Las macroinvestigaciones sobre pederastia en la
Iglesia católica en el mundo: miles de víctimas y pocos condenados
Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Alemania y ahora Francia han ido destapando la magnitud de unos crímenes sepultados por décadas de silencio.
La última investigación realizada sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia francesa ha vuelto a escandalizar al mundo. La Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase) reveló este martes que al menos 216.000 menores fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa en los últimos 70 años, una cifra que alcanza las 330.000 víctimas si también se cuentan los abusos cometidos por personal laico relacionado con la institución: enseñantes, catequistas o responsables de movimientos juveniles.
En Francia fue la Conferencia Episcopal la que decidió encargar a una comisión independiente la tarea de investigar posibles casos de pederastia desde 1950. En España se publicó a finales del pasado junio una investigación de tres universidades –la Universitat Oberta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco– cuya principal conclusión es que las autoridades religiosas en España han eludido hasta ahora investigar “a fondo” este problema. Actitud que no parece haber variado, pese a la presión de la opinión pública, y que quedó reflejada en las palabras pronunciadas por el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el pasado 30 de septiembre, cuando admitió que no tienen una actitud “proactiva”. Es decir, afirman que si alguna víctima se dirige a los obispos, la atenderán, pero ellos no harán nada por saber la verdad. Ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado.
En España la única contabilidad de víctimas es la que lleva EL PAÍS, ante la ausencia de datos oficiales y de la Iglesia. Frente a esa opacidad en los casos ocurridos en España, a lo largo de las últimas dos décadas se han sucedido otras macroinvestigaciones en diferentes países del mundo. Unas veces las ha impulsado el Parlamento, como ha ocurrido en Bélgica; la Conferencia Episcopal y algunas diócesis concretas han sido las impulsoras en el caso de Alemania y en otros casos, como ocurrió en Estados Unidos, la primera gran iniciativa que dio frutos corrió a cargo del equipo de investigación del diario The Boston Globe. Datos, nombres de víctimas y abusadores que solo han dejado entrever la magnitud de un problema que subsiste y sobre el sigue siendo habitual que gane el silencio y la impunidad de los agresores.
El año 2002 marca un antes y un después para los abusos sexuales cometidos por religiosos dentro de la Iglesia católica en Estados Unidos. En aquel año, el diario The Boston Globe revelaba, tras una ardua investigación, un escalofriante patrón de abusos sexuales cometidos durante décadas dentro de la famosa achidiócesis católica de esa ciudad y cómo la jerarquía había protegido a los perpetradores ocultando sus crímenes. El poderoso arzobispo de Boston, el cardenal Bernard Law, se vio forzado a abandonar su cargo tras ser acusado de encubrir uno de los mayores escándalos de pederastia de la Iglesia católica. Law murió en Roma a finales de 2017 sin haber prestado declaración jamás frente a un tribunal norteamericano.
El escándalo de la Archidiócesis de Boston provocó que, en 2004, la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York abriera una investigación que concluyó que, entre 1950 y 2002, un total 10.667 personas en EE UU habían acusado a 4.392 clérigos de abusos sexuales a menores, lo que equivalía a más de un 4% del personal religioso. Sin embargo, solo 252 de ellos fueron condenados y 100 encarcelados. Lo que la Iglesia católica ha hecho en EE UU es llegar a acuerdos millonarios con las víctimas de abusos para evitar los tribunales, hasta pagar más de 3.000 millones de dólares (casi 2.600 millones de euros) en compensaciones, lo que ha dejado en bancarrota a decenas de diócesis. Para muchas asociaciones de víctimas, estos pagos han contribuido a que la Iglesia escapara a la justicia.
En 2018, la investigación de un gran jurado de Pensilvania exponía abusos a más de mil menores por más de 300 religiosos en siete décadas y revelaba que desde al menos 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y que se mostró tolerante. Las 1.356 páginas del informe de Pensilvania relataban descripciones escalofriantes y crudos ejemplos de impunidad. Por ejemplo, en la diócesis de Erie, un cura confesó haber cometido en los años ochenta violaciones anales y orales a al menos 15 chicos, uno de ellos de solo siete años.
Uno de los mayores obstáculos a la persecución judicial son las leyes de prescripción de delitos. En otros casos, los autores de los horrores ya están muertos. La gran excepción se conocía este verano, cuando a finales de julio, el excardenal estadounidense Theodore McCarrick era acusado de abuso sexual a un joven de 16 años en 1974. McCarrick, de 91 años, se convirtió así en el primer alto cargo de la Iglesia católica en EE UU que enfrenta cargos criminales por este tipo de acusaciones.
