Por primera vez desde que comenzó el proceso para constatar los patrones de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en Venezuela, un documentado informe de la ONU realizado por expertos independientes concluyó que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que la cadena de mando lleva hasta el propio Nicolás Maduro.
Desde que se estableció la Misión de Verificación de los Hechos, en 2019, junto al mandato explicito que recibió la entonces alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se remarcó la necesidad de poder documentar con estándares internacionales las diversas violaciones, maltratos y atropellos que por años venían denunciando las ONG locales dentro de Venezuela.
Difundidos este 21 de septiembre los avances de su tercer informe, las piezas del rompecabezas parecen encajar. Ya no solo se identificaron a las víctimas y los patrones principales de las violaciones más graves, o los organismos responsables, sino que se apunta a quién o quiénes estaban en posición de dictar órdenes para que ocurrieran los desmanes.
"El informe ratifica lo que ya se suponía. Es difícil que órganos represivos adscritos a la Presidencia como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que son los entes con mayores señalamientos en los informes, hayan actuado sin que su cabeza, el presidente Maduro, estuviese enterado", comentó un veterano diplomático sudamericano acreditado en Caracas.
"Es un documento demoledor", comentó con estupor el dirigente empresarial Jorge Botti. Este tercer informe de la misión independiente ha tenido impacto más allá de los activistas y las organizaciones de derechos humanos.
"Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", sostuvo la portuguesa Marta Valiñas, quien encabeza esta misión de expertos, cuyo ingreso a Venezuela ha sido vetado por el régimen de Maduro.
"Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestados por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad", agregó el chileno Francisco Cox, quien también forma parte de esta misión independiente.
El informe, que será presentado en Ginebra en el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 26 de septiembre, describe patrones y modos de actuación de un sistema de persecución de disidentes con base en 122 casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. Los investigadores con víctimas, testigos y ex funcionarios de los organismos de inteligencia.
Como hemos señalado, en este informe se presentan por primera vez detalles sobre la cadena de mando para cometer las torturas, también sobre un sistema de incentivos económicos por el número de detenciones logradas y reclutamiento de los torturadores dentro de las filas de los organismos de seguridad.
Entre los responsables señalados figuran Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, pero quien estuvo al frente de los servicios de inteligencia por varios años.
Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, al ser consultado, recordó lo mencionado por Valiñas, en el sentido de que los directores tanto del SEBIN y de la DGCIM "le reportan directamente al presidente Maduro".
Para Fernández esto se inscribe en la tradicional "estructura centralizada y concentrada; tenemos una estructura del poder presidencialista".
A juicio de este experto venezolano, "estos informes, por su grado de profesionalismo y experticia, influirán definitivamente en el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI)".
El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera abriría una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el régimen de Nicolás Maduro. En corto tiempo Khan realizó dos visitas a Caracas fundamentalmente para entrevistarse con funcionarios.
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, cuanto tuvieron unas masivas y duramente reprimidas manifestaciones en el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional.
Este 21 de septiembre, en su informe, los expertos de la Misión de Verificación de los Hechos ratificaron estos delitos. En Venezuela, bajo el chavismo, tal como ocurrió durante las feroces dictaduras militares de los 70 y 80, diversos detenidos han sido llevados a centros clandestinos de detención, han sido torturados o abusados sexualmente, permanecido en condiciones degradantes o afectados psicológicamente con simulaciones de sus asesinatos.
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