Las afectaciones del embargo estadounidense son para el Gobierno y no para el pueblo cubano. El totalitarismo impide la autonomía ciudadana y la criminaliza en toda su legislación nacional: prohíbe la autonomía económica, social, cultural, jurídica y política, para que cada sanción al Gobierno cubano se convierta en una nueva justificación a su incompetencia y represión.
Los ciudadanos cubanos somos apéndices de la dictadura desde 1968, cuando se eliminaron los últimos vestigios de la propiedad privada en Cuba. Pero ya desde el 7 de febrero de 1959 el Gobierno cubano había eliminado todas las garantías alcanzadas con la Constitución de 1940, garantías que siguen suspendidas hasta hoy. Los pocos derechos y garantías que aparecen en la Constitución de 2019 continúan siendo violados por las autoridades, como lo denuncian los ciudadanos en las redes sociales y en la prensa independiente cubana.
Es conocido internacionalmente que el sistema económico cubano de planificación centralizada estatal ha impedido el desarrollo y el crecimiento económico en los últimos 63 años. Lo que presenta la economía cubana hoy no es más que el resultado de prohibir la propiedad privada, la producción y el comercio libres al margen del Estado para convertir a todos los emprendedores cubanos en apéndices del sistema. Es el bloqueo interno del Gobierno contra todos los emprendedores y ciudadanos lo que impide la seguridad alimentaria, pero también el desarrollo de todas las ramas de la economía. El 51% de la tierra fértil en Cuba no se cultiva y el Gobierno importa el 80% de los alimentos. Desde hace 30 años, Cuba presenta una crisis alimentaria.
La Ley Helms-Burton codifica el embargo para el Gobierno y el Estado, pero no afecta a los emprendedores libres. La respuesta del régimen ha sido encadenar la empresa privada a la empresa estatal “socialista” para usar a todos los residentes en Cuba como rehenes de su errática política económica.
Por esa razón, las casi 2 500 mypimes ahora permitidas siguen maniatadas al Estado parasitario que las obliga a depender y asociarse con empresas estatales, sometidas a la planificación centralizada y a las prohibiciones de exportar e importar al margen de él. Hasta septiembre de este año, en Cuba existían 39 empresas estatales para exportar e importar. El Gobierno es un parásito que roba las posibilidades de producción y comercio en Cuba, de ahí la crisis estructural y humanitaria que arrastra el país desde los años 90 del siglo pasado, cuando perdió los 4 000 millones de dólares anuales del subsidio soviético.
El canciller Bruno Rodríguez centró el informe que Cuba presentará ante la Asamblea General de la ONU en las supuestas pérdidas financieras que ocasiona el embargo estadounidense, pero estas cifras no son verificables. A pesar de la “hostilidad” del vecino del norte, el Gobierno cubano se precia de tener relaciones comerciales con 155 países.
Efectivamente, el consorcio militar GAESA creado en los años 90, que no rinde cuentas ni a la Contraloría General de la República ni al Parlamento cubano, sufrió las primeras sanciones del expresidente Donald Trump. Se vio obligado a cerrar su compañía FINCIMEX, encargada de recibir las remesas que enviaban los cubanos desde fuera; pero es necesario señalar que mientras estuvo funcionando, dicha empresa ganó miles de millones de dólares con el gravamen del 10% que mantuvo sobre el dólar, además de confiscar toda la divisa.
Estos ingresos multimillonarios no fueron invertidos en el desarrollo del país, gracias a la opacidad y discrecionalidad con que opera GAESA. No obstante, las ganancias netas del consorcio se extienden a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), donde los productos de primera necesidad tienen un gravamen del 240%. En los últimos 30 años, ¿cuánto ha ganado este consorcio militar, sin revertirlo en la industria ni en la agricultura?
Contrario a lo esperado, el Gobierno cubano apostó por el desarrollo del turismo internacional, un sector fundamental del desarrollo económico en la Isla. Tres décadas después, sin embargo, la industria turística en el país no se ha consolidado, y para su funcionamiento depende de la mayor proporción de insumos fuera de la industria hotelera.
A decir de Luis Carlos Góngora, director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del régimen de La Habana, otras empresas estatales y privadas serán a partir de ahora proveedoras del turismo para las múltiples soluciones en materia de alimentos, informática, reparación y mantenimiento de instalaciones y equipos, aseguramiento de uniformes y lencería, artículos de aseo y de limpieza; así como en la utilización de los servicios de lavandería, decoración, jardinería, etc.
Otra fuente de ingresos para la economía estatal ha sido la exportación de servicios profesionales, especialmente médicos, a 60 países. Sin embargo, los términos de contratación, salarios y condiciones de trabajo han sido condenados por la ONU y por ONG internacionales como trabajo forzoso o esclavitud moderna.
Más del 75% del salario de los médicos cubanos que cumplen misiones es confiscado por el Estado. ¿A dónde han ido a parar los miles de millones de dólares y euros recaudados por tal concepto? El sistema de salud en Cuba sigue colapsado, los hospitales desvencijados y sucios, sin medicinas, sin insumos médicos, sin ambulancias, como reportan los ciudadanos en las redes sociales.
Las supuestas pérdidas causadas por el embargo y denunciadas por el canciller Bruno Rodríguez son cifras especulativas sobre lo que habría ingresado Cuba si el régimen hubiera contado con inversiones y ventas millonarias desde EE. UU., además de acceso a créditos blandos; condiciones ideales de comercio que no ha logrado el Gobierno cubano con ningún país occidental. La cuantiosa deuda externa con el Club de París y otros países confirman la ausencia de producción y la poca exportación que puede permitirse Cuba, debido a su sistema económico obsoleto y fallido.
Si los ciudadanos cubanos pudieran contabilizar las oportunidades de progreso perdidas durante los últimos 50 años por causa de la planificación centralizada y el absoluto control estatal, las cifras podrían ser superiores a las lanzadas por el canciller Bruno Rodríguez en su presentación del informe sobre los impactos del embargo estadounidense. El reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lo corrobora: más del 72% de los cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza.
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