada para darle. No me lo quieren llevar a un hospital ni me lo medican”, declaró la mujer.

 

Jonathan estuvo 15 días detenido en estación de policía de Acosta, de la ciudad de La Habana y luego fue trasladado a la prisión Jóvenes de Occidente para esperar allí el cambio de medida cautelar o el comienzo del juicio. Pero el 27 de septiembre fue conducido hacia la compañía número 5, donde permanece con adultos que ya han sido juzgados. “Esto supone no sólo una violación de la Convección de los Derechos del Niño, sino también de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”, explica Camila Rodríguez, abogada de la ONG Justicia 11J, a Infobae.

 

Jonathan, además, está esperando un hijo junto a su pareja, que transita su octavo mes de embarazo. Y mientras siga detenido a la espera de juicio no se le permitirá ni ver a su hijo ni inscribirlo en el registro civil como propio. “Tiene que esperar a que le hagan juicio o a que salga a la calle para entonces poder inscribir al niño. No sé, es bastante incierto qué es lo que puede suceder a partir de estos momentos. Otro derecho más que se está violando: que no pueda inscribir a su bebe ni pueda estar en un momento tan especial para él”.

 

Emiyoslan Román Rodríguez, por otro lado, fue detenido el 14 de julio junto con su hermana Mackyanis, de 23 años, su hermano Yosney, de 25 años, y su primo Odlanier, de 22 años. La policía ingresó a las 6 de la mañana de ese día al domicilio de la familia en La Güinera, sin una orden judicial, y se los llevó esposados. De allí fueron llevados al Departamento Técnico de Investigaciones 100 y Aldabó y permanecieron en dicha instalación incomunicados hasta el 22 de julio, cuando fueron trasladados, sin juicio, a distintas prisiones.

 

“Todavía no he tenido contacto con ellos, no he podido verlos desde ese entonces. Me llaman por teléfono y me dicen que están bien, pero sé que es mentira. Mis hijos no son bandoleros, no son de problemas. Ya el 14 de octubre se cumplen tres meses y no los he podido ver a ninguno”, declaró Emilio, padre de Emiyoslan y sus hermanos. “Cuando se los llevaron los tenían incomunicados, no me dejaron verlos y nunca los he visto; Emiyoslan cumplio sus 18 años en la prisión. Tengo contacto telefónico con ellos, pero muy poco con Emiyoslan. Hablo más con los otros tres”.

 

Los tres jóvenes participaron de la manifestación del 11J y sufrieron en carne propia la represión de las fuerzas de seguridad. “Sí, mis tres hijos participaron en la marcha, de los tres sale un video protestando. A la hembra le dieron una pedrada y a Emiyoslan un tiro de goma en el pie”. Y al ser consultado sobre las condiciones de su detención, respondió: “De la condición no se nada porque apenas podemos hablar, solo me dice que está bien pero no hemos podido hablar de eso”.

 

Por su parte, Brandon David Becerra Curbelo fue detenido el 16 de julio a las 2:30pm cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en La Habana junto a su hermano de 12 años. En ese momento “Llegó una patrulla y un bus. Lo esposaron, le quitaron el móvil y se lo llevaron. Mi otro hijo es el que viene corriendo y me cuenta”, declaró Yanaisy, su madre, a Infobae. Desde ese entonces se encuentra detenido en la Prisión de Jóvenes de Occidente en El Guatao bajo el cargo de “desorden público”. A Brandon no le permiten recibir visitas. Está autorizado a hacer dos llamadas por semana y su madre le lleva cada 15 días “alimentos, elementos de aseo y medicamentos”, como afirma ella misma a este medio.

 

La situación se volvió más delicada a partir del 13 de agosto cuando le informaron a su madre que Brandon había dado positivo en un test de coronavirus. Ese día su madre hizo un descargo en su perfil de Facebook en el que criticaba a las autoridades por el hecho de que no le permitían verlo, en teoría, por los cuidados necesarios por la pandemia y aun así se contagió de covid-19. En esa misma publicación aseguró que “hoy su estado de salud es crítico”. Si bien Brandon hoy no corre peligro por la enfermedad, su situación se agravó ya que al delito de “desorden público” se le agregó el de “propagación de epidemia”, y esto puede ser utilizado por el régimen como una excusa más para mantenerlo en custodia.

