De acuerdo: el proyecto de Código de las Familias de Cuba no debería someterse a votación popular el próximo 25 de septiembre. No deberían someterse a votación dos de sus propuestas, a mi entender, fundamentales: el acceso al matrimonio igualitario y la erradicación del matrimonio infantil. El Código debería, simplemente, aprobarse.
Los derechos humanos no se plebiscitan y contraer matrimonio es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16. También es un derecho de niñas y niños, de acuerdo con la Convención sobre los derechos del niño, el no ser separados de sus padres contra la voluntad de los mismos, «excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño».
«Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres», agrega el documento.
El derecho de niñas y niños a la protección está por encima de los derechos que sus padres o tutores puedan tener sobre su crianza y custodia. Los hijos no son una propiedad privada sino seres humanos con derechos que deben ser respetados y salvaguardados. Ninguna madre, padre o tutor tiene derecho a violentar, abusar o explotar a sus hijos.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el matrimonio infantil constituye una de las más graves violaciones de los derechos de las niñas y una de las formas más generalizada de abuso sexual y explotación en menores de 18 años. En Cuba, en 2019, 918 niñas de entre 14 y 17 años contrajeron matrimonio; entre ellas, 11 lo hicieron con hombres mayores de 50 años.
Un texto publicado en la revista independiente cubana Tremenda Nota señalaba que, de ese total, 34 matrimonios ocurrieron a los 14 años; 125 a los 15; 305 a los 16, y 454 a los 17.
«Si se tienen en cuenta las adolescentes que apenas tienen 18 años, la cifra es de 2 231, incluyendo un caso de matrimonio con un hombre mayor de 70 años», precisaba el artículo.
Esta realidad no debería llevarse a las urnas. Forma parte del deber de un Estado, y su cuerpo de leyes, instituciones y funcionarios, garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinciones por color de la piel, religión, edad, género, orientación sexual, apariencia, origen geográfico, estatus económico, nivel de instrucción o ideología.
Lo que está haciendo el régimen totalitario cubano es siniestro. Una jugada sucia —aunque muy astuta— como las que acostumbra a hacer: se lava las manos como Poncio Pilato al dejar en manos de la sociedad —una sociedad estructuralmente machista y homofóbica— la decisión sobre el nuevo Código de las Familias, y de paso aprovecha para proyectar ante el mundo una imagen supuestamente democrática.
El plebiscito es un win-win para la dictadura que preside Miguel Díaz-Canel. Si gana el No, sus dirigentes afirmarán que se impuso la voluntad popular, y así intentarán quitarse de encima cualquier responsabilidad. Si gana el Sí, dirán que se trata de una conquista de la Revolución y que se avanza a pasos agigantados hacia una sociedad más justa e inclusiva.
No es prudente dar por sentado que el Código de las Familias será aprobado. Existe un riesgo lógico de que no lo sea. Al menos yo no dispongo de una bola de cristal para adivinar el futuro.
En diciembre de 2018, tras la presión social ejercida por los fundamentalistas religiosos —que no representan una mayoría en la isla, pero que a menudo logran asustar lo suficiente al poder con sus chantajes—, el artículo 68 quedó excluido del anteproyecto de Constitución. La cúpula no estuvo dispuesta a arriesgar su hegemonía por aprobar el matrimonio igualitario, aun cuando estaba al tanto de que gran parte de la ciudadanía respaldaba ese derecho.
Pocos días antes del referéndum de febrero de 2019, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) había publicado la «Encuesta Nacional Sobre Igualdad de Género en Cuba», realizada desde 2016, en la cual se informaba que el 77 por ciento de la población cubana entre 15 y 74 años consideraban que las personas homosexuales debían tener iguales derechos que las heterosexuales. Es decir, que el artículo 68 no atentaba contra la nueva Constitución. Sin embargo, el derecho a casarse de las parejas del mismo sexo quedó postergado.
¿A qué tuvo miedo el régimen para retractarse como lo hizo? A lo que más miedo ha tenido siempre: un estallido social. Que los fundamentalistas religiosos comenzaran protestando contra el matrimonio igualitario, y que entonces la ciudadanía se entusiasmara y comenzara a protestar contra el gobierno. Los fundamentalistas religiosos no son mayoría, pero no son pocos.