En 2018, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano que juzga estos asuntos dentro de la Iglesia católica, consideró a McCarrick culpable de abusos a menores y a adultos con la agravante de abusos de poder, por lo que le impuso la pena de la reducción al estado laico, la pena más dura que contempla la ley canónica. El excardenal es el religioso de mayor rango en la historia reciente de la Iglesia católica sobre el que se ha impuesto tal castigo. El próximo día 28, el expurpurado deberá comparecer de nuevo ante el tribunal de Boston que le acusa de abuso sexual.
En 2013, el Gobierno australiano estableció una Comisión Real -una investigación pública oficial- para indagar sobre los abusos sexuales a menores en instituciones como la Iglesia católica, organismos estatales, escuelas, clubs deportivos y organizaciones caritativas. Después de cinco años y miles de entrevistas, la Comisión publicó los resultados en diciembre del 2017. Los crímenes fueron cometidos contra unos 4.400 menores, de una edad media entre los 10 y 11 años. Según sus conclusiones, alrededor de 1.800 sacerdotes y hermanos religiosos fueron acusados de abuso sexual entre 1950 y 2015, lo que supone un 7% del total de sacerdotes católicos en Australia. En algunas diócesis este porcentaje alcanza el 15%. Según la Comisión estas acusaciones de abuso sexual nunca fueron investigadas, sino todo lo contrario: las víctimas fueron ignoradas o incluso castigadas, y los acusados fueron trasladados a nuevas comunidades que no tenían ningún conocimiento de su pasado.
Los escándalos de pederastia acabaron implicando a la cara más conocida de la Iglesia católica australiana, el cardenal George Pell, que también había ejercido como tesorero del Vaticano. En diciembre de 2018, un jurado consideró al cardenal Pell culpable de abusos sexuales a menores. Sus abogados recurrieron la sentencia y en abril de 2020 el Tribunal Supremo anuló la condena y decretó la libertad del cardenal, que había pasado 400 días en prisión.
El Gobierno australiano aceptó la mayoría de las recomendaciones que publicó la comisión para los abusos sexuales. La más importante fue el establecimiento de un programa voluntario para compensar a las víctimas de los abusos. La Iglesia católica se adhirió al programa para evitar un alud de procesos legales y aceptó compensar a las víctimas con una cifra máxima de 150.000 dólares australianos (algo más de 94.000 euros). En un gesto simbólico sin precedentes, en octubre del 2018 el Gobierno australiano pidió perdón a todas las víctimas de pederastia en instituciones religiosas y estatales. “Yo os creo, nosotros os creemos, vuestro país os cree”, dijo el primer ministro Scott Morrison en una comparecencia ante el Parlamento. Centenares de víctimas y sus familiares fueron invitadas a atender la disculpa nacional pronunciada por Morrison: “Hoy Australia se enfrenta a un trauma, una abominación, escondida en plena luz del día durante demasiado tiempo. Nos enfrentamos a una pregunta demasiado horrible de preguntar, y aún más de responder: ¿Por qué los niños y niñas de nuestra nación no fueron amados, apoyados y protegidos?”.
Las primeras acusaciones de abusos sexuales en el seno de la Iglesia de Irlanda comenzaron a ver la luz en la década de los ochenta, y conmocionaron a una sociedad que, como en otros países de fuerte tradición católica, ha tomado distancia y ha reclamado justicia. Desde el escándalo del sacerdote de Belfast Brendan Smith, causante él solo de abusos sexuales a más de 140 niños durante 40 años, las autoridades irlandesas —y la Iglesia, renqueante en un principio, pero consciente después de que estaba en juego su propia supervivencia— han puesto en marcha investigaciones y creado organismos específicos para atajar esta lacra. La Comisión para la Investigación de los Abusos Infantiles, establecida en el año 2000, documentó las violaciones y acosos sexuales, junto a la explotación laboral, de centenares de menores en el seno de las instituciones católicas. El Informe Ferns –resultado de una investigación interna de la diócesis de Dublín y del Servicio de Protección del Menor– reveló, cinco años después, hasta 100 acusaciones de abusos entre 1962 y 2002.
El Informe Murphy, impulsado por la jueza Yvonne Murphy, examinó hasta 320 acusaciones y señaló públicamente a los responsables de haber encubierto hechos gravísimos. Finalmente, la Institución Histórica para la Investigación de los Abusos indagó en los escándalos ocurridos en Irlanda del Norte entre 1922 y 1995 y delató a los sacerdotes y seglares responsables de abusar de menores. Recomendó compensaciones económicas, monumentos conmemorativos y disculpas públicas a los supervivientes. Pocas de esas recomendaciones se han atendido. Más de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores, pero solo 82 de ellos han sido condenados por los tribunales, según la organización Bishop Accountability. La directora de esta asociación, Barrett Doyle, atribuye este retraso, en un país que fue el primero en exponer los abusos, a una “peligrosa combinación” del secretismo aún existente en la jerarquía católica y las leyes civiles en defensa de la privacidad y contra la difamación, que juegan a favor de los que perpetraron los abusos.
