El régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy, en el aniversario de las manifestaciones.
El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura. La represión de la dictadura y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país.
“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta coordinada y multilateral antes de que esta crisis se agrave”.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de COVID-19.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. HRW también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos.
Poco después del inicio de las manifestaciones, el dictador Miguel Díaz-Canel instó a los simpatizantes del gobierno y a las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió durante las manifestaciones, al parecer como resultado del accionar de la policía. La organización cubana de derechos humanos Cubalex reporta que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que siguen privadas de la libertad. Los funcionarios de las fuerzas de represión estatales detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas.
En la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura.
Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios niños y niñas. Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación el derecho internacional. Numerosos manifestantes fueron procesados por “sedición” y condenados a penas de prisión desproporcionadas de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.
Los fiscales enmarcaron acciones como protestar pacíficamente o insultar al presidente o a la policía, que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, como conductas delictivas. Muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados encontradas en piedras.
Las víctimas y sus familiares dijeron que agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país.
Orelvys Cabrera Sotolongo, un periodista de 36 años del sitio web de noticias Cubanet, fue detenido en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando salía de las manifestaciones el 11 de julio. Los oficiales lo interrogaron reiteradamente y le dijeron que no volvería a ver a su familia. Solo se le permitió hacer una llamada telefónica 10 días después de su arresto. Pasó parte de su detención con otros ocho detenidos en una celda de un metro y medio por dos metros, con escasa ventilación, luz y acceso al agua.
Fue liberado el 19 de agosto, pero oficiales le dijeron reiteradamente que debía abandonar el país. En diciembre, él y su pareja huyeron. Han solicitado asilo en Estados Unidos.
Agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a Elier Padrón Romero, ayudante de albañilería de 26 años, el 21 de julio en La Güinera, un barrio de bajos recursos en la provincia de La Habana. Su madre dijo que los oficiales lo golpearon a él y a otros detenidos diciendo que “si seguían pensando así los iban a desaparecer”. En diciembre, un tribunal de La Habana condenó a Padrón Romero por “sedición” porque supuestamente incitó a personas a sumarse a una protesta del 12 de julio y a “seguir adelante” contra un cordón policial. Fue condenado a 15 años de prisión. Tras una apelación, el Tribunal Supremo redujo la pena a 10 años.
Las autoridades cubanas también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que las protestas ocurrieran. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. El nuevo código también establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición”, un cargo empleado contra muchos manifestantes del 11 de julio, y “actos contra la independencia del Estado”.
El número de cubanos que huyen del país ha aumentado dramáticamente. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuvo a más de 118.000 cubanos entre enero y mayo de 2022, en comparación con 17.000 en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. ha interceptado a más de 2.900 cubanos en el mar desde octubre de 2021; la cifra más alta, por mucho, en los últimos cinco años. Muchos cubanos también han huido a otros países.
Los gobiernos de América Latina, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea deberían adoptar medidas para garantizar un enfoque multilateral y coordinado hacia Cuba que priorice los derechos humanos. Para ello, deberían condenar de forma inequívoca la represión y denunciar la situación de derechos humanos en el país frente a los órganos relevantes de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien rara vez ha denunciado los abusos en Cuba, debería condenar públicamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país antes de dejar su cargo a finales de agosto.
Durante décadas, el régimen cubano se ha beneficiado de una respuesta disfuncional de la comunidad internacional, que no ha logrado promover de manera efectiva el progreso en derechos humanos en el país, señaló Human Rights Watch. Muchos gobiernos latinoamericanos –incluyendo, recientemente, México y Argentina– han sido reticentes a criticar los abusos en Cuba e incluso han elogiado al dictador cubano, a pesar de su desastroso récord en derechos humanos.
“Los valientes manifestantes que salieron a las calles el año pasado en Cuba tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por gran parte de la comunidad internacional”, dijo Pappier.
Más de 1400 arrestos, 488 condenas y 700 personas aún en la cárcel
El domingo 11 de julio del 2021 sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el aparato represivo de la dictadura: miles de cubanos salieron espontáneamente a reclamar por un costo de vida ya insostenible, además de la constante persución política a todo aquel que disienta contra el modelo comunista implementado por los Castro desde hace más de 60 años y la carencia de libertades individuales de las personas.
Comenzó de a poco. Pero, de pronto, estalló. El pueblo estaba asfixiado.
Las primeras manifestaciones se produjeron en San Antonio de los Baños y el resto de los cubanos se enteró por transmisiones en vivo que los mismos manifestantes publicaron en sus redes sociales. Al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”, vino el efecto dominó: luego se encendió Palma Soriano y a medida que pasaban las horas estalló La Habana.
Una columna inimaginable de cubanos llegó al Malecón hasta que fue brutalmente reprimida.
“Lo que ocurrió tiene muchas lecturas pero en principio es una protesta social, la más grande ocurrida desde 1959, que somete a discusión profunda las bases de lo que se ha entendido por el ‘consenso cubano’”, explicó a EFE el profesor e investigador cubano Julio César Guanche.
Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba se desataron en medio de una crisis económica, con desabastos y cortes de energía eléctrica. Dichos desajustes fueron resultado de la combinación de dos factores: el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba para que haya un cambio de modelo político, y la paralización económica debido a la pandemia del COVID-19, todo lo cual ocasionó irritación, escasez y largas filas. Fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990.