Si yo estuviera en Cuba, y pudiera votar, como lo hice en 2019 contra la reforma constitucional, votaría que sí. Votaría que sí porque, ubicados en esta situación, esa es la actitud más coherente con la naturalización de esos derechos. En todo caso, a mi entender, decir que los derechos humanos no se plebiscitan significa reconocer que yo no tengo derecho a decidir sobre los derechos humanos de otras personas, a decidir quiénes tienen derecho, o no, a una vida digna y segura.
El régimen, macabro como es, me está otorgando ese supuesto derecho a través del voto. Me está diciendo que tengo el poder para hacer exactamente lo que yo más he denunciado en Cuba: restringir y violar derechos humanos. Pero ese poder no es mío. No lo quiero. No me pertenece. Lo aborrezco. ¡Me espanta! De pronto yo me siento en una especie de experimento social. Lo que quiere el régimen es que todos seamos dictadores y represores en nuestra escala.
No es mi derecho abstenerme en la votación del próximo 25 de septiembre. No es mi derecho votar en contra del Código de las Familias. No es mi derecho —ni humano, ni civil, ni político— decidir sobre los derechos humanos ajenos; aunque el régimen así lo quiera, aunque se me confiera esa potestad. Si yo me abstuviera o votara en contra del Código de las Familias no estaría ejerciendo un derecho sino cometiendo una arbitrariedad.
El régimen no nos ha otorgado el derecho legítimo a elegir sino el poder —votando No, por ejemplo— de violentar, atropellar, marginar. Y hay mucha gente, incluso gente buena e inteligente, que ha caído en su trampa. Debo reconocer que quienes nos gobiernan tienen talento para la maldad.
A mi juicio, luego de varios días de debate y decenas de ataques en redes sociales, la única salida digna en este escenario tan cruel es votar que Sí. Abstenerse es lo mismo que votar que No. Abstenerse es jugar con ese riesgo mínimo, real, de que el No se imponga en las urnas, y con los derechos humanos no se juega, porque no se juega con vidas humanas.
«Si eres neutral en situaciones de injusticia significa que has elegido el lado opresor»: nunca me cansaré de utilizar esta frase de Desmond Tutu.
Abstenerse, al igual que votar que No, es decir a todas esas personas que llevan décadas luchando por el matrimonio igualitario, por ejemplo, que sus vidas pueden ponerse en pausa; que sus vidas no importan o importan menos que otras vidas; que el acceso a sus derechos palidece ante la oportunidad presuntamente gloriosa de dar una pequeña estocada al régimen que ha convocado la votación; que ese gesto político vale poner en riesgo derechos humanos para miles de personas.
Alguien que siente de corazón que los derechos humanos no se plebiscitan, que es el Estado el responsable de establecerlos directamente, debe tener la humildad, el coraje, la inteligencia, el tino y la generosidad para controlar a ese dictador vanidoso que el totalitarismo cubano nos ha colocado dentro, tan magníficamente, durante 63 años.
No es nuestro derecho. Y de esa certeza, a veces no del todo bien expresada, es de donde proviene tanto dolor, tanta rabia de la comunidad LGBTIQ y del movimiento feminista ante quienes se disponen a aprovechar ese tenebroso poder de voto para negar derechos humanos. Y, por supuesto, tienen razón en su rabia y en su dolor.
La polarización que estamos viendo entre la disidencia en estos días, y que seguiremos viendo en lo adelante, no la provocan quienes defienden sus derechos, que es defender sus vidas, sino quienes piensan que tienen derecho a postergar los derechos humanos ajenos, solo porque la dictadura les ha concedido el poder de votar —o abstenerse— el próximo 25 de septiembre.
Costará mucho sanar las heridas que se están abriendo por estos días entre organizaciones, colegas, amigas y amigos que tienen en común ese mundo difícil que es la disidencia cubana. Démosle un fuerte aplauso a la dictadura. Se lo merece. De todos los poderes que pudo haber dado a la ciudadanía ha dado el peor de todos: el poder para joder al otro. Y para colmo está consiguiendo que la gente defienda esa perversidad con una frase tan linda como: «Es mi derecho».
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