La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide al joven Jorge Gabriel Arruebarruena León, seis años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y dos desacatos luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad.

 

“Fue detenido el 11 de julio. Solo iba manifestándose y gritando lo que la gente, el pueblo, iba gritando. Nada de carteles, ni piedras tiradas, manifestándose como iba todo el mundo en una marcha sin alteraciones y con su nasobuco puesto”, indicó su madre Madel León Jiménez en conversación con nuestra redacción.

 

Las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, a las que Radio Televisión Martí tuvo acceso, afirman que "Arruebarruena, de 23 años, y el resto de los consignados en el Expediente en Fase Preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país debido al Bloqueo impuesto por Estados Unidos para arengar a otras personas a que los siguieran, al tiempo que vociferaban Díaz Canel Singado".

 

“El abogado dice que ‘desacato’ es por gritar la frase ¡Díaz Canel S…!, señaló la madre.

 

El defensor de Arruebarruena, Laslo Pérez de Alejo, ha dicho a la madre que piensa poder bajarle un poco en el juicio, quitarle un desacato, pero que “son tiempos difíciles y hay que fajarse por él”.

 

“Todo el mundo se está quejando. Están pidiendo muchos años a niños que no han hecho nada, que solamente marcharon y gritaron alguna consigna. Es abusivo”, lamentó León Jiménez.

 

Otros 15 manifestantes serán juzgados en la misma causa por “desórdenes públicos” , “desacato” y “resistencia”: Yunior Sebey Mena, Andy Dunier García Lorenzo, Randy Arteaga Rivera, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Liván Hernández Sosa, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, John Luis Machado Marrero, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Amanda Dalai Matamoros Cabrera, Brian Amed Ceballo OReilly, Leonel Tristá García, Ariel Núñez Martínez, Armando Guerra Pérez, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz. La Fiscalía pide para ellos entre 5 y 8 años de prisión.

 

Hasta el momento, los atribulados familiares no saben la fecha del juicio.

 

Según el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, al menos 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación, y 202, en fase de juicio oral. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas.

 

Radio Televisión Martí tuvo conocimiento de la pena más alta pedida para uno de los manifestantes: 30 años de cárcel para el holguinero Yosvany García Cazo.