WASHINGTON — Miles de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos están listos para ondear la bandera con los colores del arcoiris este fin de semana en las conmemoraciones del mes del orgullo, que internacionalmente aglutina a colectivos de toda la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e Intersexual (LGBTI) que en algunas naciones como las del istmo centroamericano aún enfrentan retos para el reconocimiento de sus derechos.
Si bien de los 30 países del mundo donde se reconoce el matrimonio igualitario 10 corresponden al continente americano, en Centroamérica sólo Costa Rica cuenta con una legislación que en 2020 reconoció la igualdad de derechos como contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, más otras garantías civiles ya reconocidas con anterioridad, según el observatorio de la International Lesbian Gay Association (ILGA World)
El resto de países del istmo –explican activistas a la Voz de América desde sus trincheras de trabajo en la región- los desafíos marcan la pauta cada día. A criterio de muchos, han emergido agendas neoconservadoras que en algunos casos pudieran significar “retrocesos” ante los pocos avances logrados para tener “visibilidad”.
En el mundo hay 163 países de los 193 que conforman el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo son recriminadas y en algunos casos hasta penadas con cárcel.
Desde Nueva York, el Comité Internacional de Rescate (IRC) envió una alerta en conmemoración del mes del orgullo para poner atención a la región donde los miembros de esos colectivos “enfrentan desafíos cada vez mayores” en Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Las personas LGBTQ corren tanto peligros que a menudo se ven obligadas a dejar atrás sus hogares y familias para tratar de salvar sus vidas. Por ejemplo, más de 400 miembros de la comunidad sufrieron una muerte violenta en Honduras entre 2009 y 2021, mientras que en El Salvador, el 83% de las personas LGBTQ encuestadas expresaron haber experimentado violencia según un informe reciente”, dijo Meg Galas, directora para el norte centroameriocano de IRC.
Un reto defender la integridad en Honduras
Para Kevhin Ramos, gerente del Programa de Participación Política en el Centro para Desarrollo y Cooperación (LGBTI-Somos-CDC) comenta a VOA desde Honduras que en la actualidad las organizaciones tienen como prioridad salvaguardar el derecho a la vida de miembros del colectivo que por expresar su identidad de género o su orientación sexual son blanco de ataques, incluso mortales.
En su país –dice- hablar de temas como matrimonio igualitario equivaldría a un privilegio, porque lo prioritario sobre el terreno es garantizar el derecho a la integridad física de hombres y mujeres especialmente transexuales, que este año ya suman más de 8 homicidios, se ha superado antes del medio año el número total de casos registrados en 2021.
Lo más preocupante -indica Ramos- es que prevalecen patrones que demuestran la comisión de crímenes de odio, que en la mayoría de casos incluyen tortura de las víctimas con la mutilación de los órganos genitales o muertes por lapidación, pero también la práctica de calcinar los cuerpos, un patrón distinto al resto de homicidios en el país.
“Existen patrones de tortura que ya hemos identificado que presentan los cuerpos como mutilaciones genitales que en algunas ocasiones aparecen o se los ponen en la boca a los compañeros y compañeras después de haberlos asesinado y existe otro patrón como prenderle fuego a los cuerpos”, comenta Kevhin a VOA.
Explica que en Honduras predominan los desafíos para el cumplimiento de derechos fundamentales, en un contexto social donde las agendas conservadoras han logrado incluso aumentar restricciones para temas clave en derechos.
Durante la toma de posesión de su mandato a finales de enero, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, dijo que entre sus líneas de trabajo de su gestión figuraba la protección de derechos de minorías incluida la comunidad LGBTI.
“Adultos mayores, personas viviendo con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidad LGBTI, todos tendrán un lugar y atención precisa dentro de mi gobierno”, dijo Castro de Zelaya al iniciar su mandato
No obstante, Ramos comenta que si bien el discurso ayuda a reconocer que hay un colectivo con demandas, las acciones del Estado aún acumulan deudas pendientes porque la espiral de violencia sigue en aumento y este año apunta a superar las marcas de años anteriores.
El Salvador: “retroceso democrático” frena derechos ganados
La violencia que predomina en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica aumenta cuando la vulnerabilidad de las víctimas es más notoria, explica desde El Salvador, Erick Iván Ortiz, fundador del Colectivo Normal y representante de la Federación LGBTI El Salvador. Dice que esto es más visible cuando las narrativas de intolerancia emergen desde el centro del poder político.
A su criterio, romper barreras es una de los desafíos de la comunidad que representa en su país, donde se postuló como el primer candidato abiertamente gay para elección popular a la Asamblea Legislativa en 2021, como miembro del partido opositor Nuestro Tiempo. Logró 12.000 votos en la justa electoral, un punto que no ve negativo desde el espectro social. Y aunque no logró ocupar una silla del legislativo, ve positivo haber superado a plataformas más conservadoras en voto ciudadano.
Si bien ese hecho le ha valido cierta notoriedad, las amenazas e insultos son constantes por sus posiciones de defensa del estado de derecho y militancia a favor de las reivindicaciones del colectivo, en un entorno polarizado por la política concentrada en la Casa Presidencial que encabeza el actual presidente Nayib Bukele.
Su participación política y activismo le ha valido para ser el director de asuntos políticos de Nuestro Tiempo y para ser fichado por el Global Equality Caucus que le asignó coordinar programas en América Latina.
