Familias y médicos demandan por
Prohibición de atención médica trans en Alabama
Una nueva ley privaría a los jóvenes trans de atención vital, y es inconstitucional, dicen dos demandas.
Se han presentado dos demandas contra la nueva ley de Alabama que considera un delito grave brindar atención de afirmación de género a menores.
La legislación, promulgada por la gobernadora Kay Ivey la semana pasada, amenaza a los profesionales de la salud con hasta 10 años de prisión por violación. Prohíbe que los médicos receten tratamientos hormonales a jóvenes trans y prohíbe la cirugía de afirmación de género en menores, aunque tales cirugías son en su mayoría desconocidas. La ley también obliga a las escuelas a informar a los padres o tutores de un estudiante si la identidad de género de un estudiante es diferente a la asignada al nacer.
Dos médicos y dos familias con niños transgénero presentaron una demanda el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Alabama. Están representados por Southern Poverty Law Center, GLBTQ Legal Advocates and Defenders, National Center for Lesbian Rights y Human Rights Campaign con King & Spalding LLP y Lightfoot, Franklin & White LLC.
Las “prohibiciones de la nueva ley sobre la provisión de atención segura, efectiva y médicamente necesaria para menores transgénero carecen de una base racional y no tienen ningún propósito legítimo”, afirma la demanda. La ley “viola la Sección 1557 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, así como las garantías constitucionales de igual protección y debido proceso, inmiscuyéndose de manera inadmisible en el derecho fundamental de los padres a obtener la atención segura, eficaz y médicamente necesaria para sus hijos”, continúa.
Dos familias de Alabama con niños trans presentaron una demanda el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Alabama. Están representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y su afiliado de Alabama, Lambda Legal, Transgender Law Center y Cooley LLP. Asimismo alegan la violación de la garantía constitucional a la igual protección de las leyes.
“La atención médica criminalizada por Alabama ha sido reconocida como segura y efectiva por la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Sociedad Endocrina, la Asociación Estadounidense de Psicología y todas las demás asociaciones médicas profesionales relevantes”, dice su demanda. “La ley es tan amplia que los médicos, las enfermeras, los padres, los miembros del clero, los maestros, los consejeros y quizás incluso los propios jóvenes transgénero están sujetos a sanciones penales, al igual que cualquier otra persona de la que se pueda decir que 'causó' que un menor transgénero recibir atención médica que afirme su identidad de género”.
Los demandantes en la primera demanda son los médicos Morissa Ladinsky y Hussein Abdul-Latif, y los padres identificados como Robert Roe, padre de Mary Roe, y Jane Doe, madre de John Doe. Nombra como acusados a Ivey, al fiscal general de Alabama, Steve Marshall, a la fiscal de distrito del condado de Shelby, Jill H. Lee, y al fiscal de distrito del condado de Jefferson, Daniel Carr. La demanda, Ladinsky v. Ivey, está disponible aquí.
“Al firmar la SB 184, el gobernador Ivey les ha dicho a las familias amables, amorosas y leales de Alabama que no pueden quedarse aquí sin negarles a sus hijos la atención médica básica que necesitan”, dijo Ladinsky en un comunicado de prensa. “Ha socavado la salud y el bienestar de los niños de Alabama y ha puesto a médicos como yo en la terrible posición de elegir entre ignorar las necesidades médicas de nuestros pacientes o correr el riesgo de ser enviados a prisión”.
Los demandantes en la segunda demanda son las familias Walker y White. Nombra a Marshall como acusado, junto con el fiscal de distrito del condado de Limestone, Brian CT Jones, y la fiscal de distrito del condado de Lee, Jessica Ventiere. La demanda, Walker v. Marshall, está disponible aquí.
“Sé que soy una niña y siempre lo he sido”, dijo HW, de 15 años, hija de Jeff y Lisa Walker, en un comunicado de prensa. “Incluso antes de aprender la palabra 'transgénero' o conocer a otras personas trans, me conocía a mí mismo. No elegí experimentar acoso y discriminación porque soy transgénero. Elegí estar orgulloso de quien soy. La posibilidad de perder el acceso a mi atención médica a causa de esta ley me causa una profunda ansiedad. Ya no me sentiría yo mismo si este medicamento que salva vidas fuera criminalizado”.
Una ley de Arkansas que prohíbe el cuidado de afirmación de género para menores ha sido bloqueada temporalmente por un juez mientras se escucha una demanda en su contra. Esa ley no contempla sanciones penales por violación, sino que exige disciplina por parte de los reguladores. La de Alabama es la primera ley que tipifica como delito la provisión de cuidados de afirmación de género. En Texas, el gobernador ordenó al Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado que investigue a los padres que permiten que sus hijos accedan a este cuidado como posibles abusadores de niños. Esa orden también está bloqueada temporalmente por un tribunal mientras procede una demanda.
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