No hay peor sedición y complot contra Cuba que el protagonizado cotidianamente por el Buró Político.

   Por Carlos Cabrera Perez

Condenar a los manifestantes del 11J por sedición y complot urdido en el extranjero es un atropello jurídico inconmensurable, que solo responde al miedo terminal que recorre la espina dorsal del tardocastrismo, necesitado más que nunca de simulaciones de lealtad incondicional y otras felonías ante sus evidentes fracasos político, económico y jurídico.

 

No hay peor sedición y complot contra Cuba que el protagonizado cotidianamente por el Buró Político del gobernante partido comunista y sus viles servidores, incluidos los crueles que administran la justicia.

 

Algunos de los jueces y fiscales que condenaron y acusaron a manifestantes del 11J temen por su presente y futuro, tras ver sus fotografías publicadas en medios de comunicación independientes y redes sociales y han reclamado amparo político al tardocastrismo, que ha reaccionado con su habitual torpeza política, involucrando al guerra civilista presidente, Miguel Díaz-Canel.

 

El mandatario volvió a pecar de bobo solemne y manifestó sentirse orgulloso de los jueces dispuestos a cambiar sus togas por fusiles; cuando Cuba necesita un mar de justicia y silenciar las escopetas, sobre todo, porque en el holocausto morirán también los nuevos ricos como López-Calleja, Marrero Cruz y el propio Díaz-Canel, que son los que tienen que perder fortunas, mansiones y carros.

 

Si esos indignados togados tuvieran la conciencia tranquila no haría falta la algarabía hueca del oficialismo jurídico y mucho menos involucrar al presidente Díaz-Canel que -con guapería y alarde fatuos- sigue sin encontrar sitio y tono institucionales; inmiscuyéndose en temas escabrosos y promoviendo que el ministro de Justicia, el presidente del Supremo y la Fiscal General brillen por su ausencia, cuando son ellos, los llamados a responder a Cubalex y Justicia 11.

 

La ofensiva propagandística gubernamental negando el encarcelamiento de menores de edad confirma la metedura de pata de un gobierno desacreditado, nervioso y cada vez más desacreditado ante cubanos y naciones extranjeras, hartas de La Habana, sus atropellos y mentiras.

 

Los verdugos de los manifestantes cubanos aspiran a cargos y recompensas que premie su sumisión, pero la crisis estructural reduce las migajas a límites extremos, obligando a los criados jurídicos de la dictadura a pelearse entre ellos por ser el más abyecto y servil, y a compartir las limosnas con otras subguaras como los comisarios culturales y periodísticos.

 

El miedo es humano, pero tras la alharaca mentirosa formada por la estatal Unión de Juristas de Cuba y la reacción de Díaz-Canel, se esconden dudas, incomodidades y anhelos de futuro de esos jueces y fiscales que actúan al servicio de la dictadura más antigua de Occidente y a los que Cubalex y Justicia 11 los ha retratado como viles, incapaces de un gesto como el del capitán español Federico Capdevila que partió su espada ante el tribunal que juzgó a los ocho estudiantes de medicina.

 

La unión casi monolítica en torno a la revolución pertenece al pasado remoto y a muchos de los actuales burócratas con toga les gustaría refrescar con viajecitos al extranjero, incluido Miami, esa ciudad generosa y símbolo de la pujanza de cubanos en libertad; anhelo que deberán posponer hasta que baje la marea, aunque no debemos descartar a arrepentidos en busca del perdón.

 

En la última semana, activistas y organizaciones de Derechos Humanos han compartido en sus perfiles una treintena de nombres y algunas fotos de fiscales y jueces cubanos involucrados en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Lo anterior ha provocado que se juzgue si es legítimo o no exponer la identidad de las autoridades implicadas, porque esto supuestamente podría significar una violación de su privacidad.

 

Desde la oficialidad respondieron, con tono amenazante, a quienes han mostrado la información. La Unión de Juristas de Cuba (UNJC) y hasta el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, advirtieron que “contra todo aquel que intente subvertir” la justicia con “amenazas”, “descrédito” o “facilitando la información”, “caerá todo el peso de la ley”.