“En el conjunto de América Latina hay tres velocidades donde puedes encontrar un grupo de países que lideran el avance en cuanto a derechos y políticas públicas a favor de la comunidad LGBTI, un segundo grupo donde hay avances significativos, pero donde todavía hace falta trabajo, y un tercer grupo donde se está estancado o hay retrocesos, y en ese es el que está particularmente Centroamérica. En el caso salvadoreño lo que más impacta de lleno es la deriva autoritaria con el rompimiento del estado de derecho en el que vivimos”, opina.
En consecuencia, dice que con el “desmontaje” de la institucionalidad democrática se minan los derechos de la comunidad LGBTI “porque esos derechos sólo se logran en entornos democráticos y de respeto al Estado de derecho”, agrega.
No obstante, este sábado 25, dice que marcharán y esperan superar el número de participantes con relación al año pasado, que fue la mayor concentración de todo el año de organizaciones exigiendo libertades, al congregar unos 20.000 asistentes.
Pero desarrollar el evento dentro del Estado de Excepción que predomina en el país desde marzo de este año, decretado por el gobierno Bukele para “combatir las pandillas”, es aún mayor el desafío -explica- porque la defensa de derechos humanos, que incluye a la comunidad LGBTI se suscribe “desde la narrativa del gobierno” como defensa de pandilleros “cuando el presidente entiende la diferencia”, pero usan ese tema porque es muy sensible en la población, explica.
El septiembre de 2021 el presidente Bukele, en el marco de la introducción de la propuesta de cambio de la Constitución de El Salvador, para ser discutida por la bancada legislativa de su partido que tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, rechazó incluir propuestas que garanticen derechos de las mujeres al aborto, el país tiene una de las legislaciones más punitivas del mundo, o el matrimonio igualitario, ambos reclamados también por organismos internacionales y de derechos humanos.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio o con la eutanasia”, informó Bukele.
Y dijo que desde hace muchos años él tiene claros los planteamientos “ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”.
La lucha por ser visibles en Guatemala
En el vecindario centroamericano no queda más que la lucha constante y seguir impulsando desde todos los frentes para ver cambios ante las agendas “regresivas” que toman fuerza en la región comenta Homero Fuentes, director de proyectos de la organización Visibles.
A criterio de este activista, Guatemala atraviesa una serie de situaciones “que ponen en riesgo las protecciones y garantías de derechos humanos de la población LGBTI".
Aunque reconoce que el empeoramiento de la situación depende en muchos casos del contexto donde estén las personas de su comunidad, donde la exclusión puede ser mayor en situaciones de pobreza o condición de racial.
“Si estamos hablando desde una perspectiva de raza, identidad de género son personas que les toca navegar en contextos completamente diferentes, a lo largo de este año hemos estado navegando también frente a una agenda regresiva impulsada por servidoras y servidores públicos, donde omiten la existencia de personas LGBTI”, explica.
Además dice que los espacios están siendo cada vez más reducidos para expresarse públicamente, en alguna medida relaciona esta situación con la persecución judicial contra jueces y fiscales que tenían trabajo avanzado en la materia para que el estado guatemalteco cumpliera obligaciones internacionales.
“Dentro del ejercicio de los derechos en el espacio público se ha reducido porque muchas personas no pueden ser acompañadas o porque muchas personas que han acompañado algunos procesos por hoy están siendo criminalizadas o atendiendo procesos legales”, explica Fuentes e incluye además de jueces a defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros.
Sin embargo, cree que a pesar de los retrocesos que muestra el estado guatemalteco, hay compromisos internacionales a los que el país como firmante está comprometido y que de un momento a otro tendrá que asumir, con el resultado de batallas dadas desde la sociedad civil.
En marzo de este año una propuesta del legislativo guatemalteco con un decreto que entre muchos aspectos aumentaba las penas a mujeres acusadas de abortar y declaró a la comunidad LGBTI como “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”, generó presión de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos al mandatario Alejandro Giammattei.
La legislación surgió luego que el presidente guatemalteco participara en un congreso religioso en ciudad de Guatemala, que fue declarada “Capital Provida de Iberoamérica”, cuando se conmemoraba el Día internacional de la mujer.
Ante el revuelo que causó la propuesta, Giammattei dijo que “como representante de la unidad nacional, anuncio que de venir a este despacho la Iniciativa de Ley 5272, que da origen al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido signataria”.
La casa de gobierno de Guatemala anunció que el mandatario había recomendado al Congreso archivar la iniciativa, y rechazó sugerencias de que el proyecto hubiera sido enviado al legislativo desde el Ejecutivo.
“No podemos estar de acuerdo (con dicha iniciativa) a pesar de su coincidencia porque Guatemala haya sido declarada capital iberoamericana por la Vida, no podemos unir una cosa con la otra”, y matizó además que el equipo jurídico detecto deficiencias técnicas de redacción, “pero lo más preocupante es que viola la Constitución de la República”.
Durante la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la espiral de violencia en la región latinoamericana lleva matices fuertes dirigidos contra minorías como mujeres y hay “muchísima discriminación contra la población afro, LGBTI, la mujer; también por razones de orientación sexual”.
Por lo que urgió a los gobiernos participantes en el encuentro -donde faltaron todos los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica- “tenemos que revertir las condiciones de pobreza, discriminación y violencia”.
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