Invisibilizar es una forma de discriminar. “No hay una estadística oficial o una línea de base oficial” indica Yren Rotela, mujer trans y defensora de derechos humanos en Paraguay, cuando se refiere a las oportunidades laborales a las que acceden las personas trans en el país. Aunque algunos países han dado pasos hacia la igualdad de las minorías sexuales, el reconocimiento legal y la protección aún no es una realidad en la mayoría.
Es urgente conocer la situación de la comunidad LGBTI en lo que se refiere al acceso a servicios públicos básicos, programas de protección social, educación inclusiva, mercado laboral, participación civil y política y protección contra crímenes de odio. Un reporte del Banco Mundial evidencia esta necesidad al estudiar los datos obtenidos en 16 países. De este grupo, cuatro son de América Latina y el Caribe: Uruguay, México, Costa Rica y Jamaica.
Si bien las minorías sexuales y de género se enfrentan a actos de discriminación en todos los sectores y países examinados, algunos en América Latina y el Caribe están mejor en ciertas áreas. Por ejemplo, en lo relacionado a acceso a servicios públicos y protección social y en el indicador referente a la criminalización de la orientación sexual e identidad de género.
Sin embargo, la ausencia de datos sobre las legislaciones protectoras y discriminatorias aun impide realizar análisis significativos en los propios países. Será importante ampliar este análisis a un conjunto más amplio de países, como Paraguay y otros de la región, para poder comprender los factores que impulsan las reformas y evaluar plenamente el impacto de la discriminación relacionada con la orientación sexual en los resultados económicos.
Menos educación, menos oportunidades laborales
Los estudiantes pertenecientes a minorías sexuales y de género enfrentan desde problemas para matricularse en la escuela, hasta acoso e intimidación. El estudio indica que, en la mayoría de los países estudiados, las escuelas no ofrecen planes de estudio de educación sexual inclusiva y los profesores carecen de la formación adecuada contra actos de discriminación.
Cabe resaltar que al no existir una educación inclusiva para estudiantes LGBTI, los bajos niveles de educación resultantes conducen a la reducción de sus habilidades y posibilidades de conseguir un empleo. Esto hace que como adultos se enfrenten con frecuencia a obstáculos para acceder al mercado laboral.
Incluso después de conseguir un empleo, las minorías sexuales y de género se enfrentan a menudo a la discriminación y al acoso por parte de compañeros o directivos, desigualdad en la remuneración y falta de igualdad de beneficios para sus parejas, así como el despido por su orientación sexual percibida o real.
Sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe, Uruguay cuenta con leyes y reglamentos que ordenan explícitamente la revisión de los libros de texto y programas nacionales para eliminar el lenguaje discriminatorio en los entornos educativos. Por su parte, Costa Rica, es uno de los países que más ha avanzado en la prohibición de la discriminación, el acoso, el ciberacoso y el hostigamiento basados en la orientación sexual e identidad de género en los centros educativos.
“Al no tener una formación, una preparación, una capacitación esto te dificulta a la hora de conseguir trabajo”, refiere Rotela reflexionando sobre la discriminación que sufre la población trans en Paraguay.
Servicios públicos para todas las personas
De los países latinoamericanos estudiados, México y Uruguay poseen los marcos legales más avanzados que prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los servicios públicos y permiten a las organizaciones de la sociedad civil prestar servicios sociales a la comunidad LGBTI.
Los servicios de salud son los servicios públicos más protegidos y la mayoría de los países estudiados prohíben explícitamente la discriminación en este sector, seguido de los seguros sanitarios subvencionados y la vivienda social.
Sin embargo, la existencia de leyes y reglamentos inclusivos no siempre garantiza que las minorías sexuales y de género estén libres de discriminación. En el caso de Paraguay, Mirta Moragas, abogada, especialista en derechos humanos y género indica “tenemos en términos constitucionales la prohibición total de discriminación, pero esto no tiene un mecanismo de aplicación concreto en general, ni en particular para proteger a las personas LGTBI”. La aplicación de estas leyes es crucial.
El estudio ofrece numerosas recomendaciones de políticas públicas diseñadas para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias en las seis áreas medidas por el mismo, entre las que se destacan:
1. Derogar leyes, disposiciones constitucionales y reglamentos que criminalizan a las personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.
2. Introducir legislación y protecciones legales efectivas para combatir la discriminación, la intimidación, el ciberacoso y el hostigamiento en los entornos educativos y para crear sistemas educativos más inclusivos para los estudiantes y profesores que pertenecen a minorías sexuales y de género.
3. Modificar las leyes existentes o crear marcos jurídicos más inclusivos y protectores en el lugar de trabajo para proteger explícitamente a las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.
4. Establecer un marco jurídico integral que regule el acceso no discriminatorio a los servicios públicos.
5. Introducir legislación o modificar las leyes o normativas actuales para permitir que las organizaciones de minorías sexuales y de género se registren y operen libremente y garanticen que los activistas puedan abogar por la igualdad de las minorías sexuales y de género.
6. Promulgar o modificar leyes que prohíban específicamente los delitos de odio contra las minorías sexuales y de género.
“Es alentador que algunos países estén mostrando avances en materia legislativa en esta área, pero la igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de género aún está muy lejos de ser una realidad. Por lo que, esperamos que en el futuro cercano podamos seguir observando cambios positivos en esta agenda y así poder contar con sociedades más inclusivas y menos discriminatorias”, indica Christian De la Medina Soto, Consultor Legal del Banco Mundial y autor del reporte Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de género.
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