La Fiscalía cubana pide para Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel «Osorbo» Castillo Pérez condenas de siete y 10 años de prisión, respectivamente.
El 17 de marzo de 2022 la activista y curadora Anamely Ramos González había publicado el auto del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana en el que se declaraba que Luis Manuel Otero, Maykel Castillo, Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel serían sometidos a juicio —entre otros— por los sucesos acontecidos el 4 de abril de 2021 en la barriada San Isidro.
Ramos González —quien había denunciado durante varios días que, aunque el expediente se encontraba en el Tribunal, los abogados no contaban con el escrito de acusación— anunció casi un mes más tarde (7 de abril de 2022) que había recibido las conclusiones provisionales.
¿Cuál es la acusación que pesa sobre los imputados en ese expediente? ¿Cuáles son los razonamientos de la Fiscalía y las sentencias solicitadas? ¿Hasta qué punto son cuestionables?
Las conclusiones provisionales del proceso de Luis Manuel Otero y Maykel Castillo demuestran la decisión del Gobierno cubano de aprovechar la ola represiva profundizada después del 11J para legitimar la prisión a quienes habían decidido no judicializar.
A inicios de 2020, Luis Manuel Otero Alcántara realizó el performance «Drapeau». En aquel momento, el performance generó polémica y desató la represión contra Otero Alcántara, quien permaneció encarcelado 13 días por ese motivo. Durante el encierro, las autoridades señalaron, incluso, una fecha tentativa para la celebración de su juicio. Sin embargo, el juicio se suspendió y se dispuso la excarcelación de Otero Alcántara luego de una campaña por su liberación que impulsaron actores de la sociedad civil cubana e internacional.
Dos años después de su liberación y cuando todo parecía olvidado, el poder cubano vuelve a exigir cuentas a Luis Manuel por su performance. Sostiene que, al realizarlo, cometió un delito de ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado y, por esa razón, merece permanecer un año y seis meses en prisión.
Por otra parte, a Maykel Castillo Pérez se le acusa por expresiones que realizó en 2020 y por las que tampoco se le exigió cuentas. Ni siquiera se usó en su contra el Decreto Ley 370 comúnmente utilizado para sancionar expresiones antigubernamentales —como las de Maykel— en redes sociales.
Dentro de las expresiones por las que «Obsorbo» deberá responder en el juicio destaca una que, en teoría, verbalizó en una directa desde su perfil de Facebook el 29 de septiembre de 2020. De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, en esa transmisión en vivo Castillo «responsabilizó injustificadamente a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y Manuel Marrero Cruz, primer ministro, por la falta de recursos médicos para solucionar las enfermedades que presentaba la población como consecuencia de la COVID-19».
Si alguien necesita otra confirmación de que en Cuba la exigencia de cuentas al poder es vista como una ofensa y un delito, remítase a la acusación que hoy enfrenta Maykel Castillo. Una acusación que pone en blanco y negro que en la isla no existe libertad de expresión ni para responsabilizar a los gobernantes de los resultados de una gestión que solo ellos realizan.
Por esa y otras expresiones, a Maykel Castillo se le considera responsable de un delito de desacato agravado y otro de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires.
Además de estas conductas imputadas de manera individual a Luis Manuel y Maykel, la Fiscalía considera que los acusados poseen responsabilidades adicionales por su participación en los sucesos del 4 de abril de 2021. La institución asegura que, ese día, dos oficiales de la policía requirieron a Juslid Justiz Lazo —quien acompañaba a Maykel— para que usara el nasobuco. Luego asegura que, ante ese requerimiento, Maykel «agredió y ofendió a los agentes» al decirles que «él era “El Osorbo” [y] que nadie se iba a poner nasobuco». Asegura, además, que de inmediato y para llamar la atención de los vecinos Maykel gritó «patria y vida» y «abajo la dictadura», motivo por el cual los agentes decidieron detenerlo.
El acusador afirma que Maykel agredió a los policías para evitar la detención e, incluso, que intentó quitarle el arma reglamentaria a uno de los oficiales. Ramón Macías Núñez —fiscal que firmó las conclusiones provisionales— asegura que los acusados Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel también agredieron a los policías para evitar la detención de Maykel Castillo. Asimismo, afirma que, luego de evitar la detención, Maykel se refugió en la casa de Luis Manuel Otero. Allí, en las afueras del inmueble, cantaron el tema «Patria y Vida» y «una canción del grupo “Los Aldeanos” que contiene un estribillo ofensivo a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, el que dice: “cuando yo diga Díaz-Canel” ustedes dicen “singao”… Díaz-Canel… “singao”».
La Fiscalía deja claro —una vez más— que cantar en las calles cubanas «Patria y Vida» es un delito de desórdenes públicos y que gritar «Díaz-Canel, singao» es desacato. Por ende, Macías Núñez consideró que tanto Maykel como Luis Manuel son responsables de ambos delitos.
