Deja de llamarlo un "truco político". El uso que hace el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de inmigrantes vulnerables como apoyo es repugnante y criminal.

POR JEFF WEAVER 

En los últimos meses, los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Florida han transportado inmigrantes hacia el norte, a ciudades como Nueva York, Washington y Chicago. Esto incluyó transportar en autobús a unas cien personas a la residencia del vicepresidente y dejarlas en la calle.

 

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, llevó esta despreciable práctica de utilizar a hombres, mujeres y niños vulnerables como apoyo político a un nuevo mínimo esta semana cuando pagó dos aviones llenos de migrantes venezolanos para ser enviados a Martha's Vineyard, Massachusetts. Como se ha informado , los venezolanos que DeSantis pagó por el transporte en realidad fueron reclutados por un cómplice en San Antonio, Texas, no en Florida. Según se informó, esta co-conspiradora, “Perla”, prometió a los migrantes transporte a Boston y permisos de trabajo expeditos. Todo era mentira.

 

Varias entidades de noticias han descrito a DeSantis como involucrado en un “truco”. Esa caracterización es una subestimación preocupante de la gravedad de la conducta de DeSantis.

 

La verdad es que DeSantis, aparentemente despreocupado por la inmoralidad de sus acciones, y quienes conspiraron con él parecen haber actuado de manera criminal según la ley de Texas. El Título 5, sección 20 del código penal de Texas define el delito de restricción ilegal. Según el estatuto, se restringe a una persona si su movimiento se restringe sin su consentimiento, entre otros medios, trasladándola de un lugar a otro. La restricción es sin consentimiento “si va acompañada… de engaño”. Según el estatuto, la violación es un delito menor de clase A, a menos que la persona restringida sea menor de 17 años, en cuyo caso es un delito grave. Según los informes, había niños entre los criminalmente transportados a Martha's Vineyard.

 

Eso no quiere decir que DeSantis y otros gobernadores republicanos no hayan violado una serie de otras leyes estatales o federales al transportar engañosamente a los migrantes por todo el país.

 

Algunos han pedido que Merrick Garland abra una investigación. El fiscal general de los Estados Unidos debería. Desafortunadamente, aunque describió la conducta de DeSantis como desvergonzada, la Casa Blanca se negó a comprometerse con una investigación exhaustiva sobre el secuestro de los migrantes venezolanos, la violación de sus derechos civiles y si DeSantis, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey , actuó de manera inconstitucional al interferir con la autoridad del gobierno federal para administrar la inmigración.

 

El fiscal del estado de Texas con jurisdicción también debe abrir una investigación y formar un gran jurado. El hecho de que DeSantis sea el gobernador de un estado hermano no es una defensa para infringir la ley en Texas. Y mientras lo hacen, deben investigar si el gobernador Abbott participó en algún engaño similar u otra conducta ilegal. Tampoco está por encima de la ley. Lo mismo es cierto para los abogados estatales en otros estados afectados.

 

Y dónde están los republicanos que hace poco pedían que se extendiera el estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos en Estados Unidos? El silencio hipócrita de figuras como Marco Rubio es ensordecedor.

 

Finalmente, para todos los demócratas que le tienen tanto miedo al tema de la inmigración, no se trata de si uno apoya o se opone a tal o cual política de inmigración. Al igual que la política de separación familiar de Donald Trump, este problema es mucho más profundo. Se trata de conductas inhumanas e ilegales hacia personas vulnerables que atentan contra los valores de todo ser humano digno.

 

Los progresistas le deben al país, que soportó cuatro años de anarquía bajo Trump, decir la verdad sobre Ron DeSantis , un aspirante al cargo más alto del país. Ha demostrado que, al igual que Trump, está dispuesto a quebrantar la ley para ganar poder político.

 

Lo que hizo DeSantis no es un “truco” político. Es una clara advertencia de que, como presidente, él, al igual que su predecesor republicano, vería el estado de derecho como un principio prescindible cuando lo requiera la conveniencia política. Y es un crimen. Debería ser procesado por ello.

 

FUENTE: JACOBIN