Los delegados se encuentran en las fases finales de negociación de una resolución de la Asamblea General que declara el “acceso al aborto seguro” como una política que los gobiernos deben seguir para “garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y su salud sexual y reproductiva”.
A pesar de las repetidas objeciones de los países que protegen la vida de los niños en el útero o tienen leyes de aborto restrictivas, la resolución se está considerando con el controvertido nuevo lenguaje para su adopción a finales de mes.
La resolución sería una victoria significativa para el derecho al aborto después de años de estancamiento en los debates de la ONU y daría un mandato claro a las agencias de la ONU de que el aborto debe ser promovido como un derecho humano. El lenguaje sobre el “aborto seguro” en la resolución ha sido rechazado en múltiples negociaciones de otras resoluciones durante la última década.
Forzar la inclusión de este lenguaje se convirtió en una alta prioridad para los países occidentales progresistas que respaldaron la resolución desde el principio, incluidas las principales potencias de la Unión Europea y la administración Biden. El diplomático japonés que dirigió las negociaciones insistió en que las delegaciones no podían eliminar ni agregar nada al lenguaje sobre el aborto, lo que esencialmente cerró las negociaciones. A pesar de las repetidas objeciones durante el verano, el lenguaje permaneció sin cambios en el borrador.
Los delegados se sintieron confundidos y decepcionados por esta intransigencia, e incluso cuestionaron la buena fe de las delegaciones que patrocinaron la resolución. Fuentes cercanas a las negociaciones le dijeron al Friday Fax que ni un solo párrafo de la resolución completa fue acordado por consenso antes de que se presentara el borrador esta semana, apartándose del procedimiento diplomático de larga data seguido en las negociaciones de la Asamblea General. Como resultado, quince países intentaron bloquear la resolución para que no se presentara, sin éxito.
Los delegados estaban aún más confundidos por el hecho de que la Unión Europea parecía manipular las negociaciones. Los estados miembros de la UE, que se encuentran entre los principales patrocinadores de la resolución, estaban negociando agresivamente. Este no es un protocolo normal en las negociaciones de la Asamblea General. En el curso normal de las cosas, los principales patrocinadores de una resolución no negocian la resolución. Sólo facilitan las negociaciones.
Las delegaciones no solo objetaron el lenguaje sobre el aborto en la resolución, sino que también expresaron su preocupación por el lenguaje y los términos que podrían usarse para apoyar políticas que promuevan la homosexualidad y la transgeneridad con el pretexto de abordar la violencia sexual, de la cual las mujeres son predominantemente víctimas.
El lenguaje sobre el aborto está cada vez más cerca de establecer el aborto como un derecho humano internacional, pero no llega a una declaración tan directa porque incluye la advertencia “cuando tales servicios están permitidos por ley”.
El término específico “aborto seguro” no ha sido ampliamente aceptado por los estados miembros de la ONU. Y el lenguaje que vincula el aborto con los derechos humanos ha sido aún más controvertido en las negociaciones.
Egipto, Baréin y Arabia Saudita propusieron una enmienda para eliminar el término “aborto seguro” de una resolución del Consejo de Derechos Humanos en junio. Fue apoyada por aproximadamente la mitad de los miembros votantes del Consejo.
En la Asamblea General, el término solo se ha incluido de manera controvertida en una resolución bianual sobre la violencia contra la mujer patrocinada por Francia y los Países Bajos. Ambas delegaciones son partidarias abiertas del derecho internacional al aborto.
Se entiende ampliamente que promover el acceso al aborto como un derecho humano socava el consenso de la Asamblea General, definido en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, de que el aborto es un asunto que debe decidirse en la legislación nacional sin interferencia externa, que los gobiernos deben ayudar a las mujeres a evitar el aborto y velar por el bienestar de las madres y sus hijos antes y después del nacimiento.
Los países occidentales progresistas han estado tratando de erosionar estas advertencias en la conferencia de El Cairo durante casi tres décadas a través del trabajo de las agencias de la ONU.
Las agencias de la ONU promueven rutinariamente la noción de “aborto seguro” bajo la rúbrica de “salud y derechos reproductivos”, especialmente la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de la ONU y la agencia de la ONU para la Mujer. Pero lo han hecho en gran parte por su propia iniciativa sin un mandato de la Asamblea General.
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