 

El detonante de esta situación fue el anuncio el 16 de marzo de las condenas a 127 personas a un total de 1 916 años de cárcel, por los delitos de hurto y sedición principalmente. Todos se manifestaron el 11 de julio en Toyo y La Güinera, dos barrios pobres y marginalizados de La Habana. Entre los condenados había seis menores de edad.

 

Razones por las que sí es legítimo exponer las identidades de los funcionarios implicados.

 

Son funcionarios públicos

Los fiscales y jueces son funcionarios públicos y por tanto están sometidos al escrutinio como parte del principio de transparencia que debe regir su actuar. Conocer datos como su nombre y apariencia es un derecho básico a la información. Además, a la ciudadanía le corresponde fiscalizar su trabajo y valorar si lo ejercen o no con apego a la ley y no de manera arbitraria. Los estándares internacionales dictan que sí debe ser público, no hacerlo es una manera de garantizarles impunidad.

 

Dicho escrutinio representa también una forma de medir los niveles de aprobación o no de su gestión, y de ejercer el derecho a la libertad de expresión.

 

Giselle Morfi, abogada de Cubalex, agrega que esta información no solo debe ser pública, sino también de fácil acceso para la ciudadanía, y que debería estar disponible en Internet.

 

“Los jueces deben hacer públicos sus perfiles o páginas en redes, sus nombres completos, edades, teléfonos de trabajo, correo electrónico, apariencia, ideología”, detalla Morfi.                                                                                                                        Generalmente, la información que no esté relacionada con el ejercicio de sus funciones no tiene por que publicitarse. Por ejemplo, todo aquello que corresponda a su vida privada y familiar. No deberían ser expuestos su dirección, lugares que frecuente, número de teléfono privado, expediente médico, orientación sexual. Aunque algunos de estos datos pueden ser requeridos según el caso.

 

Han violado el debido proceso

Aun cuando sea bajo “orientaciones” del gobierno, los jueces y fiscales son responsables de las condenas impuestas a los manifestantes del 11J y también de las infracciones previas durante los procesos penales.  Entra ellas, la organización Cubalex ha denunciado: desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, se han constatado violaciones al debido proceso como la incomunicación, forzar a dar testimonios falsos, las amenazas y la violación al derecho a la defensa.

 

Los jueces han permitido procesos donde falta primeramente la presunción de inocencia, imparcialidad, sana crítica y libre apreciación de la prueba. Se ha limitado el acceso a los familiares, permitiendo la presencia de uno solo, mientras que para los agentes de la policía y la seguridad del estado dicho acceso es abierto. Es imposible que se lleven a cabo semejantes violaciones, sin la complicidad de los fiscales y los jueces.

 

“Ellos son autores por cooperación necesaria y tienen una responsabilidad individual. Aun cuando fuesen forzados a dictar tan injustas condenas, siempre tienen la opción de decir que no, de renunciar”, concluye Morfi. En cambio, la treintena de funcionarios expuestos optaron por quedarse en sus cargos y arruinar la vida de los presos y sus familias.

 

Han cometido el delito de prevaricación

Según explica el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalex, este es un delito que “tiene como elemento central la violación de la ley por acción u omisión. Es decir, utilizar la ley de manera maliciosa para favorecer o para perjudicar. Básicamente lo que han estado realizando los jueces y fiscales en cuestión”.

 

El experto agrega que los funcionarios expuestos están garantizando la impunidad de los agentes de la policía y la Seguridad del Estado involucrados en las violaciones de Derechos Humanos, y/o criminalizando el ejercicio de la protesta. Las condenas desmedidas no responden a la legalidad, sino al escarmiento.

 

No es la primera vez

En 2003, setenta y cinco opositores pacíficos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron juzgados en Cuba sin garantías procesales a penas de entre 13 y 27 años de privación de libertad. Si bien este episodio es uno de los más visibles ejemplos de cómo jueces y fiscales actúan en contubernio con el gobierno para castigar el disenso, esta ha sido una actitud sistemática en los juzgados de la isla.

 

Solo que ahora, la visibilidad y amplitud de todos estos procesos ha sacado a la luz la complicidad. Los juicios contra los manifestantes del 11J, opina el abogado Alain Espinosa, “los ha colocado en el mismo nivel de descrédito que a la Seguridad del Estado, la policía o el propio gobierno”.

 

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