El escándalo de un obispo pederasta fue la chispa que hizo caer por primera vez el velo de la oscuridad y abrió en Bélgica macroinvestigaciones sobre los abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. Ocurrió en 2010, cuando se descubrió que el entonces prelado superior de la diócesis de Brujas, Roger Vangheluwe, había abusado de dos sobrinos durante años. La Comisión para el Tratamiento de las Demandas por Abusos Sexuales en una Relación Pastoral inició una investigación a las pocas semanas, cuyas conclusiones fueron desoladoras: recabó el relato de dolor de 424 víctimas, constató el suicidio de 13 abusados y otros seis intentos frustrados de quitarse la vida. En total, pudo identificar a 320 agresores, la mayoría sacerdotes o religiosos ya fallecidos que habían cometido sus delitos entre los años cincuenta y ochenta del siglo XX. Un magistrado ordenó registrar e incautar los documentos de las denuncias recogidas por esta comisión de la verdad, que acabó cerrando de forma abrupta.
Ante la magnitud del escándalo, el Parlamento belga puso en marcha una investigación sobre los abusos y creó un centro de arbitraje independiente para recabar más denuncias de pederastia; mientras tanto, la Iglesia creó 10 puntos de contacto para recoger testimonios y reparar a las víctimas. El centro de arbitraje, que estuvo en marcha entre 2012 y 2015, recogió 628 denuncias. A través de los puntos de contacto, dos de los cuales siguen abiertos, se han identificado otras 553 denuncias hasta 2020, según recoge la web de la Iglesia belga, que publica informes anualmente. Suman un total de 1.181 denuncias en un país de 11,5 millones de habitantes.
Tras su estudio, cerca de 937 denuncias han sido aceptadas o consideradas lo suficientemente graves como para tener derecho a una reparación económica. Hasta 2019, las víctimas habían recibido en total 4,6 millones de euros, una media de 5.356 euros para cada una. Según la gravedad y duración de los abusos, las cantidades fijadas oscilaron entre los 5.000 y los 25.000 euros. De las reparaciones se encarga la fundación Dignity, una entidad que representa a la Iglesia en los procedimientos de arbitraje e indemnización.
En Alemania, las investigaciones sobre abusos por parte de miembros de la Iglesia católica las han encargado o bien la Conferencia Episcopal o algunas de las diócesis del país. Un primer informe conocido en septiembre de 2018 desveló que 3.677 niños o adolescentes fueron víctimas de abuso sexual por parte de 1.670 miembros del clero. El trabajo, realizado por investigadores de tres universidades por encargo del órgano de los obispos alemanes, concluyó que solo un 38% de los perpetradores fueron sometidos a algún tipo de procedimiento para dirimir su culpa y que en la mayoría de esos casos únicamente se enfrentaron a procesos disciplinarios menores. El informe supuso un terremoto en la Iglesia católica alemana. Su portavoz aseguró tras la publicación de un adelanto del contenido en el semanario Der Spiegel que la institución estaba “consternada y avergonzada”.
Además de calcular el número de víctimas y de abusadores tras consultar documentación en distintas diócesis del país, los autores del estudio también describieron un sistema de encubrimiento que se prolongó durante 68 años –los abusos documentados van desde 1946 hasta 2014–. Como no tuvieron acceso a todos los archivos relevantes, los investigadores advirtieron de que el número de víctimas probablemente era más elevado. Aproximadamente la mitad de las víctimas eran menores de 13 años.
La diócesis de Colonia, la más poderosa y rica de la acaudalada Iglesia católica alemana, encargó su propio informe años después. Su versión definitiva se publicó el pasado mes de marzo. Un despacho de abogados de Colonia analizó documentación y realizó decenas de entrevistas hasta confirmar la existencia de al menos 314 víctimas y 2.020 presuntos autores de abusos entre 1975 y 2018.
El escándalo de los abusos del clero no amaina en el país. En junio el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y uno de los prelados más conocidos de Alemania, presentó su dimisión al Papa en una carta abierta en la que reconocía su “corresponsabilidad” y reconocía el “fracaso institucional” de la Iglesia católica. Francisco no aceptó su renuncia y le pidió, también mediante una misiva que se hizo pública, que siguiera trabajando para reformar la institución. El Papa urgía a “ventilar esta realidad de los abusos y de cómo procedió la Iglesia”. Otras diócesis alemanas han iniciado sus propias investigaciones. Además, la Conferencia Episcopal estableció el año pasado indemnizaciones para las víctimas de pederastia de hasta 50.000 euros, frente a los 5.000 que como máximo había pagado hasta entonces.
Información de Yolanda Monge (Washington), Anna Jover (Auckland), Rafa de Miguel (Londres), Guillermo Abril (Bruselas) y Elena Sevillano (Berlín).
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