Los manifestantes salieron a la calle para exigir el fin del desabasto de alimentos e incluso cambios de gobierno. Actuaron pacíficamente, aunque también hubo saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía y destrucción de vehículos en la vía pública. Una persona falleció en La Habana. Y hubo arrestos.
Las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos dijeron que más de 1.400 personas habían sido arrestadas.
El reporte Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J, hecho por las oenegés Cubalex y Justicia 11J, refleja que en total fueron arrestadas 1.484 personas, de las que 701, con edades comprendidas entre los 12 y 68 años, aún permanecen entre rejas.
Las detenciones se produjeron por fuerzas de la dictadura, en su mayoría agentes de civil, que comenzaron sus redadas luego de que el dictador Miguel Díaz Canel llamara a los “revolucionarios comunistas” a salir a combatir a los que protestaban, en un acto de desesperación que lo puso en el foco mundial: en cadena nacional llamó a un baño de sangre, a un enfrentamiento entre cubanos.
En paralelo a las detenciones, la dictadura bloqueó los datos móviles: sin acceso a redes sociales, los manifestantes no podían ni informarse de más movilizaciones ni difundir en el resto del globo lo que allí sucedía.
Pero bloquear todo ya no es sencillo. “Esto habría sido imposible sin una Cuba digitalmente conectada. Las redes sociales jugaron un papel facilitador fundamental al canalizar el descontento generalizado y permitir a la gente ver a otros expresar sin miedo frustraciones compartidas”, señaló a EFE Ted Henken, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos en el Colegio Baruch de Nueva York. El experto define internet como “una caja de Pandora que ha traído constantes dolores de cabeza al régimen al permitir a los cubanos perder cada vez más el miedo colectivo e identificar su descontento con el de muchos otros conciudadanos”.
Díaz-Canel fue también por la prensa, intentó silenciar a los corresponsales, sus fuerzas de choque golpearon a un fotógrafo de la agencia AP e incluso se llevaron detenida a una influencer en vivo, mientras daba una entrevista para la TV española, pero las maniobras usuales no alcanzaron.
El saldo de las protestas
La Fiscalía de Cuba actualizó el miércoles a 488 la cifra de personas que ya tienen sentencias definitivas tras haber sido encarceladas por su papel en las intensas manifestaciones de julio pasado.
Se impusieron sanciones a 74 personas en procesos realizados en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, informó el organismo judicial en un comunicado. Dos fueron absueltas.
Es el tercer reporte que realiza la Fiscalía en los últimos 10 días. Primero anunció las sentencias defintivas para 381 personas, y pocos días después indicó que otras 30 ya tenían sentencia también. Si a eso se le suma las 74 actuales, la cantidad de sentencias definitivas alcanza 488.
Los procesos judiciales a los manifestantes fueron duramente criticados por gobiernos extranjeros y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alegaron que con ellos se buscaba sentar un precedente para desarticular cualquier oposición. Por su parte, las autoridades defendieron los juicios, haciendo notar que los acusados habían cometido actos vandálicos e intentos sediciosos.
Las penas más duras correspondieron a los delitos de sedición, con hasta 25 años de cárcel.
Patria y Vida, un movimiento que recorrió el mundo
Patria y vida es la canción que impulsó a los cubanos a luchar contra la dictadura. Esa frase del tema interpretado por artistas como Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maikel Osorbo y El Funky, se convirtió en uno de los principales eslóganes de protesta de la disidencia cubana.
La canción, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís.
Tras la publicación del tema, la dictadura sintió el impacto que tuvo en la sociedad cubana e incrementó la persecución contra algunos de los artistas que participaron del proyecto, como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que recibió una condena de cinco años “por ultraje de los símbolos patrios, desacato continuado y desórdenes públicos”.
También con él fue condenado Osorbo, sentenciado a nueve años por atentado y difamación de las instituciones, entre otros delitos por los que lo acusó el régimen.
Las protestas del año pasado se han desvanecido, pero no la crisis económica a la que se considera su catalizador. Las largas colas para conseguir alimentos, transporte público, combustible y medicinas alimentan la frustración. Los cortes de energía son frecuentes.
Organizaciones de derechos humanos consideran improbable que vayan a producirse a corto plazo manifestaciones antigubernamentales en Cuba como las del 11 de julio de 2021, dado que el Estado cubano “ha incrementado sus herramientas de control social y físico” desde entonces.
“Son especialistas en el efecto inhibitorio”, dijo a EFE Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, quien pronostica que el próximo 11 de julio el régimen cubano “sacará más policías a la calle” y cree que si llegara a haber alguna protesta, podría producirse “violencia” de ambas partes.
La activista dijo que muchos familiares de los detenidos durante las protestas pacíficas de hace un año ahora prefieren mantenerse en silencio tras ser “hostigados” por las fuerzas de seguridad cubanas.
Aludió además al nuevo código penal cubano que incrementa las penas y sanciones para quienes “ejerzan su derecho al disenso”, además de criminalizar las expresiones de protesta publicadas en internet, para lo que el estado cubano cuenta con mecanismos de seguimiento.
Todo ello hace improbable que el próximo 11 de julio, fecha en la que el exilio cubano de Miami ha convocado una serie de actividades, se produzca en Cuba otra gran protesta masiva, de acuerdo con la activista, que está asilada en EEUU.
Alessandra Pinna, directora de programas de América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, uno de los coordinadores de la teleconferencia de hoy, llamada “#SOSCuba: Un Año Sin Justicia”, alertó que el incremento de “detenciones arbitrarias” tras el 11J pueda haber sobrepasado la infraestructura carcelaria en la isla.
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