El juez de Sucumbíos, la región ecuatoriana de la operación militar llevada a cabo por Bogotá, decretó el viernes orden de captura y extradición contra el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Freddy Padilla, como lo hizo anteriormente con el ex ministro de Defensa y aspirante a suceder al presidente Uribe, Juan Manuel Santos.
La orden contra el militar colombiano ha significado la suspensión inmediata de los contactos iniciados por los cancilleres de Colombia y Ecuador el pasado mes de setiembre en Nueva York. Este viernes debía celebrarse una reunión entre dirigentes de ambos países en la localidad ecuatoriana de Ibarra, donde debía participar el propio Padilla.
Lógicamente, la delegación colombiana también declinó acudir a la cita fijada. El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, que se atribuye la portavocía de Colombia en asuntos internacionales, condenó la "agresión jurídica de Ecuador" y ratificó la suspensión de las reuniones: "Yo no voy a poner en riesgo a nuestros oficiales. Ni son carne de cañón ni parte del espectáculo jurídico y político", declaró.
Mucho más prudente fue el canciller, Jaime Bermúdez, quien, al igual que su colega ecuatoriano Fander Falconí, manifestó su voluntad de seguir negociando para restablecer cuanto antes las relaciones que ambos países tienen rotas desde 2008, en el que Bogotá violó la soberanía ecuatoriana al bombardear su territorio y matar a 25 personas, entre ellas Raúl Reyes y el ecuatoriano Franklin Alisia.
Pese al malestar que ha provocado en Colombia la orden judicial contra Padilla, y en cuya diana volvieron a colocar al presidente Correa, el ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, justificó la medida contra el militar colombiano aduciendo que en su país la Justicia es independiente y que "el Gobierno no influye en sus decisiones".
Según conoció este viernes Público de fuentes periodísticas ecuatorianas, las órdenes contra militares colombianos podrían extenderse en las próximas horas a otros jefes, como el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, y el jefe de la Policía, el general Óscar Naranjo.
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