La Asamblea ignora desde 2015 las peticiones para legislar en favor de los uniones de personas del mismo sexo.

POR FLORANTONIA SINGER

Una inusual propuesta de un alcalde de una localidad rural ha encendido el debate sobre el matrimonio igualitario en Venezuela, durante años olvidado en los cajones del Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que parecía un gesto político para abrir el debate terminó en una oferta engañosa para la comunidad LGBTQ, pero ha avivado la discusión de fondo. El alcalde de El Tigre, en el Estado oriental de Anzoátegui, ofreció matrimonios a través de un contrato donde se detallan los bienes de la pareja del mismo sexo, firmado ante abogados, pero sin ninguna vinculación legal y vendido como un paquete vacacional.

 

“En el contrato que firmen las parejas homosexuales vamos a poner bien grande ‘esta actividad es simbólica’ y con todo y que es simbólica, es un acto político que manda un mensaje a todo el país”, declaró el alcalde Ernesto Paraqueima, electo el pasado noviembre. El “acto político”, o más bien el trámite, podría costar desde 400 dólares, una oferta que incluye el contrato y una celebración, según ha revelado el político. Lo que dejó al descubierto que el objetivo real de la propuesta es captar fondos para el municipio y no reconocer los derechos de la comunidad LGBTQ+.

 

“Esta no es ninguna propuesta a favor del matrimonio igualitario o las uniones estables de hecho”, señala Moisés Gálvez, de la ONG Género Consciencia. “Nosotros visibilizamos esta propuesta de los contratos privados, pero evidentemente el alcalde no tiene un interés en el respeto de los derechos humanos, sino simplemente en recaudar para las arcas públicas del municipio”, denuncia.

 

Las principales trabas al matrimonio igualitario no están en las leyes venezolanas. La Constitución no lo prohíbe expresamente, pero establece la protección al matrimonio “entre un hombre y una mujer”. Una sentencia del Supremo de 2008, sobre un recurso de interpretación del artículo 77 que habla de la protección de las familias introducido por la ONG Unión Afirmativa, reitera que el matrimonio civil es una exclusividad de las parejas heterosexuales, pero los magistrados han dejado jurisprudencia sobre la no discriminación por orientación sexual y el mandato de la Asamblea Nacional de legislar sobre el tema para dar garantías fuera del matrimonio o las uniones de hecho. Otra decisión del máximo tribunal de 2016 reconoció la protección de los hogares homoparentales en un caso de una pareja de mujeres, con un hijo concebido a través de fertilización asistida.

 

El artículo 44 del Código Civil que establece que las uniones son únicamente entre hombre y mujer es la principal barrera. Desde 2015, las organizaciones de derechos humanos piden declarar su nulidad, sin tener respuesta. Un año antes habían introducido una propuesta de ley de matrimonio igualitario por iniciativa popular, pero también se estrelló con la omisión del Legislativo, que continuó cuando estuvo controlado por la oposición entre 2015 y 2020, cuando por primera vez se eligió a una diputada trans, la abogada y activista Tamara Adrián.

 

Esa demora de las autoridades fue recordada hace tres semanas en una protesta que decenas de personas hicieron frente a la sede del Supremo en Caracas, con pancartas que exigían poder casarse y algunos con trajes de boda. “¿Qué hace falta para que se apruebe el matrimonio civil a parejas del mismo sexo? Que jueces y diputados se alejen de sus prejuicios y cumplan con su deber como servidores públicos y se pongan a trabajar para que las parejas del mismo sexo protejan sus familias”, escribió la activista Quiteria Franco en sus redes sociales en medio del debate sobre la propuesta del alcalde.

 

El movimiento LGBTQ está volviendo a presionar para entrar en la agenda en uno de los países de América Latina más atrasados en esta materia y también de los más conservadores, donde las denuncias de discriminación, homofobia e intolerancia a parejas gays son cotidianas. La semana pasada, dos hombres fueron reprendidos por la policía “porque estaban hablando de cerca y uno estaba maquillado” en un parque público de Caracas. En bares y discotecas, es un hecho recurrente que parejas homosexuales que estén bailando o teniendo expresiones de afecto sean sacadas de los lugares por los encargados, en algunos casos con violencia verbal y física.

 

Nicolás Maduro agitó la bandera del matrimonio igualitario y lo encomendó al nuevo cuerpo de diputados en 2020, en plena campaña para las elecciones en las que el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional, pese a que para enfrentar a sus adversarios políticos a veces ha usado discursos homofóbicos. El tema, sin embargo, no ha sido incluido hasta ahora en la agenda legislativa. Gálvez teme que la influencia de grupos religiosos dentro del Gobierno pueda ser otro muro para alcanzar sus derechos.

 

La cercanía entre el mandatario chavista, en su desesperada búsqueda de apoyo político, y la iglesia evangélica ha crecido en los últimos años. Hace un mes, Maduro ofreció bonificaciones para los pastores a través del Sistema Patria -la plataforma del Gobierno que distribuye ayudas financieras y pensiones- y dinero para fortalecer los templos. Tres años atrás creó el día nacional de los pastores y una universidad teológica evangélica. “Tienen a un presidente cristiano”, les dijo a los evangélicos ese día.

 

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