Maykel también está acusado —de conjunto con Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel— por un delito de atentado y otro de resistencia por presuntamente oponerse al arresto y agredir a los policías que intentaron detenerlo.
Debido a esas supuestas conductas delictivas, la Fiscalía solicita que se condene a Luis Manuel Otero y Maykel Castillo a pasar siete y 10 años en prisión, respectivamente. Asimismo, interesa que se condene a Félix Roque Delgado a cinco años de prisión, a Juslid Justiz Lazo a pasar cinco años en un campamento controlado por el Ministerio del Interior (Minint) y a Reina Sierra Duvergel a permanecer tres años bajo un régimen de supervisión conocido en Cuba como «de la casa al trabajo».
2. La ilegal selectividad de la represión política en Cuba
Han transcurrido dos años desde que Luis Manuel Otero Alcántara realizara su performance «Drapeau». Más de tres meses transcurrieron entre los sucesos del 4 de abril y su detención el 11 de julio de 2021. Más de un año pasó entre las expresiones de Maykel Castillo en redes sociales y su detención definitiva el 18 de mayo de 2021.
En ese lapso no solo discurrió el tiempo, sino que ambos sufrieron detenciones arbitrarias y vejaciones. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas reconoció que la prisión que sufre Maykel Castillo Pérez es ilegal y contraria a varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para llegar a esa conclusión, la institución utilizó diferentes informes; uno de ellos asegura que, entre el 14 de diciembre de 2019 y el 18 de mayo de 2021, a Maykel Castillo lo detuvieron 121 veces.
Con independencia de las pruebas que presente el poder cubano en contra de Castillo Pérez, pocos deberían negar que la duda le favorece cuando se le acusa de agredir a policías que siguen órdenes de quienes —al menos en 121 oportunidades anteriores— indicaron su apresamiento ilegal en represalia por sus expresiones y actitudes antigubernamentales. Actitudes y expresiones que ahora el poder emplea para agravar una sanción que en ocasiones anteriores impusieron mediante la violencia física y psicológica y no a través de la judicialización.
Durante los dos años previos a la detención de Luis Manuel, el 11J, el activista también sufrió decenas de detenciones, encarcelamientos por espacios de días y una reclusión hospitalaria obligatoria. En esas ocasiones —a pesar de que había acontecido su performance— la Fiscalía no mantuvo la acusación de ultraje a los símbolos de la patria. Tampoco sostuvo, hasta el 11J —incluso después de que Maykel Castillo estaba detenido—, una acusación en contra del artista plástico por los sucesos del 4 de abril de 2021. En este último caso, la selectividad de la Fiscalía resalta más porque ese día fueron muchos en San Isidro los que corearon «patria y vida» y el tema de Los Aldeanos. Sin embargo, solo dos negros pobres y «políticamente incómodos» responderán por ese desafío al poder.
Antes del primero de enero de 2022, las autoridades cubanas no podían elegir qué delitos o autores perseguir. La ley establecía que, una vez que las autoridades conocían de la posible comisión de un delito, estaban obligadas a denunciarlo, investigarlo y tomar todas las medidas pertinentes para exigir responsabilidad a los autores. ¿Por qué en los casos de Maykel y Luis Manuel el Gobierno cubano no actuó de acuerdo con su propia ley? ¿Por qué si sabían de sus conductas delictivas nunca les judicializaron como pretenden ahora?
Porque en Cuba no existe un imperio de la ley, sino de las voluntades personales. El imperio de las voluntades de quienes evalúan sobre la base de criterios políticos, cuándo, cómo y a quién es conveniente reprimir.
El contexto político en Cuba ha cambiado. Cuba después del 11J no es igual a lo que era en 2020 cuando el empuje de San Isidro parecía incontenible. El 11J obligó al Gobierno cubano a reprimir de manera pública y descarnada a un sector despolitizado de la población. Ha reprimido física y judicialmente porque, a pesar del costo político, su supervivencia depende de ello. Ahora que la inestabilidad política está controlada, en apariencia, y que el miedo se ha vuelto a imponer, aprovechan también para aislar y judicializar a quienes hubiese sido más costoso hacerlo antes del estallido social.
Hoy las olas de solidaridad se han concentrado en los niños, en el pueblo que no conocía en primera persona la represión y que son sancionados a permanecer decenas de años en prisión.
La reducción de la atención sobre los presos políticos cubanos de antes del 11J y sobre los opositores más reconocidos apresados porque utilizaron el estallido como excusa ha sido un daño colateral de las protestas. La judicialización de Maykel Castillo Pérez y de Luis Manuel Otero Alcántara —como también la de Félix Navarro o el encarcelamiento de José Daniel Ferrer— son parte de ese proceso.
Solo en este contexto una acusación tan burda como la que sostiene la Fiscalía contra Luis Manuel Otero y Maykel Castillo puede pasar desapercibida. De la sociedad civil cubana —desarticulada y afectada por el exilio— y la solidaridad de quienes respetan de forma irrestricta los derechos humanos depende que eso no suceda.
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