NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
Brasil, un Estado laico, tendrá a partir de ahora en su máximo tribunal un abogado que también es pastor de la Iglesia Presbiteriana. André Mendonça, de 48 años, recibió este martes la bendición del Senado (47 síes y 32 noes) para convertirse en uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal. Otros miembros de la corte son creyentes, pero es la primera vez que el elegido es abiertamente religioso en la esfera pública, lo que refleja el creciente poder de los evangélicos. El presidente Jair Bolsonaro cumple así su promesa de nombrar a alguien “terriblemente evangélico” para una corte que tiene un activo papel en la política brasileña.
La primera aparición pública del antiguo militar al ganar las elecciones fue un rezo en familia. Tras agradecer a Dios su nombramiento, Mendonça ha descrito su significado: “Un paso para un hombre y un salto para los evangélicos”.
Bolsonaro, un ultraconservador de extrema derecha, se apunta así un tanto ante los evangélicos, algo crucial en vísperas de un año electoral porque son el colectivo que votó de manera más unánime por él en 2018. Mendonça ha prometido, durante una larga comparecencia en el Senado, escrupuloso respeto al Estado laico y la democracia: “Como me digo a mí mismo, en la vida, la Biblia; en el Supremo, la Constitución”. El nuevo juez dice que pretende “defender la laicidad del Estado y garantizar la libertad religiosa de todos los ciudadanos, incluidos los que optan por no tener religión”. Los ataques a las religiones de origen africano se han multiplicado.
Llegar hasta el tribunal Supremo ha sido una especie de via crucis para este abogado que hizo el doctorado en la Universidad de Salamanca (España), fue ministro de Justicia y ahora dirige la Abogacía General de la Unión. Durante cuatro meses, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, le ha mantenido en un limbo porque se resistía a incluir su nombramiento al orden del día, molesto con Bolsonaro. Los parlamentarios y pastores evangélicos han hecho un enorme esfuerzo de movilización ante una votación que se anticipaba reñida y no lo ha sido.
A preguntas de los senadores, el nuevo juez del Supremo se ha comprometido a no discriminar a nadie (incluida la comunidad LGTB+ y a sus familias, a las que ha mencionado expresamente a instancias de un diputado opositor que tiene marido e hijos). Su actitud ha sido la de buscar constantemente la concordia y los puntos en común incluso con los más críticos, además de mostrarse humilde.
En Brasil, como en otros países, los altos tribunales han liderado la ampliación de derechos civiles como el matrimonio homosexual, legalizado en 2013, o el derecho de las personas transgénero a cambiar de nombre oficial sin evaluación médica, autorizado en 2018. El aborto es legal solo en tres supuestos y en los últimos años se han multiplicado las iniciativas legislativas para restringirlo aún más. Es el segundo miembro del Supremo que nombra Bolsonaro (su admirado Donald Trump nombró a tres, lo que ha colocado en peligro el derecho al aborto en EEUU). Si el brasileño fuera reelegido, se espera que impulse la llamada agenda de las costumbres.
La sociedad brasileña es conservadora. Ningún otro país tiene tantos católicos pero están en franco retroceso. Si en 1980 suponían el 90% frente a un 6,6% de evangélicos, estos tienen un avance imparable. Ahora la proporción es 65%- 22%. Reflejo de ese profundo cambio social, la bancada evangélica es una de las mayores del Congreso, con 127 de los casi 600 congresistas. Antes de la pandemia, se reunían una vez por semana a celebrar un culto en sede parlamentaria.
Sus parlamentarios se han movilizado intensamente para lograr la elección del hermano Mendonça, como se llaman entre sí. Llevaron a decenas de pastores a Brasilia para reunirse con cada uno de los 81 senadores. Lo mismo hicieron en los respectivos Estados. “Los senadores siempre vienen a nuestras iglesias a pedir el voto. Esta vez era nuestro turno de pedir”, explica el diputado y párroco de la Asamblea de Dios Sóstenes Cavalcante.
Su preocupación era perder la oportunidad de poder levantar una barrera de contención en el Supremo ante cuestiones progresistas, como el derecho al aborto, derechos de las personas LGTB+, el acceso de las iglesias a los medios o la legalización de las drogas o el juego. “En los últimos años, la izquierda salió del Gobierno y perdió espacio en el Legislativo. Siempre recurre al Supremo, que no tiene un juez conservador. Con Mendonça allí, tenemos la garantía de que al menos pedirá vistas sobre temas que son del gusto de los conservadores”, explica el diputado evangélico.
Entre los 2.000 casos que heredará del juez que se jubila, varios atañen a asuntos sensibles para Bolsonaro como la petición para investigar a la primera dama, Michelle Bolsonaro, por una supuesta corruptela u otros vinculados a la gestión de la pandemia., por la que el Senado ha pedido que sea procesado por crímenes contra la humanidad. El fiscal general del Estado lleva un mes estudiando la petición.
Funcionario de la Abogacía General del Estado, defendió la ruptura de las medidas de aislamiento social durante los meses más duros de la pandemia, incluida la reapertura de los templos religiosos. Durante su gestión el Ministerio de Justicia elaboró un dosier sobre casi 600 personas que se declararon antifascistas y se abrieron cinco investigaciones por difamación y calumnias contra el presidente que fueron archivadas por los jueces un detrás de otra.
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