El principal acusado confiesa el asesinato de
Scott Johnson en 1988, crimen homófobo catalogado inicialmente como un suicidio.
Australia reconoce, 30 años después de su aparente suicidio, que un joven estadounidense fue víctima de un crimen homófobo y reabre la investigación.
Más de 33 años desde la muerte de Scott Johnson, catalogada inicialmente como un suicidio, los hechos empiezan a aclararse. En 2018, la policía australiana por fin admitió que el estadounidense fue víctima de un delito de odio, como siempre defendió su hermano Steve. Dos años después era arrestado un hombre de 49 años, Scott White, como principal sospechoso de la muerte de Scott Johnson. Ahora, White ha confesado por fin el crimen, que se enmarca en una serie de asesinatos homófobos cometidos en Sídney y alrededores por bandas de jóvenes y que quedaron en su mayoría impunes por la desidia policial.
Scott Johnson era un joven estadounidense de 27 años, que se encontraba en Australia completando su doctorado en Matemáticas y que había solicitado el permiso de residencia para continuar en el país. En diciembre de 1988 su cuerpo fue encontrado, desnudo, al pie de un acantilado en las afueras de Sídney. Se trataba de una zona cercana a un área de cruising, a la que muchos homosexuales de la época acudían para contactar y mantener relaciones. El caso fue despachado por la policía de la época como un suicidio, a pesar de que no existían razones aparentes para que el joven tomara esa decisión.
Su hermano Steve, residente en Estados Unidos, siempre estuvo convencido de que Scott fue víctima de un delito de odio. Su hipótesis no era descabellada: era la época más dura de la pandemia del sida, en la que había florecido entre ciertos grupos de Sídney una cultura de odio hacia los homosexuales y las agresiones estaban a la orden del día. Pese a lo cual no existía en las autoridades la sensibilidad que hoy existe ante los delitos de odio homófobo.
Bien fuese porque Scott fue arrojado al vacío por sus asesinos, bien porque cayó cuando huía de sus agresores, su hermano estaba convencido de que su muerte fue violenta. Durante años, de hecho, el propio Steve Johnson, hoy un adinerado empresario tecnológico, gastó de su propio bolsillo cerca de un millón de dólares en intentar conseguir pistas que le permitiesen abrir el caso. Pese a lo cual, hasta 2018, las autoridades australianas siempre se habían negado. Ese año, sin embargo, la propia policía australiana admitía por fin como muy probable que Scott Johnson fuese víctima de un delito de odio cometido por dos o más agresores y decidía reabrir la investigación.
En mayo de 2020, la policía arrestaba a un hombre de 49 años, Scott White, bajo la acusación de ser el autor del asesinato. El pasado 10 de enero, White cambiaba su declaración de «no culpable» a «culpable». Aunque sus abogados alegaron que el acusado tenía problemas mentales, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso lo declaró culpable de los hechos. La confesión se había realizado, explicó, «en voz alta y clara, y de una manera enérgica y con determinación». El arrestado permanecerá bajo custodia hasta recibir su sentencia el próximo 2 de mayo. Steve Johnson ha manifestado su «alivio» por la confesión. «Pienso en mi hermano y en las muchas personas que lo querían e intentaron conseguir este resultado», declaró.
Una época negra sobre la que por fin se arroja luz
Las nuevas noticias sobre la muerte de Scott Johnson, posiblemente la más mediática de todas, están sirviendo en cualquier caso para rescatar del olvido lo sucedido durante una época en la que la violencia homófoba estuvo a la orden del día en Nueva Gales del Sur, sobre todo en las zonas de cruising, y durante la cual numerosas personas LGTB (sobre todo hombres que buscaban relaciones sexuales con otros hombres) fueron víctimas de agresiones e incluso asesinatos que en su momento quedaron impunes. Entre 1989 y 1999, por ejemplo, hay documentados cerca de 80 asesinatos homófobos en la zona, de los cuales 30 permanecen sin resolver.
El Parlamento de Nueva Gales del Sur, de hecho, decidió en 2018 abrir una investigación parlamentaria que saque a la luz la verdad sobre los delitos de odio cometidos contra la comunidad LGTB entre los años 1970 y 2010, algo que familiares y amigos de las víctimas llevaban años reclamando. El informe final de la comisión motivó la apertura de una investigación judicial en noviembre del año pasado.
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