 

El día 28 de septiembre se le denegó por segunda vez el cambio de medida cautelar, lo que indica que el joven permanecerá en la cárcel bajo las mismas condiciones que hasta ahora. “Mi hijo solo tiene desorden público y propagación de epidemia. No cometió ningún acto violento ni perjudicó ni atacó a nadie, no comprendo tal injusticia. Tiene 17 años, esto es tortura psicológica”.

 

Rowland Jesús Castillo Castro también fue detenido el 16 de julio, cuando salía de la casa de un amigo en el municipio 10 de Octubre, de La Habana, luego de festejar un cumpleaños y fue interceptado por una patrulla que “se les tiró arriba, casi me lo mata”. Acusado de “desorden público” y “atentado” por participar en la marcha del 11J, estuvo incomunicado durante 15 días y, en ese tiempo, pasó por la Unidad Policial de Aguilera y luego fue trasladado al Departamento Técnico de Investigaciones 100 y Aldabó. Hoy se encuentra detenido en la Prisión de Jóvenes de Occidente, al igual que Brandon Becerra Curbelo.

 

Su madre, Yulinela, cuenta a Infobae su desesperación por volver a ver a su hijo y por saber cómo se encuentra. “No se lo puede visitar, solo se le lleva alimentos todas las semanas. 2 veces a la semana él me llama de un teléfono público a mi celular y me dice que está bien, pero no puede hablar más que 3 minutos”. Las condiciones en las que se encuentra recluido Rowland son tan precarias que el joven se ha contagiado sarna por la falta de higiene y por dormir todos los días en un colchón sucio y sin sábanas, dado que no le permiten cambiarse ni su su ropa, ni la sábana ni la toalla.

 

Rowland tiene un hijo de 1 año al que no le permiten ver y que ha quedado bajo el cuidado de su madre, que además de tener que cuidar a la criatura y encargarse de reclamar por la liberación de su hijo, padece de leucemia. “Esto es desesperante, no tengo esperanza de que salga por lo que me dicen ellos. Mi hijo no tiene antecedentes penales, tiene un buen comportamiento social, estudia en la Escuela Nacional de Deportes Manuel Fajardo y es atleta de alto rendimiento de lucha libre. Además, tiene un bebé de solo un año, que lo necesita”.

 

La ONG Justicia 11J se encarga, entre otras cosas, de acompañar a los familiares de los menores detenidos y de ofrecer ayuda para encauzar los casos legalmente -con consejos, asesorías o en la redacción de algún documento-, y para soportar emocionalmente el momento.

 

“Hemos estado al tanto, de manera preferencial, de los casos de los y las menores de 18 años, precisamente por la vulnerabilidad que suponen en el escenario de violaciones del debido proceso y de los derechos humanos que acá cada día se hacen más frecuentes. En ese sentido, hemos alertado sobre la necesidad de acompañamiento psicológico de estos menores, que se enfrentan por primera vez, a tan corta edad, a procesos de investigación penal y a la vida en reclusión”, declaró Camila Rodríguez.

 

Por otra parte, el hecho de que en Cuba la responsabilidad penal se adquiera a los 16 años y no a los 18 hace que los casos de las personas que están dentro de esta franja merezcan especial atención ya que, si bien tienen responsabilidad penal, siguen siendo considerados menores de edad y cuentan con los derechos que esto trae, como la presencia de los padres durante los interrogatorios y la comunicación frecuente con sus familiares.

 

Sin embargo, según Camila Rodríguez, “Hemos podido constatar que nada de lo entendido como garantías para los menores de edad ha sido respetado (ahí se incluye también la presunción de inocencia), en los casos que hemos seguido, o a los que hemos acompañado”.

 

A día de hoy los padres y madres de los menores detenidos no tienen razones para esperanzarse de ver a sus hijos prontamente. El accionar del régimen, en estos y otros casos, muestra una clara intención de criminalizar a quienes se han manifestado en contra suyo y de continuar violando sistemáticamente los derechos humanos de su población, como lo hacen hace ya más de 60 años.

 

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