POR NORA GÁMEZ TORRES
Matanzas y Cienfuegos, dos ciudades costeras en Cuba, tienen cada una alrededor de 177,000 habitantes.
Ese es también el asombroso número de cubanos que las autoridades migratorias estadounidenses han detenido en las fronteras del país desde octubre del año pasado, un éxodo que ya tiene el tamaño de una ciudad y que no muestra signos de disminuir.
La mayoría de los 177,848 cubanos procesados por las autoridades fronterizas estadounidenses en todo el país entre octubre del año pasado y junio llegó por tierra a la frontera con Mexico. Pero aquellos que no tienen dinero ni ayuda de familiares para costear viajes que a veces atraviesan medio continente están tomando una ruta aún más arriesgada por mar.
En la isla, las protestas ahora son comunes, una realidad casi impensable hace apenas unos años. La gente está cansada de las precarias condiciones de vida, con escasez de alimentos y medicamentos y, últimamente, apagones diarios. A medida que aumenta la represión del gobierno, muchos simplemente intentan irse, de modo casi natural, a Estados Unidos, donde familiares y amigos pueden echar una mano.
En su mayor parte, el éxodo ha transcurrido fuera del foco de atención de la política de Florida. Pero la controversia siguió a los comentarios recientes de la vicegobernadora del estado, Jeanette Nuñez, una republicana cubanoamericana de Miami, quien pareció sugerir que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, favorecería el transporte de inmigrantes “ilegales”, incluidos los cubanos que cruzan la frontera, a otros estados.
Su oficina trató de retractarse de los comentarios, argumentando que ella no se refería a los inmigrantes cubanos porque estos huían de una dictadura y tenían motivos para solicitar asilo.
Pero las referencias a los inmigrantes cubanos o a muchos otros de diferentes nacionalidades que son liberados en la frontera como “ilegales” están más relacionadas al discurso político que a las leyes de inmigración. “Es un concepto erróneo”, dijo David Claros, el jefe del departamento legal del sur de la Florida del Servicio Mundial de Iglesias, que brinda representación legal de inmigración a bajo costo.
En pocas palabras, para muchos migrantes, incluidos los cubanos, la decisión final sobre su estatus legal no llega inmediatamente después de llegar a la frontera, sino que incluso podría tomar años durante los cuales están legalmente autorizados a permanecer y trabajar en el país, explicó Claros.
Los cubanos que cruzan la frontera o arriban al país por mar son considerados “inadmisibles”, un término utilizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para procesar a las personas que intentan ingresar a territorio estadounidense sin visas. Algunos son detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza porque están cruzando entre los puntos de entrada oficiales, lo cual es una infracción de la ley de inmigración.
Pero las autoridades fronterizas no suelen procesar penalmente a los cubanos por cruzar la frontera. En cambio, debido a que pasan el test de “miedo creíble”, una entrevista en la que manifiestan temor a represalias si son enviados de regreso a Cuba, por lo general son puestos en proceso de deportación y se les ordena comparecer ante un un tribunal de inmigración.
“Es posible que una persona haya ingresado o intentado ingresar no a través de un puerto de entrada, y eso es un problema, pero una vez detenida y liberada, una vez procesada y puesta en proceso de deportación, no está ilegalmente aquí”, dijo Claros. “Está aquí esperando que se escuche su caso, tiene derecho al debido proceso. Y no hay ilegalidad detrás de eso”.
Estar en un proceso de deportación no es una determinación final del estatus legal de un inmigrante, sino solo el comienzo de un largo proceso que podría llevar años. Si no han sido deportados previamente o se sabe que han cometido un delito grave, la mayoría de los migrantes cubanos son liberados en la frontera y autorizados a permanecer en el país hasta que un juez de inmigración decida su estatus legal.
Mientras tanto, tienen un año para solicitar asilo y luchar contra la deportación. Los solicitantes de asilo pueden trabajar legalmente, así como los cubanos que han obtenido un parole o permiso especial de entrada al país. Incluso después de que se hayan entregado las órdenes finales de deportación, a muchos ciudadanos cubanos se les permite trabajar y permanecer en el país porque Cuba no los acepta de vuelta.
Para la mayoría de los inmigrantes cubanos, existe un atajo hacia el estatus legal. Se llama Ley de Ajuste Cubano. La ley permite que los inmigrantes cubanos que han sido admitidos o han obtenido un parole soliciten la residencia permanente después de vivir un año y un día en Estados Unidos.
La mayoría de los cubanos también califican para recibir beneficios y servicios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Pero también hay diferencias en la forma en que los inmigrantes cubanos navegan por el sistema.
Por ejemplo, las autoridades fronterizas tienen amplia discreción para manejar cada caso. Según entrevistas con inmigrantes cubanos, abogados, trabajadores sociales y funcionarios estadounidenses, eso ha resultado en que los inmigrantes cubanos reciban diferentes tipos de documentos al ser procesados en la frontera, lo que a su vez podría resultar en diferentes caminos y, a veces, obstáculos para obtener un estatus legal.
Pero para los cubanos en la isla, los obstáculos migratorios no parecen ser un impedimento. Mundos aparte de la política de Florida, algunos de los residentes de la isla parecen tan hartos de la pobreza y la falta de libertades que trajo el comunismo que no parecen temer los peligros de un viaje por mar en balsas hechas a mano sin sistema de navegación.
Entre el viernes y el sábado, los guardacostas estadounidenses regresaron a 309 cubanos que intentaban llegar a las costas estadounidenses. Entre los repatriados hubo cuatro perros.
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