Noam o Dakarai no tienen los mismos derechos que otros niños peruanos. No pueden heredar o recibir atención sanitaria de la misma forma que el resto porque tienen dos madres. En Perú, este detalle afecta al derecho de identidad de los menores y genera largas batallas judiciales para sus familias.
Esta falta de ambos apellidos en los niños de familias homoparentales en su documentación legal les expone a una desprotección que les afecta en su día a día.
El matrimonio igualitario no es legal en Perú, por lo que inscribir a los hijos de parejas del mismo sexo en los registros es una opción que no se contempla en los trámites administrativos. La anterior administración de Martín Vizcarra había enviado moderados mensajes de apertura y respeto (sin que eso se tradujera en legislación) y la gestión inconclusa de Pedro Pablo Kuczynski había impulsado protecciones legales contra la discriminación. Pero la postura anti-LGBT del actual gobierno de Castillo es una clara indicación que la situación no va a mejorar en el corto plazo.
La lucha por los mismos derechos
Jenny Trujillo y Darling Delfín son las madres de Dakarai, nacido en México, donde pudo recibir los apellidos de ambas porque se casaron fuera de Perú.
Pero en 2016, cuando llegaron al Perú natal de sus madres, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no permitió que el menor tuviera sus apellidos.
Desde entonces, comenzaron una lucha legal para que el Estado peruano reconozca los derechos de su hijo, así como el de los de otros miles nacidos en el seno de familias homoparentales.
“No hay ninguna ley que prohíba que un peruano o peruana tenga dos mamás o dos papás, no hay nada en nuestra legislación donde ponga que eso está prohibido”, explicaron Delfín y Trujillo durante una videollamada desde Canadá, donde ambas residen actualmente.
Hace cinco años interpusieron una acción de amparo contra el Reniec que el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó como favorable para su familia y obligaba al registro a otorgar al pequeño un Documento Nacional de Identidad (DNI) con los apellidos de ambas, pero todavía no ha sucedido.
Es por esto que el matrimonio acudió el pasado mes de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una demanda internacional contra el Estado de Perú para que el gobierno de Castillo acate la sentencia y Dakarai consiga el documento legal que refleje la realidad de su familia.
“No sabemos a quién está defendiendo el Reniec porque nosotras estamos defendiendo a nuestra familia. No sabemos por qué tiene que apelar a una sentencia de un juez, está defendiendo una creencia y no nos está defendiendo a nosotras como ciudadanas”, dijeron Delfín y Trujillo, pioneras en acudir a la instancia internacional.
Discriminación institucionalizada
“Ellas representan no solo una lucha legal, son un icono, un ejemplo de roles para la juventud y para miles de chicas que no saben, no quieren o tienen miedo de aceptar su identidad por temor a no encontrar roles que se vean acompañando su plan de vida”, explica Luisa Morcos, madre junto con Mabel Aguilar de un bebé de 20 meses, Noam.
En su caso, no tuvieron la posibilidad de tener a su hijo fuera del país para que este tuviera sus apellidos, por lo que optaron por poner de forma simbólica el apellido de Luisa como segundo nombre del pequeño y Mabel lo registró como madre soltera.
Ajeno a todo ello, Noam muestra orgulloso cómo ha aprendido a señalar dónde están sus ojos o su nariz mientras sus madres explican las trabas que encuentran y no poder inscribir a sus hijos con ambos apellidos.
“Mi hijo no está protegido por el Estado de la misma forma que lo están otros niños. Si, por ejemplo, me atropellan y me muero, Noam no puede heredar nada mío”, declaró Morcos, que no es la madre legal del pequeño.
Además, si esta va con él al hospital es muy posible que no le atiendan porque ella no está registrada en el DNI del niño. Además, el hijo de una pareja homosexual solo puede optar al seguro de salud de su progenitor legal y no se puede elegir cual de los dos es mejor.
Otro escenario que muestra una diferencia con las familias heterosexuales es que, si la pareja se rompe, no existe ninguna herramienta legal que obligue a la madre no legal a seguir manteniendo al hijo, como tampoco hay una protección en el caso de que el tutor legal se traslade a otra región o país.
“Somos miles de familias homoparentales en Perú y nos hace falta visibilidad, pero eso no significa que no existimos”, dijo Aguilar al explicar que dentro de la asociación a la que pertenecen hay hijos de parejas homosexuales que ya han acabado el colegio.
“No somos nada nuevo, siempre hemos existido y el Estado debe dar respuesta a nuestra situación”, concluyó Aguilar.
La homofobia y transfobia de Castillo
Las personas LGBT han sido, desde siempre, ciudadanos de segunda clase para el Estado peruano, y las demandas de los colectivos jamás han formado parte de la agenda de los presidentes de turno o los candidatos de alto perfil que se han presentado a elecciones.
Para peor, el actual mandatario peruano, Pedro Castillo, ha dejado clara en numerosas oportunidades su postura contraria al matrimonio igualitario, y exhibiendo sin tapujos una transfobia rampante.
“Hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina?, ¿dónde estamos compañeros? Tenemos que repudiar esta actitud, tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia”, dijo en junio pasado el entonces candidato.
Con respecto a la posibilidad de brindarle algún marco legal a las personas del mismo sexo, Castillo dijo al asegurar que no impulsaría el matrimonio igualitario que eso era algo “peor” que la eutanasia y que en su gobierno primero siempre estaría “la familia”.
“Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlo”, dijo el presidente.
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